Lindsay Clancy, la madre acusada de matar a sus tres hijos, quedó al borde de un segundo juicio después de que un juez rechazara cerrar la causa

Un juez de Massachusetts dejó a Lindsay Clancy a las puertas de un nuevo juicio por el asesinato de sus tres hijos pequeños, ocurrido en enero de 2023. El magistrado William Sullivan rechazó el pedido de la defensa para desestimar el caso y consideró que avanzar con un nuevo proceso no vulneraría la protección constitucional contra el doble enjuiciamiento, que impide que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.

La decisión se conoció este lunes 9 de noviembre, después de que el primer proceso terminara sin un veredicto. El 4 de septiembre, Sullivan declaró nulo el juicio luego de que el jurado le comunicara que no podía alcanzar una decisión unánime debido a la posición de uno de sus integrantes. El juez convocó a una audiencia para el 16 de noviembre, en la que se analizará la fecha del segundo proceso. Sullivan mencionó marzo como una posible fecha para su realización.

El magistrado también denegó una moción de la defensa para investigar al integrante del jurado que votó en disidencia y rechazó un pedido de la fiscalía para imponer una orden de silencio mientras el caso permanezca abierto. Con esa solicitud, la fiscalía buscaba evitar una posible influencia sobre el jurado de un eventual nuevo juicio.

El caso se remonta al 24 de enero de 2023. Ese día, Clancy estranguló en el sótano de su casa, en Duxbury, un suburbio de Boston, a sus tres hijos: Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses. Después, se provocó lesiones con un cuchillo y saltó desde una ventana del segundo piso en un intento de suicidio. Sobrevivió, pero quedó paralizada.

Durante el primer juicio, la defensa no cuestionó que Clancy había matado a los niños. Sus abogados sostuvieron que atravesaba un cuadro de psicosis posparto y solicitaron que fuera declarada no culpable por razones de salud mental. En Massachusetts, esa figura jurídica se conoce como falta de responsabilidad penal y contempla que una persona no sea considerada penalmente responsable de sus actos debido a su estado mental al momento del delito.

Después de que el proceso terminara sin una decisión, algunos integrantes del jurado dijeron en entrevistas televisivas que estaban dispuestos a declarar a Clancy no culpable por esa razón, pero que un miembro del panel impedía alcanzar la unanimidad. De haberse emitido ese veredicto, la acusada habría quedado internada en un hospital psiquiátrico estatal, con revisiones judiciales periódicas para evaluar su situación.

La defensa argumentó que Sullivan había declarado nulo el juicio de manera prematura y que, antes de tomar esa decisión, debía haber buscado otra salida al desacuerdo. A partir de las notas del jurado, que señalaban que uno de sus integrantes no aplicaba correctamente el criterio legal de duda razonable pese a las instrucciones del magistrado, los abogados sostuvieron que el juez tendría que haberlo interrogado e incluso considerado su exclusión.

Los fiscales, encabezados por Timothy Cruz, fiscal de distrito del condado de Plymouth, defendieron la actuación del magistrado. Según su postura, Sullivan manejó de manera adecuada el bloqueo del jurado y cualquier intento de interrogar al integrante disidente podría haber constituido una intromisión indebida en las deliberaciones.

El historial psiquiátrico de Clancy y el debate sobre su responsabilidad penal

En los meses anteriores al asesinato, Clancy había recibido atención por ansiedad, depresión e insomnio tras el nacimiento de su tercer hijo. Consultó a una psiquiatra en septiembre de 2022, fue medicada y su entorno advirtió un deterioro de su estado emocional. A comienzos de enero de 2023 se internó voluntariamente durante varios días en el Hospital McLean, un centro de salud mental.

Ese historial fue uno de los ejes del primer proceso. La defensa sostuvo que la acusada padecía psicosis posparto, trastorno bipolar y alucinaciones, por lo que no podía comprender la gravedad de sus actos. La fiscalía, en cambio, cuestionó esa interpretación y buscó establecer que conservaba responsabilidad penal.

En Massachusetts, una condena por asesinato en primer grado implica prisión perpetua obligatoria sin posibilidad de libertad condicional.