
El Congreso da este jueves un paso histórico al aprobar la ley de nacionalidad para los saharauis. Tras años de bloqueo parlamentario y esperas prolongadas, la iniciativa ha salido adelante gracias al voto favorable del PSOE y la abstención del PP, permitiendo que el proyecto impulsado por Sumar vea finalmente la luz. La situación que enfrentaban las personas nacidas en el Sáhara Occidental cuando este era aún territorio español había generado una situación inédita: el 98% de las personas apátridas en España eran saharauis.
Con la nueva ley, las personas nacidas en el territorio bajo administración española antes del 29 de septiembre de 1977 podrán acreditar su derecho a la nacionalidad mediante documentos como el DNI español, aunque esté caducado, la inscripción en el censo del referéndum autenticada por la ONU, certificados de nacimiento legalizados, libros de familia o permisos de conducir. El texto extiende este derecho a los descendientes en primer grado, que dispondrán de un plazo de cinco años para presentar su solicitud.
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Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.
Cómo perdieron su nacionalidad española
Hasta 1975, el Sáhara Occidental constituía la provincia número 53 de España, bajo administración directa y con el derecho a la autodeterminación reconocido tanto por la ONU como por el propio Estado español. Esta realidad cambió con la Marcha Verde, promovida por Marruecos en 1975, que forzó la retirada de las autoridades españolas y abrió la puerta a la administración marroquí en la zona.
La inminente muerte de Franco y la incertidumbre sobre el rumbo político del país hizo que España no peleara por conservar el territorio, de manera que aceptó la pérdida de control y se retiró rápidamente a través de la ‘Operación Golondrina’. La entrada masiva de ciudadanos marroquíes y la posterior retirada de España dejaron en el limbo a miles de saharauis. Muchos de ellos, a través del Frente Polisario, iniciaron una lucha armada contra Marruecos.
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Los Acuerdos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, sellaron el traspaso de la administración del Sáhara Occidental y relegaron el futuro del territorio a un segundo plano en la agenda política española. En 1976, el Gobierno aprobó un decreto (Real Decreto 2258/1976) que permitía a los saharauis solicitar la nacionalidad española, pero la norma imponía un plazo de un año y requería trámites presenciales ante el Registro Civil o el Consulado.
Sin presencia institucional española en el Sáhara, estos trámites resultaron inalcanzables para la mayoría de los afectados, que debían desplazarse hasta la península en plena guerra y bajo el control marroquí, algo inviable para muchas familias por motivos económicos y de seguridad. Como resultado, miles de personas que nacieron en el Sáhara Occidental bajo bandera española y que conservan documentación oficial española, perdieron la nacionalidad y han tenido que esperar cinco décadas para recuperarla.
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La ley responde así a una anomalía histórica y pone fin a una espera de 50 años para decenas de miles de saharauis que, a pesar de haber nacido españoles, quedaron excluidos. En España hay en torno a 30.000 personas que la podrán solicitar, a los que se suman otros 100.000 en otros países, la mayoría de los campamentos de Tinduf, Argelia. No obstante, deja por el camino a otros muchos que no han vivido lo suficiente para ver su nacionalidad devuelta.
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