Campamentos improvisados, menores en la calle, desgaste social y riesgo sanitario: Ceuta sigue sin recuperar la normalidad 12 días después de la crisis

Han transcurrido 12 días desde que el pasado 30 de julio cerca de 72.000 personas cruzaran desde Marruecos a Ceuta y, aunque la mayoría ya ha regresado a su país, la situación en la ciudad autónoma sigue lejos de normalizarse, con campamentos provisionales para muchos migrantes y cientos de menores a la espera de una solución. La crisis, además, sigue generando enfrentamiento entre el Gobierno y el PP, que exige la comparecencia de tres ministros en el Senado, mientras que el Ejecutivo solo contempla hacerlo en el Congreso.

Aunque el Gobierno ha estimado que unos 2.000 migrantes permanecen en Ceuta tras la entrada masiva, autoridades locales y organizaciones sociales como la Asociación Elín sitúan esa cifra entre los 8.000 y 10.000, de los cuales en torno a 5.000 serían menores de edad. El Ejecutivo, sin embargo, ha registrado hasta el momento a 1.342 menores no acompañados en el sistema de acogida de Ceuta.

La mayoría de los migrantes se reparte en barrios periféricos como El Príncipe y Los Rosales, así como en la playa del Trampolín y en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), en el barrio Benítez, lugares donde se concentran en campamentos improvisados, espacios públicos o buscan refugio en viviendas cercanas. Numerosos vecinos están ofreciendo alimentos, ropa y aseo a los migrantes, pero ante la magnitud de la crisis, la ayuda también comienza a resentirse y el agotamiento entre la población local aumenta según avanzan los días, por lo que piden una mayor implicación de las instituciones.

También son los propios ceutís quienes se han encargado de habilitar espacios para acoger a mujeres y niñas migrantes, haciendo turnos para garantizar su seguridad, debido al riesgo frente a “agresiones sexuales, trata y explotación” que afrontan, tal y como ha advertido la organización Save the Children, que reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

“Hay mujeres procedentes de países del África subsahariana con perfil de solicitante de asilo que han llegado gravemente heridas y que sí han podido alojarse en el CETI, pero aún son muchos los menores que permanecen en la calle sin ningún recurso habitacional ni alimentario al que acceder. Ahora mismo esto se está sosteniendo con las organizaciones sociales que trabajan en el terreno y con la solidaridad vecinal, que se han encargado de comprar carpas para que haya sombra durante el día y mantas para que puedan pasar mejor la noche”, señala a Infobae María Jiménez, voluntaria de la Asociación Elín, organización que trabaja por derechos de las personas migrantes en Ceuta desde hace más de dos décadas.

La activista, que insiste en que tras varios días en condiciones “tan precarias” se empieza a notar el desgaste físico y psicológico entre la población, asegura que aún quedan muchos frentes abiertos, “algunos de ellos muy urgentes, y no se está dando una respuesta proporcional al nivel de crisis humanitaria” que se está viviendo en la ciudad autónoma, añade.

La situación sanitaria puede agravarse

La activista asegura que Ceuta necesita una respuesta coordinada entre el Gobierno local y el nacional para habilitar recursos donde estas personas puedan permanecer tanto de día como de noche “con un mínimo de alimentación, agua e higiene”, en beneficio de su salud y la del resto de población que vive en Ceuta. Este mismo lunes, el presidente del Colegio de Médicos de la ciudad autónoma, José Enrique Roviralta, advertía en entrevista con la Cadena Ser que la falta de vacunación y la aparición de enfermedades podrían provocar un brote epidémico y colapsar el único hospital de la ciudad, al tiempo que recordó que llevan años denunciando la falta de médicos.

Ceuta cuenta con 82.000 habitantes, lo que explica la magnitud de “la preocupación, el miedo, la incertidumbre y la sensación de abandono por parte de las autoridades” que expresa buena parte de la población local ante la crisis actual. No obstante, desde la Asociación Elín sostienen que es posible comprender todas esas emociones y, al mismo tiempo, defender los derechos humanos de las personas migrantes. “Aquí las principales personas damnificadas son quienes ahora mismo están en la ciudad sin saber realmente cuál va a ser su futuro o si les van a devolver a sus países de origen”, sostiene Jiménez.

La activista también destaca la importancia de proporcionar información y asesoramiento jurídico a los menores migrantes “para que se protejan los derechos de la infancia y puedan así acceder a los procedimientos de asilo”. Recuerda así mismo que, por el momento, al menos 141 personas han fallecido durante esta crisis, según las estimaciones de la ONG Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.