Cerca de 406.000 votos enviados por correo en California podrían quedar excluidos del conteo en futuras elecciones federales si la Corte Suprema de Estados Unidos respalda la postura de los sectores conservadores que exigen una interpretación más estricta de la ley electoral federal.
La discusión, que este lunes llegó al máximo tribunal, plantea la posibilidad de que los votantes en catorce estados, incluido California, deban remitir sus papeletas con varios días de antelación para asegurar que sean incluidas en el escrutinio oficial.
En los comicios más recientes, aproximadamente 2,5% de los votos en California fueron enviados por correo y recibidos tras la jornada electoral, según datos oficiales.
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La legislación vigente en el estado permite contar cualquier boleta enviada por correo que llegue hasta siete días después de la elección, siempre que haya sido emitida antes del cierre de la jornada, conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Estado de California.
El debate se centra en la interpretación de la expresión “día de la elección”, establecida por el Congreso en el siglo XIX. Los abogados del Partido Republicano sostienen que solo los sufragios recibidos por las autoridades antes del cierre de esa jornada deben considerarse válidos, lo que dejaría fuera los votos remitidos a tiempo pero con llegada posterior.
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La Constitución de Estados Unidos delega en los estados la organización de los comicios federales, incluyendo los plazos y métodos para recibir y contabilizar los votos.
Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema podría obligar a millones de electores a enviar sus boletas mucho antes del día de la elección, para evitar que sus votos sean descalificados por llegar tarde, aunque hayan sido emitidos dentro del plazo establecido por la ley estatal.
Fallo podría redefinir el voto por correo en varios estados
Además de California, trece estados —entre ellos Washington, Oregón, Nevada y Alaska— mantienen normativas similares que permiten contabilizar boletas postales emitidas antes o durante la elección, aunque lleguen días después.
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El Partido Republicano, invocando riesgos de fraude electoral, llevó la disputa desde Misisipi hasta la Corte Suprema. En Misisipi, la ley permite computar votos recibidos hasta cinco días después de la jornada electoral.
Una corte de distrito rechazó la demanda, pero un panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito —integrado por tres jueces designados por Donald Trump— falló a favor de exigir la recepción de los votos antes del cierre de la elección.
El caso, identificado como Watson vs. Republican National Committee, podría sentar un precedente que modifique las reglas vigentes en varios estados del oeste.
Perspectivas y debate sobre la legalidad del proceso
Durante la audiencia, los seis jueces conservadores del tribunal manifestaron su inclinación hacia la interpretación defendida por los republicanos.
El juez Samuel A. Alito Jr. advirtió sobre la posibilidad de que “un gran número de boletas” recibidas fuera de plazo pueda “cambiar el resultado” de la elección.
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Quienes rechazan la restricción argumentan que la práctica de aceptar votos por correo tras el día electoral tiene más de un siglo de vigencia.
Sostienen que la fecha de la elección debe ser el plazo para enviar —no para recibir—, en línea con la declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos.
Expertos en derecho electoral y representantes demócratas señalan que muchas jurisdicciones han permitido el voto postal para garantizar la participación de personas que no pueden acudir en persona, incluidos los militares en el extranjero.
Efectos en el escrutinio y la percepción pública
Aunque la extensión del conteo de votos en California ha generado críticas en ocasiones previas, este aspecto no fue central en el litigio.
El debate actual se focaliza en la validez de los sufragios enviados a tiempo pero recibidos después del martes electoral.
El desenlace del caso podría modificar los procedimientos de escrutinio en buena parte de la costa oeste y afectar el acceso de millones de votantes al ejercicio pleno de sus derechos en elecciones federales futuras.
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