El presidente Bernardo Arévalo confirmó que, tras la aprobación del Decreto 11-2026 por el Congreso de la República de Guatemala, se implementará un subsidio temporal para los combustibles, lo que implica una reducción de ocho quetzales (USD 1.05) en el precio por galón de diésel y cinco quetzales (USD 0.65) para la gasolina súper y regular.
Arévalo explicó que la medida se debe a la preocupación gubernamental por el aumento en el costo de los combustibles y su repercusión en la economía de numerosas familias guatemaltecas. El mandatario agradeció a Congreso de la República el voto favorable a la propuesta presentada por el Ejecutivo y subrayó que su objetivo es “llevar un apoyo directo” a los ciudadanos.
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El presidente confirmó que los usuarios observarán en los próximos días la disminución de precios en las gasolineras y que este beneficio aparecerá reflejado en las facturas de compra, con lo cual se espera aliviar los gastos de los hogares. Indicó que la decisión fue posible a partir de una “decisión difícil reordenando los recursos del Estado” y que la prioridad fue atender las “urgencias que el pueblo de Guatemala demanda”.
Antecedentes y justificación de la medida
El Congreso de la República de Guatemala aprobó la Ley de Apoyo de Emergencia para los Consumidores de Diésel y Gasolinas, estableciendo un subsidio temporal de Q2 mil millones USD 261.7 millones) destinado a aliviar el efecto de la subida de precios de los combustibles, una medida que influirá directamente en el costo final pagado por la población durante los próximos tres meses.
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La normativa contempla una reducción de Q8 por galón de diésel y Q5 por galón de gasolina regular o superior, beneficio que se aplicará a todas las facturas desde la importación hasta la venta final. Esta ayuda financiera será posible gracias a una reorientación del presupuesto estatal vigente, que implica la reasignación de Q808 millones del Presupuesto General, recortando Q200 millones al Ministerio de la Defensa Nacional, Q550 millones al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, y Q58 mil al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
La Ley será financiada parcialmente con estos ajustes, y autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas a realizar reordenamientos internos para completar el monto total fijado, hasta un margen de Q1 mil 192 millones adicionales del presupuesto fiscal, sin incrementar el techo global de recursos públicos.
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El apoyo social llegará solo a los consumidores finales
El alcance específico del subsidio recae sobre los consumidores finales de diésel y gasolinas mencionadas, siempre que los proveedores sean importadores registrados ante la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), y lo estuvieran antes de la entrada en vigencia de la norma, de acuerdo con la disposición aprobada por los diputados.
El mecanismo diseñado para trasladar el beneficio exige que la rebaja correspondiente se aplique primero al precio de venta en el terminal (Ex-rack) por parte de los importadores. Luego, este descuento se reflejará de forma obligatoria en cada factura, ya sea en la cadena de transporte, en las estaciones de servicio y finalmente en el precio ofrecido al público en las bombas. Así, cada usuario que adquiera combustible durante el periodo de vigencia legal verá reflejada la reducción estipulada.
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El cumplimiento y la transparencia estarán bajo vigilancia de varias instituciones
El Ministerio de Energía y Minas fungirá como órgano rector para reconocer y desembolsar el subsidio a los importadores, así como para asegurar que el descuento llegue efectivamente al consumidor final. El papel fiscalizador recaerá tanto en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que verificará operaciones de importadores y reportará al MEM según lo estipulado en el reglamento, como en la Contraloría General de Cuentas (CGC), que auditará el uso y destino de los recursos públicos asignados al programa.
Adicionalmente, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) será responsable de supervisar que la reducción se vea reflejada en los precios al consumidor, aplicando sanciones de 30 Unidades de Multa Ajustables (Umas) a quienes incumplan la normativa.
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La medida, aprobada con 115 votos en el Congreso, responde a la presión social por el incremento de los combustibles y a la necesidad de proteger la economía de las familias guatemaltecas en el corto plazo.
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