La decisión del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de compartir información con autoridades migratorias provocó que millones de trabajadores indocumentados reconsideren si deben presentar su declaración este año, lo que pone en riesgo hasta USD 300.000 millones en ingresos fiscales durante la próxima década.
Esta medida marca un giro en la política de confidencialidad fiscal y altera la relación entre las comunidades migrantes y el sistema tributario estadounidense, según informó The New York Times.
El cambio de protocolo del IRS, que expuso datos de cerca de 47.000 personas antes de ser detenido por orden judicial, tuvo un impacto inmediato y cuantificable: este año, solo el 10% de los usuarios de la clínica fiscal gratuita del Koreatown Youth and Community Center en Los Ángeles correspondió a titulares de ITIN, cuando en años anteriores ese porcentaje era de aproximadamente un tercio, señaló Audrey Casillas, directora del centro.
Asimismo, el propio Yale Budget Lab estima que un descenso sostenido en la presentación de declaraciones por inmigrantes indocumentados ―muchos de los cuales ya tienen retenciones en sus nóminas― podría desembocar en una pérdida millonarias para el Tesoro.
Unas 14 millones de personas sin autorización legal residían en Estados Unidos en 2023, y el 70% formaba parte de la fuerza laboral, de acuerdo con el Pew Research Center. Muchos de estos trabajadores, como expuso The New York Times, utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) para cumplir con sus obligaciones fiscales, una práctica alentada por el propio IRS desde 1996. Desde entonces, se emitieron 31 millones de estos números; en octubre de 2025, unos 5 millones se consideraban activos.
Temor a la deportación pesa más que la obligación fiscal
El acuerdo entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue impulsado a raíz de la intensificación de la política migratoria tras el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025.
La presión de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desencadenó la entrega parcial de datos antes de la intervención de los tribunales, según detalló el diario estadounidense. El propósito: permitir la localización y deportación de mayor cantidad de inmigrantes.
De esta manera, la sensación de inseguridad se extiende a organizaciones sociales que orientan a la comunidad inmigrante. Ben D’Avanzo, estratega senior en el National Immigration Law Center, manifestó: “Nunca habíamos recibido tantas preguntas ni había habido tanta preocupación ni confusión”.
Casos como el de la familia Quebedo, originaria de Centroamérica, ilustra el dilema. Tras más de una década de cumplimiento fiscal, Evelin Quebedo dudaba este año en presentar la declaración. Al final, tras mucha deliberación, completaron el trámite y obtuvieron un reembolso de menos de USD 200, una suma simbólica dentro de un proceso marcado por el miedo.
Impacto económico y legal: menos declaraciones, menos ingresos
Antes del acuerdo con el DHS, el IRS estimaba que los inmigrantes indocumentados contribuían cerca de USD 60.000 millones por año en impuestos federales, una cifra corroborada por el Institute on Taxation and Economic Policy.
Muchas de estas sumas financiaban programas como la Seguridad Social o Medicare, a los que estos trabajadores no tienen acceso. En 2022, según datos del IRS citados por The New York Times, 3,8 millones de declaraciones incluyeron al menos un ITIN y representaron USD 17.000 millones en impuestos federales.
El deterioro de la confianza ha generado un descenso tanto en las consultas a centros de ayuda fiscal como en el número de declaraciones efectivamente presentadas. Brian Pastori, subdirector de Community Economic Development Center of Southeastern Massachusetts, detectó la caída desde el año pasado, y comentó que “no se recuperaron”.
Al rechazar compartir información con otros organismos, el excomisionado del IRS John Koskinen recalcó a The New York Times: “Nuestra tarea era recaudar impuestos, no aplicar leyes migratorias. Si los inmigrantes pensaban que sus datos se compartirían, dejarían de presentar sus declaraciones”.
Presentación de impuestos: un trámite que pocos perciben como elección
A nivel general, el Departamento del Tesoro calcula que 169 millones de estadounidenses presentan declaración de impuestos cada año, empleando en promedio más de 12 horas y media en el proceso.
El tiempo invertido colectivamente supera los 2.100 millones de horas anuales, lo que podría traducirse en un valor alternativo de USD 94 mil millones, según los cálculos del Tesoro publicados por The New York Times.
El efecto sobre la vida cotidiana de los usuarios legales también se hace sentir: mientras algunos con mayores ingresos han recibido reembolsos “inesperados y bienvenidos”, según expresaron los trabajadores con menores ingresos, hubieron desilusiones por la escasa devolución.
La crisis de confianza entre los inmigrantes indocumentados, agravada por la exposición de datos fiscales al DHS, amenaza con erosionar de forma significativa la base recaudatoria de Estados Unidos y destaca el conflicto no resuelto entre las políticas tributaria y migratoria.
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