
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido a la Guardia Civil que aclare si la directora general del cuerpo, Mercedes González, fue informada de las tres investigaciones internas abiertas contra agentes de la UCO y cuándo tuvo conocimiento de ellas. En el auto, al que ha tenido acceso Infobae, el magistrado reclama los oficios que permitan comprobar si esas actuaciones fueron comunicadas a la máxima responsable del instituto armado y reconstruir así cómo circuló la información dentro de la cadena de mando.
La petición llega después de que la instrucción haya puesto el foco en las actuaciones internas emprendidas contra la Unidad Central Operativa y en la relación que mantuvieron González y Leire Díez durante el periodo en el que se sucedieron esas investigaciones. La directora general está investigada en la causa junto al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Pedraz quiere ahora poner fecha y nombre a la información que llegó a la cúpula de la Guardia Civil: saber si González conocía esas actuaciones no implica que las ordenara, pero sí puede ayudar al juez a determinar qué sabía y qué papel pudo tener dentro de la cadena de decisiones.
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Tres investigaciones internas y una misma unidad en el foco
Las tres informaciones reservadas que ahora quiere documentar Pedraz se sucedieron entre finales de 2024 y 2025 y tuvieron como denominador común a la UCO. Se trata de actuaciones internas destinadas a esclarecer el origen de determinadas filtraciones o hechos relacionados con investigaciones que llevaba la unidad y que afectaban a causas especialmente sensibles.
La primera, identificada como IR 1/24, se abrió en diciembre de 2024 después de que trascendiera información relacionada con el correo electrónico de Begoña Gómez que figuraba en documentación intervenida por la UCO en la investigación sobre su hermano, David Sánchez. El DAO, Manuel Llamas, ordenó entonces una información reservada para tratar de determinar el origen de esa filtración.
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La segunda llegó en mayo de 2025, después de la publicación de los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y el entonces ministro José Luis Ábalos. La aparición de esas conversaciones volvió a situar a la UCO bajo la lupa interna de la Guardia Civil, ante la sospecha de que la filtración podía proceder de los investigadores.

La tercera se abrió en septiembre de 2025, después de una información periodística que apuntaba a tensiones internas en la UCO y mencionaba al propio Llamas. La actuación volvió a dirigirse a investigar el origen de información relacionada con la unidad.
El juez Pedraz quiere ahora que la Guardia Civil entregue los documentos mediante los que se comunicó, en su caso, a González la apertura y resolución de estas tres actuaciones. El magistrado hace referencia expresamente al procedimiento seguido con las investigaciones identificadas como IR 1/24 e IR 1/25. La propia González ha defendido que la apertura de informaciones reservadas es un mecanismo administrativo habitual dentro de la Guardia Civil y ha negado haber participado en una trama contra la UCO o haber actuado por influencia de Díez. El DAO también ha sostenido ante el juez que estas actuaciones tenían como finalidad investigar posibles filtraciones y no presionar a los agentes.
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El vínculo entre Mercedes González y Leire Díez
La cuestión de qué sabía González cobra relevancia dentro de la causa por la relación que la investigación de la UCO ha documentado entre la directora general y Leire Díez. Los agentes sostienen que la exmilitante socialista se valió de ese vínculo para tratar de promover actuaciones internas contra miembros de la unidad.
Los investigadores han situado al menos tres encuentros presenciales entre ambas: el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025. También han localizado comunicaciones entre las dos a través de WhatsApp. En los mensajes y anotaciones intervenidos, Díez hacía referencia a su relación con González y a su intención de impulsar investigaciones internas contra agentes de la UCO.
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Según la documentación incorporada a la causa, Díez trasladó a la directora general sus quejas sobre determinados agentes de la UCO y le habló de las actuaciones que pretendía promover contra ellos. La exmilitante socialista también habría hecho referencia a supuestas filtraciones de información a los medios y a la necesidad de investigar su origen. González, sin embargo, ha negado ante el juez haber participado en ninguna maniobra contra la UCO. En su declaración como investigada sostuvo que sus encuentros con Díez se produjeron en el marco de sus relaciones institucionales y negó que esta le hubiera dado instrucciones o que ella hubiera ordenado actuaciones contra los agentes. También rechazó haber intervenido para obstaculizar investigaciones judiciales.
Es en este contexto donde Pedraz reclama ahora los documentos que permitan determinar si las informaciones reservadas llegaron formalmente a la directora general y cuándo. El juez busca así contrastar las distintas versiones y reconstruir qué información recibió la cúpula de la Guardia Civil sobre las actuaciones emprendidas contra la UCO.
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