Trump advirtió que podría movilizar a los agentes de ICE para garantizar la seguridad en los aeropuertos de EEUU

En medio de la crisis en los aeropuertos de Estados Unidos provocada por el cierre parcial del Gobierno, Donald Trump declaró este sábado que evalúa desplegar agentes de inmigración para reforzar la seguridad ante la falta de personal de la TSA por los salarios impagos. Las terminales presentan largas filas, ausentismo y creciente preocupación, mientras surgen propuestas privadas para evitar la interrupción de los servicios esenciales.

El presidente republicano advirtió que si el Congreso no restituye los fondos públicos, movilizará agentes de inmigración a los aeropuertos para asumir los controles de seguridad. Planteó, además, que esta medida busca enfrentar el caos generado por el bloqueo presupuestario, que paraliza desde el 14 de febrero sectores federales clave.

“Si los demócratas de izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, y en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser LIBRES y SEGUROS, desplazaré a nuestros brillantes y patriotas agentes del ICE a los aeropuertos, donde llevarán a cabo tareas de seguridad como nunca antes se ha visto, incluyendo la detención inmediata de todos los inmigrantes ilegales que hayan entrado en nuestro país, con especial énfasis en los procedentes de Somalia, quienes han destruido por completo, con la aprobación de un gobernador corrupto, un fiscal general y la congresista Ilhan Omar, el otrora gran estado de Minnesota. Espero con interés ver al ICE en acción en nuestros aeropuertos. ¡HAGAMOS GRANDE DE NUEVO A ESTADOS UNIDOS!“, señaló el mandatario en su red Truth Social.

La parálisis presupuestaria dejó sin recursos al Departamento de Seguridad Interior desde el 14 de febrero, lo que afecta directamente la vigilancia en aeropuertos como Atlanta, Houston y Nueva York. El personal de la TSA cumple funciones esenciales, aunque no recibe salario desde el 13 de marzo.

Esta situación provocó un aumento considerable del ausentismo y tiempos de espera en los controles de las principales terminales. En Atlanta y Houston, las esperas han superado las dos horas, mientras los empleados atraviesan dificultades para cubrir necesidades básicas.

Este sábado se registraron 1.284 vuelos demorados y 425 cancelados en el país. La presión financiera fuerza a muchos agentes a buscar alternativas, dejar sus puestos o asumir deudas para cubrir alquiler, combustible y alimentos.

Por su parte, 20 terminales —entre ellas San Francisco y Kansas City— mantienen operaciones normales bajo la gestión de empresas privadas de seguridad aeroportuaria, que han continuado pagando a sus empleados durante la crisis.

El cierre ha dejado sin remuneración a cerca de 65.000 empleados de la TSA, quienes perciben un salario anual promedio de entre USD 50.000 y USD 60.000. El presupuesto total asignado al personal es de USD 2.500 millones a USD 3.500 millones al año, un dato que ilustra el alcance del impacto para miles de familias.

El ausentismo alcanzó tasas sin precedentes: 21,5% en Atlanta, 21,4% en el JFK de Nueva York y 21% en Houston Hobby, según cifras oficiales. En los controles, las demoras diarias llegaron a los 150 minutos, situación agravada por el creciente abandono de puestos: al menos 366 agentes dejaron sus empleos en el primer mes sin ingresos.

Las repercusiones operativas incluyen desde la reducción de personal hasta retrasos generalizados, mientras el sistema de vuelos permanece sumamente presionado por la falta de soluciones presupuestarias.

En contraste con la situación de los aeropuertos federales, los gestionados por empresas privadas mantienen agilidad y estabilidad. Los trabajadores privados siguen recibiendo salarios, lo que garantiza el funcionamiento y evita filas extensas.

Elon Musk, empresario cuya fortuna ronda los USD 839.000 millones, ofreció cubrir los salarios del personal de la TSA mientras persista el estancamiento presupuestal que afecta a los aeropuertos. La iniciativa busca asegurar la continuidad de los controles y aliviar el impacto en los usuarios, aunque aún no ha recibido respuesta oficial.

Dentro del sector, expertos señalan que empleados privados y federales reciben equiparación en entrenamiento. Cambiar de modelo requiere aprobación formal que puede demorar hasta un año. El sindicato federal advierte que la privatización podría implicar recortes y alta rotación de personal, mientras que estudios empresariales sostienen que mejoraría la eficiencia y satisfacción laboral.

Las propuestas privadas y el debate sobre la gestión de la seguridad reflejan la magnitud de una crisis que afecta tanto a los viajeros como a quienes garantizan la protección de millones de personas en el país.

El llamado a una solución urgente resalta la presión social y política para restaurar la normalidad en infraestructuras críticas, anticipando decisiones trascendentes en la gestión de la seguridad aeroportuaria en las próximas semanas.

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