Si Estados Unidos no autoriza el uso del móvil de Rodolfo Reyes, ¿qué queda contra Zapatero? Las otras pruebas que sostienen la investigación del ‘caso Plus Ultra’

Si los mensajes extraídos del móvil de Rodolfo Reyes acabaran siendo expulsados de la causa Plus Ultra, la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero entraría en una fase completamente distinta. Los chats obtenidos en Estados Unidos se han convertido en una de las piezas centrales de los informes de la UDEF y en uno de los principales soportes de la imputación del expresidente.

Sin embargo, la causa no se construyó únicamente sobre esas conversaciones. La documentación incorporada al sumario muestra que los investigadores ya manejaban pagos, contratos, informes financieros, registros y otras comunicaciones antes incluso de que el contenido del teléfono llegara a España en marzo de 2026.

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La relevancia que ha adquirido el móvil de Reyes explica por qué la Audiencia Nacional ha puesto el foco en su validez procesal. El dispositivo fue intervenido por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) en el aeropuerto de Miami en 2021 y su contenido fue remitido a la Policía española cinco años después. Desde entonces, los mensajes hallados en ese teléfono han ocupado un lugar central en la investigación, al recoger conversaciones entre empresarios y personas vinculadas a Plus Ultra en las que se menciona reiteradamente a Zapatero como una figura con capacidad de influencia en las gestiones relacionadas con el rescate de la aerolínea.

No se trata de conversaciones mantenidas por el propio expresidente, sino de referencias realizadas por terceros. Aun así, los investigadores consideran que esos mensajes aportan contexto a la hipótesis que sostiene la acusación y ayudan a explicar el supuesto papel desempeñado por Zapatero durante los meses en los que se tramitó la ayuda pública a la compañía.

Precisamente por esa importancia, la posibilidad de que esos chats no puedan utilizarse en un eventual juicio ha abierto un debate sobre qué elementos probatorios seguirían sosteniendo la causa.

Una investigación que ya apuntaba a Zapatero antes de los chats

Aunque la llegada del móvil de Reyes marcó un punto de inflexión en la investigación, la cronología del caso muestra que la causa ya avanzaba antes de que los mensajes aterrizaran en España.

El dato resulta especialmente relevante porque desmonta la idea de que todo el procedimiento nació a partir de esa prueba. El volcado del teléfono fue entregado a la UDEF el 18 de marzo de 2026. Sin embargo, semanas antes, el 23 de febrero, la jueza María Tardón Collazos ya había remitido el procedimiento a la Audiencia Nacional y había descrito una serie de indicios que, a su juicio, justificaban continuar la investigación.

Aquellos indicios no procedían de Estados Unidos. Procedían de registros practicados en España, análisis patrimoniales, documentación mercantil y otras diligencias desarrolladas durante meses por los investigadores.

Por eso, incluso entre los juristas que consideran que el móvil es una prueba fundamental, existe consenso en que una eventual exclusión de esos mensajes no supondría automáticamente el archivo del procedimiento.

El dinero como principal línea de acusación

Si el móvil desapareciera del sumario, buena parte del peso de la investigación recaería sobre la documentación económica recopilada hasta ahora. Los informes incorporados a la causa señalan la existencia de pagos por aproximadamente 490.780 euros a favor de Zapatero y otros 236.125 euros dirigidos a Whathefav, una sociedad vinculada a sus hijas. Según la investigación, esos fondos procedían de la consultora Análisis Relevante.

La importancia de estos movimientos es que no dependen de ninguna conversación telefónica. Se sustentan en transferencias bancarias, documentación fiscal, registros mercantiles y análisis financieros realizados por Hacienda y por la propia UDEF.

La cuestión jurídica pendiente no es la existencia de esos pagos, sino su significado. Los investigadores sostienen que podrían estar relacionados con las gestiones realizadas en torno al rescate de Plus Ultra, mientras que las defensas rechazan esa interpretación.

Junto a esos movimientos económicos aparece otro de los documentos que los investigadores consideran relevantes: el conocido como contrato del “1%”. Según la documentación incorporada al procedimiento, ese acuerdo contemplaría el pago de una comisión equivalente al 1% del rescate a determinados intermediarios en caso de que la operación llegara a buen puerto.

Los mensajes obtenidos en España

La investigación tampoco depende exclusivamente de las conversaciones halladas en el móvil de Reyes. Entre las diligencias practicadas figura el denominado chat “Danilo-España”, localizado durante el registro efectuado al abogado Miguel Palomero. En esas conversaciones aparecen referencias a una persona identificada como “Z” o “Zorro”, que los investigadores vinculan con Zapatero.

A diferencia de los mensajes procedentes de Miami, estas comunicaciones fueron obtenidas directamente en España y forman parte del material recopilado por la investigación con independencia de la cooperación judicial con Estados Unidos. Su valor probatorio es distinto al del teléfono de Reyes y su interpretación también está sujeta a controversia, pero constituyen una línea de investigación autónoma que permanecería intacta aunque el contenido del móvil fuera excluido.

A ello se suman agendas, anotaciones y registros de reuniones incorporados al sumario. Entre la documentación analizada figuran referencias a encuentros mantenidos durante los meses en los que se tramitó el rescate de Plus Ultra y a contactos entre distintos protagonistas de la operación.

Las joyas y el debate sobre las pruebas derivadas

La cuestión del móvil de Rodolfo Reyes también afecta indirectamente a otra de las derivadas más recientes de la investigación: las joyas halladas por la UDEF durante el registro de la oficina de Zapatero en la madrileña calle Ferraz.

Aquel operativo, practicado el 19 de mayo por orden judicial, permitió a los agentes intervenir documentación, dispositivos electrónicos, agendas y una caja fuerte en la que se localizaron joyas y relojes cuyo origen se encuentra ahora bajo examen. El hallazgo llevó al juez Calama a abrir una pieza separada y a investigar posibles delitos de contrabando y fraude fiscal relacionados con esos bienes.

Los chats del móvil de Reyes ya formaban parte de la investigación cuando el juez ordenó los registros practicados en mayo y fueron utilizados por la UDEF para reforzar algunos de sus informes. Por ello, si esa prueba acabara siendo anulada, las defensas podrían intentar cuestionar hasta qué punto determinadas diligencias posteriores —entre ellas registros, incautaciones o nuevas líneas de investigación— guardan relación con los indicios obtenidos a partir de ese material. La respuesta dependería de la capacidad de los investigadores para acreditar que esas actuaciones contaban también con otros elementos de respaldo independientes.

El papel de los informes periciales y los testigos

Otra de las piezas que seguirían formando parte de la causa son los informes técnicos y financieros elaborados durante la instrucción. La investigación cuenta con análisis realizados por la UDEF, Hacienda y distintos expertos sobre la situación financiera de Plus Ultra, la circulación de fondos entre empresas vinculadas al procedimiento y la viabilidad económica de la aerolínea en el momento en que recibió la ayuda pública.

Entre ellos destaca la documentación elaborada por Deloitte para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), utilizada para evaluar la situación de la compañía en el contexto del rescate. Estos informes tienen una importancia particular porque se apoyan en documentación objetiva: balances, movimientos bancarios, registros contables y documentación mercantil. Su validez no depende de la admisión o exclusión del teléfono de Rodolfo Reyes.

La investigación también contempla la posible declaración de varios de los protagonistas del caso. Entre ellos figuran el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el empresario Julio Martínez Martínez o el expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola. La eventual relevancia de esos testimonios dependerá de su capacidad para corroborar documentalmente las operaciones económicas, las reuniones y los contactos que ya aparecen reflejados en otras piezas del sumario.