Un grupo de 25 estados liderados por demócratas demandó este lunes a la administración de Donald Trump con el fin de bloquear la última ronda de aranceles impuesta a productos de 60 socios comerciales.
La presentación, realizada ante el Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York, sostiene que el presidente excedió la autoridad que le otorga la ley para aplicar esos gravámenes.
En la presentación judicial, los estados sostienen que la mayoría de los aranceles generalizados aprobados en forma previa también fueron impuestos sin respaldo legal.
La demanda, anunciada este lunes, fue impulsada por una coalición integrada por Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Nueva York, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
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“Tras la derrota en el Tribunal Supremo, la administración intenta una vez más aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles”, declaró la fiscal general de Nueva York, Letitia James.
La acción judicial llega después de impugnaciones previas de pequeñas empresas estadounidenses y de varios reveses legales sufridos por Trump.
Cómo son los nuevos aranceles impugnados
El 24 de julio, la administración Trump impuso nuevos aranceles del 10% y del 12,5% a 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea. La justificación oficial, según la administración, fue que esos países no hacían lo suficiente para frenar la exportación de productos fabricados con trabajo forzoso.
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Esos aranceles anunciados en julio entraron en vigor cuando expiró un gravamen global previo del 10% y afectan a más del 99% de las importaciones de Estados Unidos.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, afirmó que las cargas eran una respuesta apropiada y legal a las prácticas comerciales desleales de otros países.
“El hecho de que un país extranjero no imponga y haga cumplir eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica al comercio estadounidense, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse”, dijo Desai.
Los antecedentes judiciales de la disputa comercial
Antes de la presentación de los estados, dos pequeñas empresas estadounidenses ya habían intentado bloquear estos aranceles el mismo día en que entraron en vigor. Tanto esas compañías como varios estados habían obtenido anteriormente fallos favorables contra gravámenes globales impuestos por Trump durante su segundo mandato.
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Ese antecedente se remonta al 20 de febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la mayor parte de los aranceles generalizados impuestos por Trump. El tribunal sostuvo que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer de forma unilateral aranceles a sus socios comerciales.
Después de ese fallo, Trump calificó a los magistrados de “desleales” y emitió nuevos aranceles temporales bajo otra autoridad legal. El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos también los declaró ilegales, aunque siguieron vigentes mientras la administración apelaba.
La nueva ronda se apoya en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que otros presidentes ya habían usado.
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Los demandantes alegan que esa facultad se aplicó históricamente a países o industrias concretas, no a un esquema general como el que ahora cuestionan.
La demanda de los estados y las dos presentadas antes por pequeñas empresas sostienen que la referencia al trabajo forzoso sirvió como pretexto para reimponer aranceles que los tribunales ya habían declarado ilegales.
Los demandantes sostienen que un impuesto general sobre las importaciones no ayudaría a resolver los problemas reales del trabajo forzoso en el mundo.
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