La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció el lanzamiento de una iniciativa de asistencia en efectivo destinada a inmigrantes directamente afectados por las recientes redadas de inmigración impulsadas durante el gobierno federal.
El plan contempla la entrega de tarjetas de dinero cuyo valor será de “unos cuantos cientos” de dólares y su disponibilidad se prevé para la próxima semana, según explicó la mandataria en una conferencia de prensa.
El anuncio responde a las preocupaciones generadas por la renovada política migratoria del país sus reiteradas promesas de implementar la “mayor operación de deportación masiva” en la historia de Estados Unidos.
Este endurecimiento en la aplicación de las leyes migratorias ha creado un clima de temor entre los inmigrantes, provocando ausentismo laboral y afectaciones económicas en diversos sectores.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes y líderes locales sostienen que las redadas han dejado a numerosas familias sin uno o varios de sus sostén económico, lo que incrementa el riesgo de desalojos y otros problemas sociales.
“Tienes personas que no quieren salir de sus casas, que no están yendo a trabajar, y que necesitan efectivo”, declaró Karen Bass el viernes 11 de julio. En ese contexto, la alcaldesa citó el caso de una familia local que quedó a punto de ser desalojada tras la detención de uno de sus principales proveedores.
El financiamiento del programa provendrá de donaciones privadas y no de fondos municipales, precisó la oficina de Bass, en comunicación con Newsweek. El proceso de distribución de las tarjetas será coordinado por organizaciones pro-inmigrantes, entre ellas la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).
Las autoridades locales establecerán canales de colaboración entre donantes y entidades encargadas de entregar la ayuda financiera, aunque los detalles sobre los requisitos de elegibilidad aún no se han divulgado.
La medida toma como referencia el programa Angeleno Cards, una estrategia implementada durante la pandemia de COVID-19 que proveyó ayuda monetaria de emergencia a los residentes más vulnerables de la ciudad.
Karen Bass ha subrayado que la actual intervención busca replicar ese esquema para responder a una emergencia social que, según organizaciones locales, ya ha comenzado a escalar debido a la ofensiva federal.
Procedimientos trenovados
El anuncio de la ayuda coincidió con la firma de una nueva orden ejecutiva municipal.
Esta normativa instruye a todos los departamentos de la ciudad a fortalecer protocolos de capacitación y actualizar políticas para asegurar el cumplimiento de la legislación local que prohíbe el uso de recursos y personal municipal en tareas de aplicación civil de leyes migratorias, salvo en casos relacionados con delitos graves.
Bass dio plazo de dos semanas a las agencias municipales para presentar los procedimientos renovados.
La disposición incluye la creación de una mesa de trabajo que revisará la actuación del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en cooperaciones con autoridades federales de inmigración. También ordena la solicitud de registros a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre las redadas recientes en la ciudad.
El costo de las deportaciones masivas
Los operativos federales han intensificado el debate en California, uno de los focos principales en la ofensiva migratoria tras la decisión presidencial de aumentar los recursos de ICE en los llamados estados santuario.
El impacto potencial no se limita al ámbito social: un análisis del American Immigration Council estima que la política de deportaciones masivas podría representar un costo único de 315 mil millones de dólares y gastos anuales adicionales de hasta 88 mil millones en caso de que un millón de personas sea expulsado cada año.
Pese al aumento en los controles federales, la alcaldesa Bass y otras autoridades del oeste estadounidense insisten en que Los Ángeles mantendrá su política de protección para inmigrantes. “El objetivo es que nadie se quede desamparado mientras enfrenta el temor y la incertidumbre generados por estas acciones”, afirmó la alcaldesa.
La ciudad también buscará mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre la implicación local en operativos federales.
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