La defensa de Carles Puigdemont ha denunciado a España ante la Comisión Europea por la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de forma inmediata la ley de amnistía, un movimiento que extiende a Bruselas el choque judicial abierto tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que afecta también a Toni Comín y Lluís Puig.
El escrito presentado por el abogado Gonzalo Boye pide a la Comisión Europea una actuación urgente porque las medidas cautelares que siguen pesando sobre los denunciantes superan los 9,5 millones de euros. La denuncia sostiene que el Tribunal de Cuentas ha reabierto un trámite de alegaciones durante 10 días que, a su juicio, contraviene directamente el fallo del TJUE.
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La iniciativa se ha registrado este martes después de que el Departamento Segundo de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador acordara el lunes abrir ese plazo para que las partes personadas en la causa por la responsabilidad contable del procés presenten alegaciones. La defensa entiende que ese paso procesal no era necesario a la luz de la sentencia dictada en Luxemburgo.
Boye cuestiona al Tribunal de Cuentas
El abogado ha acompañado ese movimiento con un escrito de 86 páginas y con otra denuncia dirigida al propio TJUE. La tesis de Boye es que el Tribunal de Cuentas no ha aplicado de entrada el olvido penal y que, al hacerlo, ha incumplido una resolución europea.
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La denuncia, adelantada por VilaWeb, sostiene que el plazo para dictar la amnistía ha quedado suspendido de facto por la reapertura del trámite de alegaciones. Boye afirma que no solo se trata de una actuación innecesaria, sino de una decisión incompatible con la sentencia europea de la semana pasada.
El texto remitido a Bruselas recuerda que la providencia del Tribunal de Cuentas recogía las indicaciones del TJUE, pero evitaba aplicar la amnistía de manera inmediata. Al mismo tiempo, concedía diez días adicionales a las partes y reclamaba documentación para acreditar el origen de los fondos empleados en el referéndum del 1-O y en la acción exterior de la Generalitat.
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La defensa de Puigdemont, igual que la Fiscalía ante el órgano fiscalizador, subraya que la sentencia europea dejó claro que los gastos del procés no afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea. Sobre esa base, acusa al tribunal de tergiversar el sentido del fallo de Luxemburgo.
El fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo Santamaría, ha censurado también esa providencia. El ministerio público la considera “innecesaria e improcedente” por haber abierto un nuevo trámite y reclamar documentación adicional.
La acusación de incumplir el derecho de la Unión
En la denuncia a la Comisión Europea, Boye invoca el artículo 4 del tratado de la Unión sobre cooperación leal. El escrito sostiene que los Estados miembros deben impedir que sus órganos adopten decisiones que pongan en riesgo los objetivos de la Unión y la ejecución de las sentencias del TJUE.
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La formulación del escrito va un paso más allá y sostiene: “El incumplimiento deliberado de una sentencia del Tribunal de Justicia por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, acompañado de su tergiversación pública mediante una nota de prensa oficial, afecta al valor del Estado de Derecho en que la Unión se fundamenta”.
Hasta antes de esta providencia, la defensa había mantenido que no pensaba presentar nuevos escritos de impulso procesal ni más recursos, al considerar que la resolución europea era suficientemente clara. El cambio de estrategia se produce después de que el Tribunal de Cuentas optara por no aplicar la amnistía de manera directa.
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En paralelo, el Tribunal Constitucional ha fijado para septiembre la deliberación del primer recurso de amparo por la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a dirigentes independentistas condenados por malversación. El pleno del 22 de septiembre revisará el recurso del secretario general de JxCat Jordi Turull.
Puigdemont está encausado tanto en el Supremo como en el Tribunal de Cuentas. En esa misma situación se encuentran Lluís Puig, Toni Comín, Oriol Junqueras y el propio Turull, aunque Boye representa únicamente a Puigdemont, Puig y Comín.
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