La mayoría de los estadounidenses rechaza la posibilidad de eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento, un principio constitucional que otorga la nacionalidad a quienes nacen en el país, en un contexto en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se prepara para emitir sentencias clave que podrían redefinir la inmigración, los derechos de las personas transgénero y la normativa electoral.
Según una encuesta nacional del portal de noticias británico Reuters y la firma de opinión pública Ipsos, realizada entre el 15 y el 20 de abril a 4.557 adultos, el 64% de los consultados se opone a suprimir este derecho, mientras que el 32% apoya su eliminación, una medida impulsada por el expresidente Donald Trump en enero de 2025.
El estudio revela una profunda división partidista sobre la ciudadanía por nacimiento: solo el 9% de los demócratas apoya la derogación, frente al 62% de los republicanos que la respaldan. Según Reuters/Ipsos, el 36% de los republicanos opta por mantener la ciudadanía automática.
Esta polarización se da mientras la orden ejecutiva promovida por Trump, que busca restringir el acceso a la nacionalidad, enfrenta procesos judiciales. El Tribunal Supremo, con mayoría conservadora de seis jueces frente a tres liberales, podría pronunciarse a finales de junio en un caso considerado crucial para los derechos civiles y la política migratoria.
Durante la audiencia oral del 1 de abril, los magistrados expresaron escepticismo ante los argumentos de la defensa de Trump.
La ciudadanía por derecho de nacimiento, establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, garantiza que toda persona nacida en suelo estadounidense sea reconocida como ciudadana.
El intento de modificar este principio fundamental ha generado un debate nacional sobre el alcance de los derechos constitucionales y la identidad del país. Aunque el respaldo a mantener esta garantía atraviesa las líneas partidistas, los republicanos aparecen divididos y los demócratas son mayoritariamente contrarios a su eliminación.
Debate en el Tribunal Supremo sobre derechos transgénero y participación deportiva
En paralelo, el Tribunal Supremo evalúa leyes estatales que restringen la participación de niñas y mujeres transgénero en deportes escolares y universitarios. Estas iniciativas, impulsadas por los estados de Idaho y Virginia Occidental, han llegado a la Corte tras disputas legales sobre la equidad en la competencia.
Según la encuesta de Reuters/Ipsos, un 67% de los estadounidenses respalda la prohibición de que atletas transgénero compitan en categorías femeninas. La diferencia partidista marca el debate: el 92% de los republicanos está a favor de la restricción, frente al 44% de los demócratas.
La discusión se centra en la protección de la igualdad de oportunidades en el deporte femenino y el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero.
Organizaciones deportivas, asociaciones educativas y grupos de derechos civiles han presentado argumentos ante la Corte, que deberá decidir si estas leyes estatales infringen la protección federal contra la discriminación por razón de género, establecida en la legislación nacional.
El desafío del voto por correo y la validez de los sufragios tardíos
Otra cuestión relevante ante el Tribunal Supremo es la validez de los votos enviados por correo que llegan después del día electoral, siempre que lleven matasellos correspondiente. El 65% de los encuestados considera que esas papeletas deben ser contabilizadas.
Entre los demócratas, el apoyo asciende al 85%, mientras que el 51% de los republicanos está de acuerdo, según Reuters/Ipsos.
El recuento de votos por correo se volvió central tras las elecciones de 2020, cuando el aumento del voto no presencial provocó demoras y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
La Corte deberá definir los límites legales sobre los plazos de recepción y el valor de los matasellos, con una resolución que podría impactar en futuros comicios presidenciales.
Representación racial y rediseño de distritos electorales
La reorganización de los distritos electorales en la Cámara de Representantes de Luisiana representa otro caso central en la agenda del Tribunal Supremo. El debate gira en torno a la legalidad de un mapa que eleva de uno a dos los distritos de mayoría negra para ampliar la representación de votantes afroamericanos.
Un grupo de votantes blancos ha demandado la anulación del diseño, alegando que se basó excesivamente en criterios raciales.
Según la encuesta, el 75% de los estadounidenses considera que la raza no debe ser un factor determinante al trazar circunscripciones. Sin embargo, cerca del 50% opina que las comunidades con características compartidas —incluida la racial— deben estar representadas en un mismo distrito.
Entre los afroamericanos, el 65% rechaza el uso exclusivo del criterio racial, aunque seis de cada diez valoran la representación de agrupaciones con atributos similares.
Las decisiones de la Corte sobre este tema incidirán en la composición del Congreso y en la capacidad de las minorías para acceder a cargos electivos, en medio de un debate nacional sobre equidad y representatividad democrática.
Polarización, confianza y futuro del Tribunal Supremo
Las opiniones sobre el propio Tribunal Supremo muestran una polarización creciente. En marzo de 2024, el 70% de los republicanos tenía una opinión favorable del tribunal, frente al 27% de los demócratas.
En diciembre de 2021, antes de la revocación del derecho al aborto en 2022, el 66% de los republicanos y el 55% de los demócratas simpatizaban con la Corte, aunque la brecha se amplió tras los recientes fallos.
La integración actual del máximo tribunal incluye a tres jueces nombrados por Donald Trump durante su primer mandato, consolidando una mayoría conservadora que ha emitido sentencias para ampliar el derecho a portar armas, rechazar la admisión universitaria por criterios raciales y limitar el alcance regulatorio de las agencias federales.
La encuesta de Reuters/Ipsos, realizada por internet y con un margen de error de dos puntos porcentuales, aporta datos clave para el debate público sobre el futuro de los derechos civiles, la normativa electoral y la agenda social en Estados Unidos.
Las sentencias que el Tribunal Supremo emita en los próximos meses definirán el alcance de los derechos constitucionales y marcarán la relación entre las instituciones y la ciudadanía en la mayor democracia occidental.
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