Las propuestas de Vox ante la crisis del acceso a la vivienda para el 29-N: prioridad nacional, rebaja fiscal masiva y combatir la okupación

Este viernes 13 de noviembre arranca oficialmente la campaña para las elecciones generales del 29-N, y las distintas formaciones políticas empiezan a desgranar sus programas y compromisos de cara a una cita con las urnas decisiva. Con un panorama marcado por la escalada constante de precios del alquiler y las cada vez más dificultades de las familias para acceder a la compra de una vivienda, el debate inmobiliario se sitúa como uno de los pilares centrales de las propuestas económicas de las formaciones. Desde Vox, su programa electoral sitúa la política habitacional en un lugar protagonista, articulando un paquete de medidas que pivota sobre tres ejes fundamentales: el ya conocido principio de prioridad nacional, la desregulación urbanística con rebajas fiscales y una ofensiva jurídica contra lo que consideran un problema de gravedad, como es la okupación.

En el ámbito del arrendamiento, la primera medida que abandera la formación de Santiago Abascal es la derogación inmediata de la vigente Ley de Vivienda estatal. Desde la perspectiva de Vox, la actual regulación ha contraído la oferta y generado inseguridad jurídica en los propietarios. En su lugar, el partido propone un esquema sustentado en incentivos fiscales para quienes pongan sus inmuebles en el mercado del alquiler residencial de larga duración, complementado con deducciones tributarias específicas para los inquilinos españoles.

Asimismo, el partido aborda el auge de las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Su propuesta contempla regular de forma específica esta modalidad para evitar distorsiones en los barrios residenciales, intensificando paralelamente las inspecciones para clausurar y sancionar alojamientos turísticos que operen al margen de la legalidad.

0% de IVA y adiós al ITP para la primera vivienda

Otro de los apartados principales en materia económica del programa es el alivio fiscal directo para los compradores de primera residencia habitual. Para facilitar la emancipación juvenil y aliviar la carga financiera de los hogares, Vox plantea una batería de exenciones y bonificaciones tributarias:

• 0% de IVA en la compra de primera vivienda habitual de obra nueva.
• Bonificación del 100% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las compras de primera vivienda de segunda mano.
• Recuperación de la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual, un beneficio fiscal clásico del sistema tributario español que fue suprimido a nivel estatal hace más de una década.

Así, el programa diseña un esquema de fiscalidad diferenciada para frenar las operaciones especulativas. Mientras se plantea un tratamiento tributario moderado para particulares y empresas orientadas al arrendamiento estable, también proponen una fiscalidad agravada y disuasoria para fondos de inversión y compradores extracomunitarios. Los ingresos extraordinarios recaudados mediante estos gravámenes se destinarían, según el documento, a financiar las bonificaciones y la construcción de vivienda protegida.

Suelo, desregulación y costes de edificación

Y para solucionar el desequilibrio entre oferta y demanda, la formación de ultraderecha apuesta por una reforma integral de la Ley del Suelo que movilice una mayor cantidad de suelo urbanizable y reduzca de raíz las trabas burocráticas y los plazos de tramitación. La formación sostiene que el encarecimiento de la vivienda responde, en gran medida, al estrangulamiento administrativo y a la sobrecarga fiscal que soporta el sector promotor y constructor.

Por ello, plantean una reducción de los impuestos que gravan todo el proceso de edificación, el refuerzo de los instrumentos de crédito y financiación para promotores, y la eliminación de los topes regulatorios a la inversión en redes de distribución eléctrica, un factor técnico que el partido señala como limitante para los nuevos desarrollos urbanísticos. Todo esto acompañado del impulso a la vivienda de protección oficial mediante fórmulas de colaboración público-privada, que incluyan la cesión de suelo municipal o autonómico, avales, subsidios y créditos blandos.

Mano dura contra la okupación y la “inquiocupación”

Otro de los grandes núcleos de su propuesta es la defensa de la propiedad privada y la lucha contra la okupación. El programa contempla reformas legales para garantizar el desalojo exprés en un plazo máximo de 24 horas y la devolución automática de la posesión al titular del inmueble.

Junto al desalojo inmediato, se incluye la asistencia jurídica gratuita para los propietarios afectados, la exención de impuestos locales y facturas de suministros básicos durante el periodo de okupación, el endurecimiento de las penas en el Código Penal y la tipificación expresa de la denominada “inquiokupación” —cuando un inquilino deja de pagar deliberadamente amparándose en la lentitud de los procesos de desahucio— como un delito de estafa.

“Las casas, en España, para los españoles”

Asimismo, como punto transversal de todo su ideario, Vox condiciona la política social de vivienda al control fronterizo y al principio de prioridad nacional bajo el lema “las casas, en España, para los españoles”. La formación reclama que los ciudadanos nacionales tengan preferencia absoluta en la adjudicación de viviendas públicas, promociones protegidas y subsidios al alquiler.

En esta misma línea, el partido proyecta la prohibición legal de formalizar contratos de arrendamiento a personas en situación administrativa irregular, estableciendo la verificación obligatoria del permiso de residencia previo a la firma. Por último, el plan aboga por perseguir judicialmente los llamados “pisos patera” y combatir el empadronamiento fraudulento, sumando a ello la utilización del patrimonio inmobiliario en desuso del Estado para fines residenciales de familias vulnerables y miembros de las Fuerzas Armadas.