La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la prórroga número 50 al régimen de excepción en todo el país, una medida que ha sido la principal herramienta del gobierno de Nayib Bukele para combatir la criminalidad asociada a las pandillas desde marzo de 2022.
Con 57 votos a favor y uno en contra, los diputados avalaron la solicitud presentada por el presidente a través del Consejo de Ministros, manteniendo suspendidas garantías constitucionales clave, por 30 días más, como el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia, en conformidad con los los artículos 12, inciso segundo; 13, inciso segundo; y 24 de la Constitución de la República.
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La extensión del régimen de excepción fue discutida en la sesión plenaria número 103, donde se expuso que esta política ha permitido la captura de más de 91,650 personas identificadas como integrantes de estructuras criminales, incluyendo líderes y miembros de diversas pandillas.
Durante el debate parlamentario, la diputada Evelyn Merlos sostuvo que la extensión de la medida tiene como propósito “seguir fortaleciendo las herramientas y mecanismos jurídicos de las instituciones de seguridad pública, la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), tal como lo establece el decreto legislativo 333 de fecha 27 de marzo de 2022”. Merlos defendió la decisión al afirmar que resulta fundamental sostener el apoyo legal a las fuerzas del orden en el actual contexto de seguridad.
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Abril se encamina a ser el mes con menos homicidios del 2026
Por su parte, el legislador Ángel Lobos aportó cifras que ilustran el impacto del régimen en la reducción de homicidios.
Según Lobos, “en 2024 se registraron 6,600 homicidios, mientras que en 2024 la cifra bajó a 104”. Además, destacó que en este 2026 en enero se registraron 27 días sin homicidios, en febrero 24 días y en marzo 23 días sin muertes violentas, mientras que abril lleva 27 días sin homicidios, “siendo uno de los meses con menos homicidios en todo el año”. Estos datos han sido utilizados por los legisladores oficialistas como principal argumento para justificar la continuidad del régimen de excepción.
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El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, enfatizó durante la sesión que “el país ya cambió”. Según el presidente del Congreso, la aprobación de la prórroga busca sostener los avances en materia de seguridad y “permitir que el régimen siga vigente para que el país no retroceda en los logros alcanzados”.
Régimen de excepción como eje de la política de seguridad
La continuidad del régimen implica la suspensión temporal de derechos constitucionales, entre ellos el derecho de defensa y el plazo máximo de detención administrativa.
La política de seguridad impulsada por el Ejecutivo fue uno de los ejes más visibles de su gestión. El mandatario ha defendido en reiteradas ocasiones la necesidad de mantener el régimen para garantizar la seguridad ciudadana.
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La nueva prórroga estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026, plazo tras el cual la Asamblea evaluará la pertinencia de nuevas extensiones, en función de las condiciones de seguridad y de la evolución de la criminalidad en el país.
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