La Justicia confirma que los extranjeros no pueden usar el heredamiento catalán aunque residan años en Cataluña

El caso se originó el 30 de julio de 2025, cuando dos cónyuges suecos residentes en Sabadell otorgaron ante notario una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente

Mesa judicial de madera con un mazo, una lámpara, documentos, una silla y la bandera de Cataluña en una sala con muros de piedra.
Un estrado de tribunal con un mazo de juez y la bandera catalana (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)
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La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) desestimó el recurso presentado por dos ciudadanos de nacionalidad sueca que pretendían inscribir un pacto sucesorio de heredamiento cumulativo sujeto al Derecho Civil de Cataluña. La resolución, a la que ha tenido acceso Infobae, confirma que la falta de vecindad civil catalana impide a los extranjeros recurrir a esta figura jurídica, con independencia del tiempo que lleven residentes en el territorio.

El caso se originó el 30 de julio de 2025, cuando dos cónyuges suecos residentes en Sabadell otorgaron ante notario una escritura de heredamiento universal cumulativo con transmisión de bienes de presente. En virtud del pacto, uno de los esposos instituía heredera universal a su cónyuge y le transmitía de forma inmediata la totalidad de sus bienes, entre ellos una finca en Sant Andreu de la Barca, si bien se reservaba el uso de algunos de ellos.

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Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad de Martorell número 1, la registradora suspendió la inscripción el 20 de abril de 2026. Según su calificación, el artículo 111-3 del Código Civil de Cataluña establece que el derecho catalán tiene eficacia territorial y que la vecindad civil, requisito para acogerse a sus instituciones, es una cualidad reservada a los ciudadanos españoles. Al carecer los otorgantes de nacionalidad española, consideró improcedente el pacto sucesorio.

La registradora añadió un segundo argumento: a su juicio, un pacto con entrega de bienes de presente difícilmente encaja en la noción de pacto sucesorio que recoge el Reglamento (UE) 650/2012 sobre sucesiones, porque la transmisión de la propiedad se produce de inmediato y no en el momento del fallecimiento.

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El recurrente invocó el reglamento europeo de sucesiones

El abogado L. M. F., en representación de los otorgantes, recurrió la calificación ante la DGSJFP. Su argumento central se apoyó en el artículo 21 del Reglamento (UE) 650/2012, que fija como ley aplicable a una sucesión la del Estado de residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento. Dado que los recurrentes acreditaron nueve años de residencia ininterrumpida en Cataluña mediante un certificado de empadronamiento histórico del Ayuntamiento de Sabadell, sostuvo que su ley sucesoria debía ser la catalana, al margen de su nacionalidad.

Mazo de madera sobre una base circular en una mesa, con una balanza de metal, una libreta y un bolígrafo en el fondo desenfocado.
Mazo de un juez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recurso citó también una resolución de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de 13 de junio de 2017, que según el recurrente permitía a extranjeros con residencia habitual en Cataluña acogerse a los pactos sucesorios regulados en el Código Civil catalán. Además, defendió que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 9 de septiembre de 2021, en el asunto C-277/20, respaldaba su posición al confirmar que los pactos sucesorios entran en el ámbito del Reglamento europeo.

Diferencia entre conflicto interno y sucesión internacional

La Dirección General rechazó este planteamiento. El organismo precisó que el caso no constituye una sucesión mortis causa internacional en los términos del artículo 1 del Reglamento 650/2012, sino una cuestión de conflicto interno de leyes civiles dentro de España, un ámbito que el propio reglamento excluye de su aplicación en su artículo 38.

España no ha activado la llamada cláusula española prevista en ese artículo, que permitiría extender el reglamento a los conflictos territoriales internos entre los distintos derechos civiles del país. La resolución recuerda que todos los españoles poseen una vecindad civil, común o foral, conforme al artículo 14.1 del Código Civil, mientras que esa cualidad “se halla reservada a españoles” y no resulta aplicable a los extranjeros por el solo hecho de residir en una comunidad autónoma con derecho civil propio.

El centro directivo sostuvo además que los pactos “inter vivos” con efecto sucesorio previstos en la legislación catalana se circunscriben al ámbito subjetivo al que esa normativa resulta aplicable, sin que puedan trasladarse a ciudadanos extranjeros, en este caso de nacionalidad sueca.

El organismo cuestiona también la naturaleza del pacto

La resolución añadió un argumento adicional sobre la naturaleza jurídica del instrumento: al implicar la transmisión de bienes de presente, el pacto comporta una “professio iuris” tácita y parcial que podría fragmentar la sucesión, lo cual, según la DGSJFP, tampoco encajaría con claridad en el concepto de pacto sucesorio previsto en el Reglamento europeo.

La Dirección General acordó desestimar el recurso y confirmar la calificación negativa de la registradora. La resolución, notificada desde Madrid el 28 de julio de 2026, deja abierta la vía judicial: los legitimados pueden presentar demanda ante el Juzgado de lo Civil de la provincia donde radica el inmueble, en el plazo de dos meses desde la notificación, conforme a las normas del juicio verbal previstas en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

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