Estados Unidos trasladó USD 100 millones en oro desde Venezuela destinados a inversiones industriales

Estados Unidos trasladó recientemente 100 millones de dólares en oro desde Venezuela, fondos que serán destinados a inversiones industriales, según informó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum.

Durante el foro energético CERAWeek en Texas, Burgum—quien visitó a principios de mes Venezuela junto a ejecutivos petroleros—aseguró haber regresado a su país con el oro físico valorado en 100 millones de dólares.

“No se había producido ningún envío de metales preciosos entre Venezuela y Estados Unidos en más de 20 años”, afirmó Burgum ante ejecutivos energéticos en la conferencia.

El funcionario estuvo el 4 de marzo en Caracas, donde mantuvo más de 10 horas de reuniones con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actuando como intermediario con empresarios petroleros y mineros interesados en iniciar operaciones en el país sudamericano.

Burgum calificó la industria minera venezolana como “colapsada” y reducida a explotaciones artesanales “controladas por pandillas”, pero sostuvo que encontró un compromiso gubernamental para modernizar el sector y generar condiciones para negocios bilaterales.

El martes, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, intervino en el CERAWeek, donde ofreció a los principales ejecutivos petroleros de Estados Unidos un plan energético que minimiza la intervención estatal para garantizar inversiones en Venezuela.

Ante este escenario, Delcy Rodríguez expresó el miércoles su confianza en que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobará esta semana la nueva ley de minas, actualmente en segunda discusión, una medida que podría incentivar la inversión privada y extranjera en el sector.

Durante un encuentro con inversionistas transmitido por VTV, la presidenta encargada de Venezuela señaló que la nueva normativa impulsará avances en “estándares y protocolos internacionales” para la inversión, los modelos de negocio en minería y contemplará una flexibilización fiscal.

A su vez, afirmó que se trata de un “buen momento” para invertir en el país caribeño y ofreció a los empresarios “garantías y seguridad jurídica y política”, así como “estabilidad y tranquilidad” para el desarrollo de las inversiones.

La semana pasada, el Parlamento pospuso la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de ley, y está previsto que los diputados retomen el debate. De obtener aprobación legislativa, la iniciativa reemplazaría a la ley de minas vigente desde 1999, sancionada por el entonces presidente Hugo Chávez mediante decreto tras recibir poderes especiales del Legislativo.

En paralelo, la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, mantuvo esta semana en Caracas una reunión con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades en Venezuela, en el primer encuentro de este tipo desde el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas a comienzos de marzo.

La misión diplomática informó del encuentro a través de sus redes sociales. Dogu afirmó que la reunión le permitió conocer las oportunidades que ofrece Venezuela en el contexto político y económico actual. “El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, señaló la diplomática, quien agregó que la misión busca respaldar el crecimiento de la inversión en el país. No se informó sobre las empresas participantes ni los sectores discutidos.

El encuentro coincidió con la intervención de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un foro de inversión global en Miami, donde prometió la aprobación de leyes que garanticen el retorno del capital extranjero “indistintamente de alternancias políticas”.

Una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Washington esta semana para iniciar el proceso de normalización de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, suspendidas desde 2019. El grupo está conformado por funcionarios designados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes asumirán la restitución de servicios consulares, atención administrativa y coordinación de trámites con el Departamento de Estado.

(Con información de EFE)