Una jueza federal de Estados Unidos programó para el 8 de septiembre el inicio del juicio contra Alex Saab, ex ministro venezolano y empresario colombiano, acusado de lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras ilícitas y ocultamiento del origen de fondos. La decisión, adoptada por la jueza Lauren F. Louis en un tribunal federal de Miami, abre una nueva fase judicial contra uno de los aliados económicos más señalados del expresidente venezolano.
Saab, de 54 años y nacido en Colombia, es descrito por las autoridades estadounidenses como presunto testaferro de Maduro, una acusación que él ha rechazado a través de sus abogados. La jueza Louis estableció que el proceso se resolverá mediante un juicio con jurado de dos semanas de duración y aclaró en su orden que, si no puede celebrarse en la fecha prevista, será reprogramado. Antes del inicio, ambas partes deberán comparecer el 1 de septiembre en una audiencia virtual para avanzar en los preparativos.
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El calendario responde a la solicitud presentada por la defensa de Saab el 24 de julio, cuando sus abogados formalizaron ante la jueza Louis una declaración de no culpabilidad y pidieron expresamente que el caso fuera resuelto por un jurado popular. En aquella audiencia, breve y sin la presencia física del acusado, tampoco se abordó una eventual solicitud de libertad bajo fianza.
No es la primera vez que Saab enfrenta este tipo de cargos en territorio estadounidense. En 2020 fue detenido en Cabo Verde y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde permaneció bajo custodia hasta 2023. Ese año, el Gobierno de Joe Biden lo liberó como parte de un intercambio de prisioneros con Caracas, un canje que en su momento generó fuertes críticas entre sectores de la oposición venezolana y de la política exterior estadounidense. Tras su liberación, Saab regresó a Venezuela, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional, cargo que ejerció bajo el Gobierno de Maduro.
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Su nuevo paso por la justicia estadounidense se explica por la operación militar que Estados Unidos ejecutó el 3 de enero en Caracas, bautizada Resolución Absoluta, en la que fuerzas especiales capturaron a Maduro en la capital venezolana tras semanas de presión militar y económica sobre su Gobierno. El operativo, ordenado por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos sobre instalaciones militares y de defensa aérea venezolanas y culminó con el traslado de Maduro a Nueva York, donde permanece detenido enfrentando cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. Saab fue deportado a Estados Unidos poco después, en el marco de esa misma ofensiva contra la cúpula chavista, y compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense el 18 de mayo, dos días después de su llegada al país.
El proceso contra Saab avanza así en paralelo al que enfrenta el propio Maduro, cuyo juicio junto a su esposa, Cilia Flores, está previsto para junio de 2027 ante una corte federal de Nueva York. Ambos casos forman parte de una ofensiva judicial más amplia de Washington contra la red de poder construida alrededor del chavismo, que combina cargos por narcotráfico contra la cúpula política con acusaciones de lavado de activos contra sus principales operadores financieros.
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La figura de Saab ha sido durante años objeto de investigaciones en varios países por presuntas redes de corrupción vinculadas a contratos con el régimen venezolano, especialmente en programas sociales como los CLAP, el sistema de distribución de alimentos subsidiados. El desenlace del juicio de septiembre podría aportar por primera vez ante un tribunal estadounidense pruebas documentales sobre el funcionamiento de esas redes, en un momento en que Washington intenta consolidar el andamiaje legal que sostiene su ofensiva contra el chavismo tras la caída de Maduro.
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