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Elon Musk y Vivek Ramaswamy explicaron su plan para reformar la estructura gubernamental de Estados Unidos

El CEO y dueño de SpaceX y el ex pre candidato republicano a la Casa Blanca escribieron una columna en The Wall Street Journal en el que explicaron cómo piensan el nuevo estado bajo la presidencia de Donald Trump

Vivek Ramaswamy y Elon Musk partida
Vivek Ramaswamy y Elon Musk fueron propuestos por Donald Trump para conducir un área para reducir el estado norteamericano.
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Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX y Tesla, y Vivek Ramaswamy, empresario y autor del libro Truths: The Future of America First, han sido designados por el presidente electo Donald Trump como líderes del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés). El anuncio, realizado a través de un artículo conjunto publicado en The Wall Street Journal, detalla un ambicioso plan para reformar profundamente el aparato gubernamental de Estados Unidos mediante la eliminación de regulaciones, la reducción de personal y el ahorro de costos.

El gobierno federal en su forma actual representa una amenaza existencial para nuestra república”, señalaron Musk y Ramaswamy. Según su propuesta, el crecimiento desmedido de la burocracia y el poder de los funcionarios no electos ha generado un sistema que califican de “antidemocrático y contrario a la visión de los Fundadores”.

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DOGE: una visión de reestructuración gubernamental

El artículo destaca que Musk y Ramaswamy, actuando como “emprendedores, no políticos”, liderarán un equipo dedicado a reducir la burocracia federal. Ambos actuarán como voluntarios externos, no como empleados gubernamentales, y trabajarán con la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) para implementar un plan centrado en tres pilares:

  • Rescisión de regulaciones: DOGE revisará regulaciones federales consideradas inconstitucionales a la luz de recientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos, como West Virginia v. EPA (2022), que limita la capacidad de las agencias para imponer normas económicas sin autorización del Congreso, y Loper Bright v. Raimondo (2024), que elimina el principio de deferencia judicial hacia las agencias en la interpretación de sus propias competencias. Según Musk y Ramaswamy, “una multitud de regulaciones federales actuales exceden la autoridad que el Congreso ha otorgado bajo la ley”.
  • Reducción de personal administrativo: DOGE identificará el número mínimo de empleados necesarios para que cada agencia cumpla con sus funciones constitucionales y legales. “El número de empleados federales que debe recortarse debería ser, al menos, proporcional a la cantidad de regulaciones anuladas”, afirman los líderes. Los empleados afectados recibirán incentivos para jubilación anticipada o pagos de indemnización para facilitar su transición al sector privado.
  • Ahorro en gastos federales: DOGE revisará más de 500.000 millones de dólares en gastos considerados no autorizados por el Congreso, incluidos 535 millones de dólares anuales destinados a la Corporación de Radiodifusión Pública y 1.500 millones de dólares en subvenciones a organizaciones internacionales. También planean auditar contratos federales y suspender pagos temporalmente para identificar posibles ahorros.

Uso de órdenes ejecutivas y precedentes judiciales

Musk y Ramaswamy subrayaron que DOGE trabajará en estrecha colaboración con expertos legales dentro de las agencias gubernamentales para aplicar los fallos de la Corte Suprema a las regulaciones existentes. “Presentaremos esta lista de regulaciones al presidente Trump, quien podrá, mediante acción ejecutiva, pausar inmediatamente la aplicación de esas normas e iniciar su revisión y rescisión”, explicaron.

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Ambos defendieron el uso de órdenes ejecutivas para revertir lo que califican como “exceso ejecutivo” de regulaciones promulgadas sin aprobación legislativa. “El presidente debe deferencia legislativa al Congreso, no a los burócratas dentro de las agencias federales”, escribieron en la columna.

DOGE también planea reducir drásticamente la plantilla de empleados federales, en línea con la eliminación de regulaciones. “Los empleados federales cuyos puestos sean eliminados merecen ser tratados con respeto”, afirmaron, al tiempo que enfatizaron que su objetivo es apoyar su transición hacia el sector privado.

Otras propuestas incluyen la reubicación de agencias fuera de Washington, D.C., y la obligatoriedad de asistencia presencial en oficinas cinco días a la semana. “Si los empleados federales no quieren presentarse, los contribuyentes estadounidenses no deberían pagarles por el privilegio de quedarse en casa”, señalaron.

Auditorías y transparencia fiscal

El departamento también planea auditar el gasto federal, destacando casos como el del Pentágono, que ha fallado siete auditorías consecutivas a pesar de administrar un presupuesto anual de más de 800.000 millones de dólares, de acuerdo a los autores. “Muchas contrataciones federales no han sido revisadas durante años”, indicaron, sugiriendo que una auditoría temporal permitiría identificar gastos innecesarios.

Ambos reconocieron además que enfrentarán críticas por parte de intereses establecidos en Washington. “Con un mandato electoral decisivo y una mayoría conservadora de 6-3 en el Tribunal Supremo, el DOGE tiene una oportunidad histórica para realizar reducciones estructurales en el gobierno federal. Estamos preparados para la embestida de los intereses atrincherados en Washington. Esperamos prevalecer”, indicaron.

Finalmente, Musk y Ramaswamy indicaron que DOGE tiene un plazo establecido para su existencia: el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250.º aniversario de Estados Unidos. “Nuestro objetivo es eliminar la necesidad de nuestra existencia”, concluyeron, afirmando que este sería “el mejor regalo de cumpleaños que podríamos darle a nuestra nación”.

La iniciativa marca un cambio radical en el enfoque hacia la gestión gubernamental, en línea con la filosofía de “gobierno pequeño” promovida por Trump durante su campaña.

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