El juez del ‘caso Leire’ imputa a la directora y al DAO de la Guardia Civil por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo del cuerpo, Manuel Llamas, en el marco de una investigación por posibles delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Ambos responsables de la Guardia Civil están citados para declarar el próximo 16 de julio en la Audiencia Nacional, donde deberán responder a las preguntas del magistrado instructor. La investigación se centra en varias reuniones celebradas entre González y Leire Díez, exmilitante del PSOE, en las que, según la Unidad Central Operativa (UCO), se trataron temas relacionados con la apertura de una investigación sobre la propia unidad.

González y Díez se reunieron tres veces en 5 meses

De acuerdo con la Unidad Central Operativa (UCO), entre septiembre y diciembre de 2024, y también en abril de 2025, se produjeron al menos tres encuentros entre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitía esta semana en el Senado que González le había mencionado una reunión con Díez en la que la militante del PSOE se interesaba por la rehabilitación de Rubén Villalba, investigado en el ‘caso Koldo’. Según Marlaska, González le avisó sobre esa reunión concreta porque le llamó “la atención y no en positivo”. “Creo que no me dice el nombre de Leire, pero no lo puedo afirmar, sino que se refiere a una persona del Partido Socialista interesada en la rehabilitación del comandante Villalba”, dijo Marlaska.

En sus informes, la UCO sostiene que González habría estado informada de las gestiones realizadas por Díez, quien habría intentado que la Dirección General de la Guardia Civil iniciase una investigación interna destinada a esclarecer si la propia UCO estaba detrás de la filtración de mensajes de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicados por el diario El Mundo.

La directora general de la Guardia Civil, por su parte, niega que en sus encuentros con Díez se tratasen asuntos relacionados con estas investigaciones. En su intervención el 16 de junio en el Senado, negó haber participado “jamás, nunca” en ninguna “trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa (UCO)” ni contra ningún agente del cuerpo, “ni por influencia de la señora Leire Díez ni por nadie”.

González y Llamas tendrán que comparecer el 16 de julio

El juez Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, ha citado tanto a Mercedes González como a Manuel Llamas, director adjunto operativo de la Guardia Civil, con el objetivo de aclarar los hechos y determinar si se produjeron actuaciones irregulares en la gestión interna del cuerpo o en la protección de información sensible.

La comparecencia de ambos está prevista para el 16 de julio de 2026, a las 10:15 horas, en la sede de la Audiencia Nacional. La acusación popular, encabezada por el Partido Popular, también solicitaba la imputación del exdirector general del cuerpo, Leonardo Marcos. No obstante, la Fiscalía no ha considerado necesario imputar a este último, según el auto de citación emitido por Pedraz este jueves.

Estas nuevas imputaciones llegan después de que varios mandos de la Guardia Civil prestaran declaración como testigos, entre ellos el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien explicó ante el juez que el DAO Manuel Llamas pidió “ponerse de perfil” y no ser “proactivo” en casos con “afectación política”.

La investigación de la UCO también recoge que, tras la publicación de los mensajes en El Mundo, Leire Díez y Mercedes González intercambiaron mensajes que posteriormente fueron borrados. El informe detalla que “el primero de ellos resulta compatible con que se haya eliminado una conversación previa e iniciado una nueva y, por su parte, el segundo resulta indicativo de que en esa fecha y a esa hora, por parte de la directora general de la Guardia Civil se activó en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas”.

Por otro lado, el juzgado ha solicitado al PSOE que identifique a la persona que firmó el contrato de asesoramiento jurídico con Jacobo Teijelo, abogado del partido entre octubre de 2024 y junio de 2025. Se recuerda al partido el derecho a no aportar información que pueda resultar autoincriminatoria.

La investigación sigue abierta, sin que la citación de los responsables de la Guardia Civil implique una valoración previa sobre la comisión o no de los delitos. La instrucción continuará con las comparecencias previstas y nuevas diligencias que puedan surgir en el marco del procedimiento.