Hacienda cambia las reglas de las prejubilaciones: los trabajadores pueden pagar hasta 60.000 euros más en IRPF por la indemnización

Las prejubilaciones y las bajas incentivadas pueden tributar mucho más de lo esperado. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha establecido que las indemnizaciones recibidas por acogerse a estos planes deben tributar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando la empresa no tenga abierto un expediente de regulación de empleo (ERE) en el momento de la salida del trabajador.

La decisión introduce un cambio relevante para quienes abandonan sus compañías mediante acuerdos de prejubilación, especialmente en sectores como el bancario, donde este tipo de fórmulas ha sido habitual. Según las estimaciones de los expertos fiscales de TaxDown, la diferencia entre que una indemnización esté exenta o tenga que tributar puede situarse entre los 22.000 euros y más de 60.000 euros, en función del salario, la compensación recibida y la comunidad autónoma de residencia.

Hasta ahora, numerosos trabajadores que habían aceptado estos planes reclamaban la exención fiscal contemplada en la Ley del IRPF para las indemnizaciones por despido. Para defender su posición, se apoyaban en una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 relacionada con el caso de Banca Cívica. Sin embargo, el nuevo criterio del TEAC limita la aplicación de esa doctrina y establece que estas salidas solo pueden considerarse forzosas cuando existe un procedimiento de despido colectivo en marcha.

El ERE, la clave para no tributar por la indemnización

La resolución distingue entre los despidos colectivos y los acuerdos voluntarios de salida. En ausencia de un ERE abierto, el tribunal considera que la decisión de abandonar la empresa responde a la voluntad del trabajador y, por tanto, las cantidades percibidas deben tributar como rendimientos del trabajo, en lugar de beneficiarse de la exención fiscal prevista para determinadas indemnizaciones por despido.

Además, el organismo aclara que no basta con que el empleado considere que su salida está vinculada a un futuro despido colectivo. Para que exista un ERE debe haberse iniciado formalmente el procedimiento de negociación con los representantes de los trabajadores y haberse producido la correspondiente comunicación a la autoridad laboral.

El origen del cambio de criterio se encuentra en el caso de un empleado del sector bancario que abandonó su entidad en 2021 mediante un acuerdo de prejubilaciones y bajas incentivadas. La salida se produjo varios meses antes de que la compañía formalizara un expediente de regulación de empleo, circunstancia que resultó determinante para el análisis fiscal de la indemnización.

En 2025, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana había dado la razón al trabajador. No obstante, la Agencia Tributaria recurrió aquella decisión y el asunto llegó al TEAC, que ha fijado ahora un criterio de unificación para los casos futuros. El organismo ha respetado, eso sí, la situación particular del contribuyente que originó el procedimiento.

La factura fiscal, al alza

Las consecuencias económicas pueden ser importantes para quienes hayan aceptado una prejubilación sin que existiera un ERE vigente. Aunque en la mayoría de los casos se podrá aplicar la reducción del 30% prevista para este tipo de rentas, el importe restante se incorporará a los ingresos del ejercicio y tributará al tipo marginal correspondiente.

Un ejemplo elaborado por TaxDown permite medir el impacto. Para un contribuyente soltero y sin hijos, con un salario anual de 40.000 euros y una indemnización de 80.000 euros cobrada de una sola vez, la factura fiscal estimada en Madrid sería de unos 7.200 euros si existe un ERE, frente a los 29.600 euros que tendría que abonar sin él. En Barcelona, las cantidades pasarían de unos 7.900 a 31.100 euros, respectivamente. La diferencia supera así los 22.000 euros.

El impacto aumenta cuando las retribuciones y las indemnizaciones son más elevadas. En el supuesto de un trabajador con un sueldo de 70.000 euros y una compensación de 140.000 euros, el IRPF estimado pasaría de 17.800 a 60.000 euros en Madrid. En Barcelona, la factura aumentaría de 19.100 a 64.000 euros. Esto supone pagar alrededor de 42.000 euros más en la capital y 45.000 euros adicionales en Cataluña.

La situación es todavía más significativa en el caso de un empleado que cobre 100.000 euros anuales y perciba una indemnización de 300.000 euros. Incluso cuando existe un despido colectivo, la exención está limitada legalmente a 180.000 euros. Sin un ERE abierto, la totalidad de la compensación tributaría, con la reducción que corresponda. Así, el impuesto ascendería de unos 67.000 a 121.000 euros en Madrid y de 72.000 a 132.000 euros en Barcelona.

Los afectados todavía pueden acudir a los tribunales

El nuevo criterio complica las reclamaciones de los trabajadores que hayan abandonado sus empresas mediante acuerdos voluntarios de prejubilación y tengan procedimientos pendientes ante la Administración tributaria. La resolución del TEAC vincula a la Agencia Tributaria y a los tribunales económico-administrativos, por lo que condicionará las futuras decisiones en vía administrativa.

Sin embargo, la interpretación no cierra completamente la puerta a los afectados. Los jueces no están vinculados por este criterio del mismo modo que los órganos económico-administrativos, de manera que los contribuyentes todavía pueden recurrir a la vía contencioso-administrativa para defender sus derechos.

Por ello, antes de aceptar un plan de prejubilación o una baja incentivada, resulta especialmente importante comprobar si existe un ERE formalmente abierto y calcular las consecuencias fiscales de la operación. La diferencia entre abandonar la empresa mediante un despido colectivo o hacerlo a través de un acuerdo voluntario puede traducirse en decenas de miles de euros adicionales en impuestos.