Estados Unidos exigirá a los titulares de visas salir del país para aplicar a la residencia permanente

La administración de Donald Trump ordenó que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente que hoy viven en Estados Unidos con visas temporales o permiso humanitario salgan del país para completar el trámite en el exterior, un giro que elevó el estándar del ajuste de estatus y anticipó impugnaciones judiciales.

La decisión quedó formalizada en un memorando de seis páginas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), dependiente del Departamento de Seguridad Nacional. Según esa guía, las solicitudes de ajuste de estatus presentadas dentro de Estados Unidos deben tratarse como un beneficio “extraordinario” y solo aprobarse en circunstancias excepcionales y caso por caso.

En un comunicado oficial del USCIS, su portavoz Zach Kahler afirmó que la medida buscó retomar “el propósito original de la ley”. “De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en Estados Unidos y desee obtener la residencia permanente deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, sostuvo.

El cambio se incorporó en un sistema que autoriza más de un millón de tarjetas de residencia por año y en el que más de la mitad se otorgan a personas que ya viven en Estados Unidos, según datos federales citados por ABC News.

Para David Bier, director de estudios de inmigración del Instituto Cato, el ajuste de estatus dentro del país fue parte normal de la legislación migratoria durante más de 70 años.

Qué redefine la directiva sobre el ajuste de estatus

La política apunta a que los no inmigrantes —estudiantes, trabajadores temporales o visitantes— no utilicen una estadía temporal como primer paso hacia la residencia permanente. Kahler sostuvo en el comunicado que el sistema “está diseñado para que se vayan cuando termine su visita” y que esa visita no debería ser “el primer paso” en el proceso de la tarjeta de residencia.

La justificación oficial incluyó un argumento operativo y otro de asignación de recursos. El USCIS señaló que tramitar más casos mediante consulados del Departamento de Estado reduciría la necesidad de localizar y expulsar a quienes permanezcan en el país después de una negativa migratoria.

También sostuvo que esa reorientación permitiría dedicar capacidad de la agencia a otros expedientes, como visas para víctimas de delitos violentos y trata de personas, solicitudes de naturalización y otras prioridades.

El director del USCIS, Joseph Edlow, dejó abierta la posibilidad de excepciones para personas con visas de “doble intención”, que permiten buscar la residencia permanente mientras se mantiene una estadía temporal. También mencionó excepciones para quienes ya poseen visas de inmigrante.

Aun así, Edlow puntualizó que, “en términos generales”, la aprobación discrecional de un ajuste de estatus presentado dentro del país debe considerarse “extraordinaria”.

Como marco del volumen anual de residencias por cupos, el Departamento de Estado informó en su Boletín de Visas de mayo de 2026 que el límite del año fiscal 2026 para inmigrantes de preferencia por reunificación familiar es 226.000 y que el nivel mundial anual para inmigrantes de preferencia por empleo es de 140.000 como mínimo.

Qué dicen abogados y analistas sobre el impacto y la legalidad

Abogados de inmigración consultados por ABC News advirtieron que la política podría alcanzar a cientos de miles de personas con visas de trabajo temporales que buscan la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos.

Elizabeth Goss, abogada de inmigración y miembro de la junta directiva de Immigrants’ List, afirmó que “esto va a afectar a miles y miles de personas” y que alcanzará a médicos, profesores, investigadores y directores ejecutivos.

Rosanna Berardi, abogada de inmigración en Nueva York, señaló que la directiva afectaría a cualquier ciudadano extranjero con una solicitud pendiente presentada dentro del país, incluidos trabajadores legales y personas con permiso humanitario.

También advirtió que afganos que ayudaron a fuerzas estadounidenses y ucranianos que huyen de la guerra enfrentarían un obstáculo particular, porque el memorando considera adverso que hayan pedido la residencia permanente dentro de Estados Unidos pese a haber sido admitidos de forma temporal.

Todd Pomerleau, abogado de inmigración, sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite a quienes fueron inspeccionados y admitidos legalmente ajustar su estatus sin salir del país. “No se puede, con un simple trazo de pluma, anular una ley”, afirmó. “Creo que es ilegal y que los tribunales lo desestimarán muy pronto”.

Shev Dalal-Dheini, directora gubernamental sénior de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, explicó a ABC News que el Congreso diseñó el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para evitar la separación de familias y permitir que las empresas retuvieran empleados durante los retrasos en la tramitación de visas.

Según su argumento, desde la década de 1950 el Congreso autorizó de forma específica que no inmigrantes ajustaran su estatus en el país y luego amplió de manera gradual las categorías elegibles.

Dalal-Dheini afirmó que el marco legal “está bastante bien establecido y lleva vigente muchas décadas”. También cuestionó la rapidez del cambio: “Se trata de personas que llegaron aquí legalmente o fueron admitidas legalmente... y ahora, de la noche a la mañana, sin previo aviso, mediante un memorando de política, lo están alterando todo”.

Bier sostuvo que la directiva fue el acto más importante hasta ahora en la reestructuración de la migración legal impulsada por la administración Trump. Según su análisis de datos federales, el gobierno redujo la admisión de refugiados, solicitantes de asilo, residentes permanentes legales, estudiantes y cónyuges extranjeros de ciudadanos estadounidenses.

El analista añadió que extranjeros que ya están en Estados Unidos y proceden de países alcanzados por prohibiciones de viaje o por suspensiones de visas de inmigrante podrían quedar, en la práctica, impedidos de regresar con una tarjeta de residencia una vez que salgan del país para completar el trámite.

Sobre el criterio, Bier afirmó: “Es como si alguien de la década de 1940 en Estados Unidos se hubiera hecho cargo del sistema de inmigración”.

Los críticos de la medida sostienen que muchos de los potencialmente afectados tienen cónyuges o hijos con ciudadanía estadounidense, pagan impuestos y cubren escasez de mano de obra.

También advirtieron que, si deben salir del país, podrían enfrentar demoras consulares y costos adicionales, con riesgos humanitarios para quienes dependen de permisos temporales.

El texto citado por ABC News indicó que no estaba claro si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas comenzará a deportar a solicitantes de residencia permanente. También señaló que se esperaban impugnaciones judiciales y que, por el momento, no se conocían todos los detalles sobre las categorías específicas de visas alcanzadas por la nueva política.