Manos nicaragüenses que siembran esperanza: la perseverancia migrante en los campos de Costa Rica

El sonido de los machetes al abrir surcos y el olor a tierra húmeda acompañan cada amanecer de quienes integran la cooperativa Tierra Prometida en Guanacaste, Costa Rica. Desde hace casi veinte años, este grupo de nicaragüenses y costarricenses cultiva bajo el peso de la incertidumbre, arrendando parcelas cada seis meses y soñando con la estabilidad que solo brinda un pedazo de tierra propio.

La escena se repite campaña tras campaña, según relató Diario confidencial 30: unas manos marcan hileras para el maíz, otras entierran semillas de frijoles, yuca, ñame y quequisque. No hay grandes tractores ni maquinaria costosa, solo el esfuerzo compartido y la organización de 25 familias que, lejos de optar por el trabajo doméstico o la construcción, han decidido sostener la identidad agrícola recibida de sus padres, incluso lejos de su Nicaragua natal.

Cada cosecha es una victoria frente a las adversidades. El alquiler de los terrenos, la compra de semillas y de insumos como herbicidas y fertilizantes, y la negociación de contratos que se renuevan cada seis meses forman parte de una rutina marcada por el temor a perderlo todo en cualquier momento. Pero también por el orgullo de trabajar la tierra y ver cómo los cultivos resisten lluvias y tormentas que, en cuestión de horas, pueden borrar meses de trabajo.

Mujeres que siembran futuro

En el corazón de esta historia están mujeres como Martha Elena Somarriba, presidenta de la cooperativa. Su relato es el de quien cruzó la frontera en 1994, desde Tisma, Nicaragua, junto a sus hijos, buscando algo más que un refugio: una posibilidad real de echar raíces. “Yo ahí estoy, siempre dándoles ánimo. Ya llevamos tantos años, pero ya nos falta poco para ver la luz”, afirma Somarriba, que reparte su tiempo entre el campo y un pequeño negocio de comida, y se ha convertido en la voz que alienta a no bajar los brazos, según compartió en diálogo con Diario confidencial 30.

A su lado, María Esther Garzón aprendió de niña los secretos de la siembra en Costa Rica. Su vínculo con el campo es inquebrantable: “A mí me dicen que salga de esto. Les digo no, es que yo amo hacer, es mi trabajo”. Garzón vive a pocos metros de los lotes alquilados y no ha dejado de sembrar, incluso en los años más duros, cuando la tierra parece exigir un sacrificio extra.

La emoción de ver brotar los cultivos la describe Yamileth Obando con palabras sencillas: “Se siente una emoción, una alegría ver los cultivos como vienen para arriba”. Solo quien ha esperado la cosecha tras semanas de incertidumbre comprende ese orgullo silencioso.

Campesinos migrantes y la esperanza de la tierra propia

La lucha de Tierra Prometida no es aislada. A lo largo de la frontera norte, en lugares como La Cruz, Upala y Los Chiles, muchas familias migrantes encuentran en la agricultura la única salida posible. Pero el sueño de tener una parcela propia se enfrenta, año tras año, a contratos temporales y a la amenaza de tormentas capaces de arrasar con todo en una noche, como ha documentado Diario confidencial 30.

La diferencia está en la forma de resistir. Desde 2006, la cooperativa ha buscado ante el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) su inclusión en planes que les permitan comprar la tierra que trabajan. Su propuesta ha sido clara: pagar por las parcelas, no recibirlas como dádiva, y construir así una base sólida para sus familias. La respuesta sigue pendiente, y la espera se hace larga.

Mientras tanto, la vida diaria se organiza en comunidad: el conocimiento del campo pasa de madres a hijos, el trabajo se reparte y la esperanza se multiplica a la sombra de los cultivos que brotan. No hay certezas, pero sí la convicción de que la dignidad y el sentido de pertenencia se defienden cada día con esfuerzo y unidad.

La historia de Tierra Prometida es la de quienes no están dispuestos a renunciar a la tierra, aunque aún no tengan un título que los respalde. Es la crónica de una comunidad que resiste y pelea por un futuro donde la siembra no dependa de un contrato que vence cada seis meses, sino del derecho a llamar propia a la tierra que cultivan con sus manos.