Carles Puigdemont ya puede volver a España sin ser detenido por la causa del ‘procés’. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto este martes la orden nacional de busca, captura y detención que mantenía contra el expresident desde julio de 2024, después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el recurso de amparo de Dolors Bassa contra la negativa a aplicarle la amnistía por el delito de malversación.
La decisión tiene efecto inmediato. Si Puigdemont regresara ahora a España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrían detenerle en virtud de la orden dictada por Llarena en esta causa. El magistrado ha ordenado comunicar el levantamiento a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y al resto de autoridades que hubieran recibido la orden para que se abstengan de ejecutarla.
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El paso dado por el Supremo llega después de que el Constitucional haya estimado el recurso de Bassa y considera que ese pronunciamiento puede afectar directamente al fundamento jurídico de la orden que pesa sobre Puigdemont. Llarena aprecia una “coincidencia sustancial” entre los hechos y la cuestión jurídica examinada por el tribunal de garantías en el caso de la exconsellera y los que afectan al expresident.
El escenario cambia así de manera sustancial para Puigdemont. Hasta ahora, la orden nacional de detención constituía uno de los principales obstáculos judiciales para su regreso a España. Desde este martes, esa orden queda sin efecto.
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El Supremo abre la puerta al regreso mientras estudia el fallo del Constitucional
La decisión de Llarena se produce después de una larga disputa judicial sobre si la malversación atribuida a los dirigentes del ‘procés’ podía quedar cubierta por la Ley de Amnistía. El juez del Supremo había rechazado en julio de 2024 aplicar la amnistía a los hechos que sustentaban la responsabilidad penal de Puigdemont y había mantenido la orden nacional de detención contra él por su presunta responsabilidad en un delito de malversación de caudales públicos.
El Constitucional ha entrado ahora en esa batalla jurídica al estimar el recurso de amparo de Bassa, y el pronunciamiento puede tener consecuencias para quienes se encontraban en una situación procesal similar. Llarena considera que la nueva resolución constitucional introduce una circunstancia que obliga a revisar de inmediato la ejecución de las órdenes.
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El magistrado todavía no dispone, sin embargo, del texto íntegro de la sentencia del Constitucional. Por eso no adopta todavía una decisión definitiva sobre la situación penal de Puigdemont. El auto señala que necesita conocer el contenido completo del fallo para determinar exactamente cuál es su alcance y qué consecuencias debe producir en la causa del ‘procés’.
Llarena utiliza para ello la facultad que le concede la Ley de Enjuiciamiento Criminal para revisar las medidas personales durante la tramitación de una causa. El juez considera que mantener activa la orden de detención mientras estudia la sentencia del Constitucional podría provocar una privación de libertad que posteriormente se revelase improcedente.
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El juez apela al derecho a la libertad reconocido en la Constitución y a la necesidad de que cualquier medida de privación de libertad esté justificada. En estas circunstancias, considera que no resulta proporcionado ejecutar una orden cuya base jurídica puede verse afectada por una sentencia constitucional que todavía no ha podido estudiar en su totalidad.
Puigdemont, Comín y Puig quedan sin las órdenes nacionales
El levantamiento alcanza también a Antoni Comín y Lluís Puig, cuyas órdenes nacionales de busca, captura y detención quedan igualmente sin efecto de manera provisional. Los tres estaban sujetos a las órdenes que Llarena había mantenido en su resolución de julio de 2024 por la causa de la malversación. Pero el efecto político y judicial más relevante se concentra en Puigdemont, cuya posible vuelta a España llevaba años condicionada por la orden de detención del Supremo. Ahora, esa barrera desaparece temporalmente.
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Llarena deja claro, no obstante, que levantar la orden de detención no equivale a amnistiar a Puigdemont. El auto precisa que la decisión no declara aplicable la Ley de Amnistía, no extingue la responsabilidad penal y tampoco resuelve las demás cuestiones que permanecen pendientes.
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