El entorno de Zapatero, un teléfono intervenido en Miami y el rastro de millones de euros: las claves que mantendrán vivo el ‘caso Plus Ultra’ hasta mayo de 2027

La investigación sobre el rescate de Plus Ultra seguirá abierta, al menos, seis meses más. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado prorrogar hasta el 28 de mayo de 2027 la instrucción de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, al considerar que todavía quedan diligencias esenciales por practicar. La decisión mantiene abiertas varias líneas de investigación que afectan tanto a la concesión de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea en 2021 como a los pagos posteriores a empresas vinculadas al entorno del exdirigente socialista.

La prórroga, acordada el pasado 11 de noviembre a petición de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular que encabeza el Partido Popular, permitirá al instructor completar una investigación que trata de esclarecer si Zapatero intervino para favorecer la concesión del rescate a cambio de una comisión canalizada a través de empresarios y sociedades de su entorno. En el centro de las pesquisas se encuentra Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y administrador de Análisis Relevante, la consultora a través de la cual se habrían articulado algunos de los pagos bajo sospecha.

El empresario declaró ante Calama el pasado julio y sostuvo que Zapatero había intervenido en las gestiones para conseguir financiación para Plus Ultra. Aseguró que el expresidente recibió una remuneración mensual de 5.000 euros y que posteriormente se pactó el pago de un 1% del rescate, unos 530.000 euros. El exdirigente socialista niega haber ejercido influencia alguna para favorecer a la compañía. La investigación debe determinar ahora qué gestiones se realizaron realmente, quién participó en ellas y si los pagos respondían a servicios efectivos o encubrían una comisión por la concesión de la ayuda pública.

Los interrogatorios que todavía tiene que completar el juez

El calendario judicial ya tiene dos fechas señaladas. El próximo 19 de noviembre deberán comparecer como testigos José Ángel Partearroyo Martín, antiguo director de Participadas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), y Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra. Ambos pueden aportar información sobre la tramitación del rescate y la situación económica de la aerolínea antes de recibir los 53 millones de euros.

Once días después, el 30 de noviembre, será el turno de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las dos hijas de Zapatero. Ambas comparecerán como investigadas, a las 9.00 y a las 12.00 horas, respectivamente, por su relación con What The Fav, la agencia de comunicación y marketing que administran. La sociedad aparece en los informes policiales por los pagos recibidos de Análisis Relevante y de otras mercantiles relacionadas con los empresarios investigados.

Junto a ellas, el juez también acordó investigar a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria personal del expresidente. Los informes policiales la sitúan como una figura relevante en la gestión de las relaciones entre las sociedades investigadas y en la elaboración de facturas y documentación relacionada con los trabajos de consultoría. La secretaria también aparece en las pesquisas sobre el patrimonio y los movimientos económicos de las personas del entorno de Zapatero. Sin embargo, a diferencia de las dos hijas del expresidente, no tiene todavía una fecha de declaración concretada en el calendario judicial conocido.

Hay otro nombre cuya comparecencia sigue siendo una incógnita: Rodolfo Reyes Rojas. El empresario venezolano, que fue accionista mayoritario de Plus Ultra y aparece investigado en la causa por presuntas operaciones de blanqueo de capitales, no ha comparecido ante la Justicia española. Sobre él pesa una orden internacional de búsqueda y captura, por lo que su eventual declaración depende también de que pueda ser localizado y puesto a disposición judicial.

El teléfono de Rodolfo Reyes, pendiente de la respuesta de Estados Unidos

Una de las diligencias que puede resultar determinante para el futuro de la causa es la incorporación formal de las conversaciones extraídas del teléfono móvil de Rodolfo Reyes. El dispositivo fue intervenido por las autoridades estadounidenses en Miami el 9 de mayo de 2021 y su contenido llegó a la Policía española casi cinco años después, el 18 de marzo de 2026, a través de Homeland Security Investigations (HSI), la agencia de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los mensajes fueron examinados por la UDEF y utilizados para elaborar informes sobre la presunta intervención de Zapatero en las gestiones relacionadas con el rescate. Entre las conversaciones aparecen referencias directas al expresidente, al que Reyes y otros interlocutores aluden como una persona que estaba participando en las gestiones para conseguir financiación para la aerolínea.

El juez Calama solicitó el pasado junio, mediante una comisión rogatoria, autorización a las autoridades estadounidenses para utilizar el contenido del dispositivo como medio de prueba en el procedimiento español. La petición pretende dar cobertura judicial a una información que ya ha servido para orientar las pesquisas policiales, pero cuya incorporación formal al proceso requiere completar los mecanismos de cooperación internacional.

La defensa de Zapatero ha cuestionado precisamente las circunstancias en las que se obtuvo esa información. Su abogado, Víctor Moreno Catena, pidió al instructor que reclamase a Estados Unidos los detalles de la intervención del teléfono, la autorización que permitió clonar su contenido, el método empleado para extraer los mensajes y las garantías sobre su autenticidad y conservación. También reclamó información sobre la cadena de custodia y las circunstancias en las que las autoridades estadounidenses compartieron el material con la Policía española.

El rastro del dinero en trece entidades bancarias

Otro de los grandes frentes abiertos se encuentra en el análisis de la documentación económica. El pasado 29 de julio, Calama autorizó a la UDEF a examinar información bancaria requerida a trece entidades financieras sobre los investigados y distintas sociedades de su entorno. La documentación debe ser analizada por los agentes y los resultados se incorporarán a la causa a través de los correspondientes informes policiales.

El objetivo es reconstruir las relaciones económicas entre los empresarios que aparecen en la investigación y determinar el origen y destino de los fondos que circularon entre sus sociedades. Una de las mercantiles bajo la lupa es Análisis Relevante, administrada por Julio Martínez Martínez, que mantuvo relaciones económicas con empresas vinculadas al entorno del expresidente. También aparece What The Fav, la agencia de sus hijas, que recibió pagos de la consultora y de otras sociedades investigadas.

Los investigadores han puesto asimismo el foco en Inteligencia Prospectiva, una sociedad relacionada con los empresarios venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón, y en las transferencias que realizó a empresas vinculadas a Zapatero. La Policía trata de esclarecer si esos movimientos respondían a relaciones comerciales reales o si formaban parte de una estructura utilizada para canalizar pagos y ocultar su verdadera finalidad.

A esos movimientos se suma otra parte de la investigación económica: los documentos reclamados a distintos organismos públicos y a las propias partes. La Fiscalía Anticorrupción ha advertido que todavía están pendientes de incorporación los informes de la UDEF sobre esa documentación, cuyo análisis puede dar lugar a nuevas diligencias.

La posibilidad de nuevas imputaciones

La importancia de esos trabajos va más allá de completar el material ya incorporado al sumario. Tanto la Fiscalía como la acusación popular han advertido que todavía pueden surgir nuevas diligencias a partir de los informes pendientes. El propio Calama recoge en su resolución que los resultados podrían dar lugar a la imputación de otras personas, aunque por el momento no identifica a posibles nuevos investigados ni anticipa qué actuaciones podrían derivarse de los análisis.

La instrucción seguirá abierta hasta el 28 de mayo de 2027, fecha fijada por el juez para completar estas diligencias, sin perjuicio de que pueda acordar una nueva prórroga si considera que todavía quedan actuaciones necesarias para esclarecer los hechos. Para entonces, el instructor espera haber reconstruido las relaciones entre los responsables de Plus Ultra, los empresarios que intervinieron en la operación y las sociedades vinculadas al expresidente, así como el recorrido de los pagos que se encuentran bajo sospecha.