La Corte Suprema de EEUU autorizó demandas por los activos norteamericanos confiscados por Cuba en 1960

La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la empresa estadounidense Havana Docks Corporation, cuyo muelle en Cuba fue confiscado cuando Fidel Castro nacionalizó propiedades privadas tras tomar el poder.

La decisión, con una votación de 8 a 1, podría facilitar demandas similares por parte de otras empresas e individuos estadounidenses cuyas propiedades fueron expropiadas tras la revolución cubana, indicó The New York Times.

El caso surgió mientras el gobierno de Donald Trump intensifica la presión sobre el régimen cubano, en un contexto de crisis humanitaria en la isla tras el bloqueo de envíos de petróleo desde Venezuela y México. La administración Trump apoyó a Havana Docks Corporation en su demanda contra grandes líneas de cruceros que utilizaron los muelles confiscados. El gobierno consideró que este tipo de demandas, autorizadas por el Congreso en la década de 1990, constituyen una herramienta de política exterior para desalentar inversiones en Cuba.

El juez Clarence Thomas, autor del fallo mayoritario, señaló que quienes utilicen propiedades afectadas por confiscaciones pasadas son responsables ante cualquier ciudadano estadounidense con un reclamo sobre esos bienes. Según la Corte, Havana Docks únicamente debía demostrar que las líneas de cruceros usaron la propiedad confiscada sobre la cual la empresa tenía un derecho reconocido.

La jueza Elena Kagan, en disidencia, argumentó que los muelles pertenecían al gobierno cubano y que el interés de la empresa en la propiedad expiró antes de que las líneas de cruceros los usaran.

El impacto de la decisión sobre otras demandas similares aún no está claro. La Corte Suprema no ha resuelto un segundo caso relacionado con los activos de Exxon Mobil confiscados en la isla.

Antes de la revolución cubana, empresas estadounidenses controlaban gran parte de la infraestructura eléctrica, el sistema telefónico, la minería, los ingenios azucareros, refinerías y almacenes en Cuba.

Tras la llegada al poder de Castro, estos activos fueron transferidos a empresas estatales. Miles de inversionistas estadounidenses presentaron reclamos ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, que en 1971 certificó el derecho de Havana Docks Corporation a una compensación de 9,1 millones de dólares, equivalente a casi 100 millones ajustados por inflación. En total, la comisión certificó 1.900 millones de dólares en reclamos, que hoy equivalen a cerca de 9.300 millones, según el U.S.-Cuba Trade and Economic Council.

En 1996, el Congreso de EEUU endureció el embargo comercial tras el derribo de dos aviones de la organización Hermanos al Rescate por parte de cazas cubanos, lo que provocó la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente. Se promulgó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (Helms-Burton), que estableció que la resolución de estos reclamos era una condición clave para restablecer relaciones económicas y diplomáticas con Cuba.

La ley permite que ciudadanos estadounidenses demanden en tribunales federales a quienes “trafiquen” o usen activos expropiados por el régimen cubano, aunque otorgó a los presidentes la potestad de suspender esta disposición, lo que hicieron sucesivos mandatarios hasta que Donald Trump autorizó su aplicación en 2019.

Este cambio permitió que Havana Docks demandara a las líneas de cruceros por usar los muelles y transportar a casi un millón de personas a La Habana. La compañía había construido y operado las instalaciones portuarias bajo un contrato de 99 años con el gobierno cubano anterior a Castro, que les permitía operar hasta al menos 2004. Cuando el régimen comunista confiscó los muelles, aún restaban 44 años de vigencia del acuerdo.

La industria de cruceros argumentó que actuó legalmente al colaborar con el régimen cubano y utilizar los muelles, siguiendo la apertura promovida por la administración Obama en 2016.

En 2022, un juez federal en Florida falló en contra de las líneas de cruceros y ordenó el pago de al menos 110 millones de dólares a cada una. Sin embargo, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito revirtió esa decisión, señalando que los derechos de la empresa sobre la propiedad y su operación habrían expirado en 2004 bajo el acuerdo original.