Algunos cambios en el proceso para solicitar la Green Card afectarían a miles de residentes en Estados Unidos: todo lo que hay que tener en cuenta

El organismo migratorio estadounidense determinó que quienes busquen la Green Card deberán gestionar la solicitud en su país de origen, restringiendo la posibilidad de regularizar situación migratoria dentro del territorio nacional

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USCIS impone nuevo requisito para solicitar la Green Card, obligando la mayoría de trámites desde el extranjero y no en Estados Unidos

La administración del presidente Donald Trump sorprendió el viernes al anunciar un cambio radical en el proceso para solicitar la Green Card en Estados Unidos, alterando una política que llevaba años vigente y generando incertidumbre entre inmigrantes, abogados y organizaciones de ayuda. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comunicó que, a partir de ahora, la mayoría de los inmigrantes que deseen obtener la tarjeta de residencia permanente deberán abandonar el país y presentar su solicitud en la embajada o consulado estadounidense de su nación de origen. Según el memorando publicado por USCIS, el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos quedará restringido a circunstancias extraordinarias, limitando una vía que hasta ahora era comúnmente utilizada.

El anuncio generó una ola de confusión y preocupación entre los diferentes sectores involucrados en temas migratorios. Organizaciones defensoras de inmigrantes y expertos legales advirtieron sobre el alcance potencialmente masivo de la medida, la cual afecta tanto a quienes ya iniciaron su proceso de ajuste de estatus dentro del territorio estadounidense como a quienes tenían previsto comenzarlo próximamente. El cambio impacta a individuos que ingresaron al país bajo diferentes categorías, incluyendo quienes lo hicieron con parole humanitario o con visas temporales, como las de turismo, estudio o trabajo.

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La abogada de inmigración Alma Rosa Nieto explicó que la nueva política alcanza a personas en trámites de residencia permanente pendientes de entrevista y a quienes pretenden solicitar la Green Card por primera vez. Nieto detalló que la medida no solo afecta a inmigrantes recientes, sino también a quienes han vivido en Estados Unidos por años bajo un estatus temporal. Según sus palabras, el memorando representa un giro en la interpretación de la ley migratoria, dificultando la regularización de quienes ya están en el país y forzando a muchos a regresar a sus países de origen para realizar el trámite.

El cambio de política migratoria restringe el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos solo a circunstancias extraordinarias, generando incertidumbre entre los inmigrantes
El cambio de política migratoria restringe el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos solo a circunstancias extraordinarias, generando incertidumbre entre los inmigrantes

El memorando de USCIS instruye a los oficiales migratorios a evaluar cada caso de manera individual, determinando si el extranjero merece acceder al ajuste de estatus dentro de Estados Unidos. En la práctica, esto significa que el trámite en suelo estadounidense será la excepción y no la regla. USCIS justificó la medida declarando que “el sistema está diseñado para que los no inmigrantes abandonen el país al finalizar su propósito específico”, y sostuvo que las visitas temporales “no deben funcionar como el primer paso para obtener una Green Card”.

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En este nuevo escenario, quienes deseen solicitar la residencia permanente deberán afrontar requisitos adicionales y demostrar vínculos sólidos con la vida en Estados Unidos. La abogada Nieto subrayó que ahora será indispensable probar arraigo en el país, buena conducta, respeto a las leyes migratorias y ausencia de antecedentes criminales. Entre los factores que podrían favorecer la aprobación del trámite dentro de Estados Unidos se encuentran tener hijos nacidos en el país, padres con problemas médicos graves, estar legalmente establecido o incluso padecer problemas médicos el propio solicitante. No obstante, la tendencia de la autoridad migratoria es insistir en que la mayoría de los trámites se realicen fuera del país, dejando el ajuste de estatus para situaciones excepcionales.

Para quienes acudan a su entrevista de Green Card dentro de Estados Unidos y reciban una negativa, aún queda la posibilidad de apelar la decisión. Según Nieto, la negativa puede convertirse en un “trampolín” hacia un proceso judicial ante un juez de inmigración, abriéndose una vía legal para defender el caso en una corte de deportación. Aun así, el proceso de apelación implica riesgos y tiempos de espera prolongados, lo que añade incertidumbre a las familias afectadas.

Primer plano de una mano con un anillo sobre un documento blanco que muestra el sello del Departamento de Seguridad Nacional y las palabras USCIS
Organizaciones y abogados advierten que cientos de miles de casos migratorios sufren ahora mayor riesgo y plazos extendidos con el nuevo memorándum de USCIS (REUTERS)

El impacto de la nueva política se prevé amplio y profundo. Expertos y organizaciones advierten que cientos de miles de casos migratorios podrían verse afectados por el memorándum, tanto en los procesos ya en marcha como en los que están por iniciarse. El cambio no solo podría ampliar los plazos de espera para la resolución de solicitudes de residencia permanente, sino también aumentar la carga administrativa sobre las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero. Esto generaría demoras adicionales y profundizaría la incertidumbre entre quienes buscan regularizar su estatus migratorio o reunificarse con sus familias.

Límites del alcance del memorándum y rol del Congreso

A pesar del alcance del memorándum de USCIS, existen límites legales a su implementación. César Espinoza, director ejecutivo de la organización FIEL, recordó que solo el Congreso tiene la potestad de modificar el código de inmigración, por lo que los memorandos administrativos no pueden alterar la ley de fondo. Esto significa que la medida impulsada por la administración Trump se enmarca en las facultades regulatorias del ejecutivo, pero no sustituye ni modifica la legislación aprobada por el Congreso. Por ello, cualquier cambio estructural en la política migratoria deberá pasar necesariamente por el debate y la aprobación legislativa.

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