El Constitucional despeja el camino para la vuelta de Puigdemont a España antes de las elecciones: avala la amnistía para que el juez levante su orden de detención

Carles Puigdemont podría volver a España antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión del Tribunal Constitucional de amnistiar la malversación del ‘procés’ despeja el principal obstáculo que todavía impedía el regreso del expresident: la orden nacional de detención que mantiene vigente el juez Pablo Llarena. El fallo del tribunal de garantías no levanta directamente esa orden, pero fija una doctrina vinculante que obliga al Supremo a revisar el criterio con el que hasta ahora había dejado fuera de la amnistía los delitos de malversación y permite al instructor aplicar el perdón a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig.

La secuencia que queda por completar es, por tanto, esencialmente judicial. El Constitucional ha establecido que la interpretación realizada por la Sala de lo Penal del Supremo sobre la malversación no se ajusta a la Ley de Amnistía. Esa resolución debe ser trasladada ahora al Alto Tribunal, que tendrá que aplicar la doctrina a los dirigentes del ‘procés’ que todavía tienen pendiente la situación de este delito. En el caso de Puigdemont, la consecuencia práctica será la revisión de la orden de detención que le impide regresar a España sin riesgo de ser arrestado.

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El Supremo ya había anticipado que ese sería el recorrido. El pasado septiembre, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalara la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el Derecho comunitario, Llarena rechazó aplicar todavía el perdón a Puigdemont y a Comín por la malversación. El juez mantuvo entonces el argumento que había utilizado el Supremo para excluir este delito: que los dirigentes independentistas obtuvieron un beneficio patrimonial al financiar con fondos públicos el referéndum del 1 de octubre, al evitar asumir personalmente unos gastos que correspondían a la organización del proceso.

Llarena dejó así pendiente la cuestión a la espera de que el Constitucional se pronunciara sobre el fondo del problema. Ahora que el tribunal de garantías ha fijado una doctrina favorable a la amnistía de la malversación, ese argumento pierde el sustento jurídico que mantenía abierta la orden de detención. El resultado es que Puigdemont queda a un paso de poder regresar a Cataluña. Y el calendario hace que ese paso pueda producirse antes de que los españoles acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre.

El camino que queda hasta el regreso

La decisión del Constitucional resuelve formalmente el recurso de amparo de Dolors Bassa, pero sus efectos alcanzan a todos los procedimientos en los que se planteaba la misma cuestión. La exconsellera, como otros dirigentes condenados por el ‘procés’, recurrió la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a la malversación. Su caso ha servido al tribunal de garantías para fijar la doctrina que ahora deberá trasladarse al resto de causas.

Puigdemont se encuentra en una situación procesal diferente porque nunca llegó a ser juzgado. El expresident huyó de España a finales de octubre de 2017 y permanece procesado por los delitos de desobediencia y malversación. Desde entonces pesa sobre él una orden nacional de detención dictada por Llarena, que impide que pueda regresar sin exponerse a ser arrestado y puesto a disposición judicial.

La Ley de Amnistía resolvió buena parte de las consecuencias penales del ‘procés’, pero dejó abierta precisamente esta cuestión. El Supremo consideró que la malversación no podía ser amnistiada en aquellos casos en los que los responsables hubieran obtenido un beneficio patrimonial. Esa interpretación permitió mantener viva la causa contra Puigdemont y, con ella, la orden de detención.

El Constitucional ha corregido ahora ese criterio. La sentencia sostiene que el Supremo realizó una interpretación extensiva de la excepción prevista en la ley y que no puede identificarse automáticamente el ahorro de un gasto con el enriquecimiento personal que la norma excluye de la amnistía. La distinción es determinante para Puigdemont. Si la utilización de fondos públicos para financiar el referéndum no puede considerarse por sí misma un enriquecimiento patrimonial personal a efectos de la excepción de la Ley de Amnistía, desaparece el motivo que había permitido al Supremo mantener la malversación fuera del perdón.

El Constitucional considera además que la decisión del Supremo vació de contenido la propia norma aprobada por las Cortes. Su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha defendido que la interpretación realizada por la Sala Penal era contraria al espíritu y a la finalidad de la ley, que perseguía la normalización de la situación política en Cataluña. El tribunal de garantías fija así una doctrina que será vinculante para los jueces y tribunales que tengan que resolver sobre la aplicación de la amnistía. Y ahí es donde entra de nuevo Llarena.

El juez del Supremo no tendrá que esperar necesariamente a que el Constitucional resuelva uno por uno todos los recursos de amparo presentados por los dirigentes del ‘procés’. La sentencia dictada sobre Bassa fija el criterio jurídico sobre la cuestión que impedía aplicar la amnistía a la malversación. Una vez recibida y notificada formalmente, Llarena podrá trasladar esa doctrina al procedimiento de Puigdemont y decidir el levantamiento de la orden nacional de detención. La previsión sería aplicar la doctrina del Constitucional al expresident y a los otros dos dirigentes que permanecen fuera de España, Toni Comín y Lluís Puig, sin necesidad de esperar a que el tribunal de garantías dicte una resolución específica sobre cada uno de sus recursos.

La vuelta, en plena campaña electoral

El calendario convierte la decisión judicial en una carrera contra el 29-N. El Constitucional ha resuelto el último gran obstáculo que mantenía bloqueada la aplicación de la amnistía a la malversación y el Supremo ya ha dejado claro que espera ese pronunciamiento para revisar la situación de Puigdemont. La distancia entre una cosa y otra es ahora mucho menor que hace apenas unas semanas.

Pedro Sánchez anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La convocatoria coloca el eventual regreso de Puigdemont en plena precampaña y campaña electoral. Si Llarena levanta la orden de detención una vez recibida la sentencia del Constitucional, el expresident podrá volver a España después de casi nueve años fuera del país y hacerlo antes de que los ciudadanos acudan a las urnas.

Su vuelta coincidiría además con una campaña electoral en la que Junts volverá a concurrir a las urnas con su líder fuera de España convertido durante todos estos años en uno de los principales protagonistas de la política catalana. La diferencia esta vez es que, cuando comience la campaña, Puigdemont podría estar ya de vuelta en Cataluña y participar activamente en la campaña.