
El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España por los problemas que, según Rabat, se están produciendo en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes. El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha asegurado este miércoles a EFE que su departamento está analizando esta posibilidad y ha reclamado a España que cumpla “con seriedad” los procedimientos acordados entre ambos países.
“Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España”, ha declarado Ouahbi. El ministro explica que los problemas surgen en la fase final del proceso, cuando España ya ha detenido a una persona reclamada por Marruecos y se prepara su entrega, pero esta no llega a materializarse.
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Según su relato, el procedimiento comienza con la detención de la persona reclamada. Una vez comprobada su identidad y fijada una fecha para el traslado, Marruecos envía a agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y trasladarla a territorio marroquí. El problema, denuncia Ouahbi, es que en algunas ocasiones esos agentes llegan a España y se encuentran con que la entrega finalmente no se produce.
“Nos dicen que la persona se encontraba en libertad”, ha explicado el ministro, que considera “incomprensibles” estas situaciones. Ouahbi no ha detallado qué casos concretos tiene en mente ni cuántas personas reclamadas por la Justicia marroquí se habrían visto afectadas por estas circunstancias.
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La queja del Gobierno marroquí se centra, por tanto, en operaciones de extradición que, según su versión, llegan a una fase avanzada y terminan frustrándose cuando ya se ha organizado el traslado. El ministro ha defendido que Marruecos aplica el mismo procedimiento cuando son las autoridades españolas las que solicitan la entrega de una persona y ha asegurado que su país sí cumple con esas solicitudes. “Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles”, ha afirmado.
La advertencia de Rabat
Ouahbi ha elevado el tono de su reclamación al señalar que Marruecos no está dispuesto a seguir movilizando a sus agentes para operaciones de entrega que finalmente no se llevan a cabo. El ministro ha puesto como ejemplo los casos en los que, después de organizarse el traslado, se comunica a los agentes marroquíes que la persona ya no está disponible para ser entregada.
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“No podemos enviar a nuestros agentes para recibir a las personas cuya entrega se solicita y que luego no se produzca con el argumento de que no se presentaron a la hora prevista para la salida del avión desde el aeropuerto”, ha explicado.

Para Rabat, este tipo de situaciones pone en cuestión el funcionamiento de los mecanismos de cooperación entre ambos países. Por eso, el Ministerio de Justicia marroquí está estudiando si debe suspender la aplicación del acuerdo de extradición, aunque el ministro no ha anunciado que la decisión esté tomada ni ha concretado qué procedimiento seguiría el Gobierno marroquí para hacerla efectiva.
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La advertencia de Ouahbi se extiende también a los procedimientos de repatriación. El ministro ha asegurado que Marruecos tampoco está dispuesto a aceptar lo que considera incumplimientos en este ámbito y ha relacionado ambas cuestiones con la necesidad de que España respete los mecanismos acordados.
“Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos”, ha afirmado.
Marruecos cuestiona la política migratoria española
En la misma entrevista con EFE, Ouahbi ha ampliado sus críticas a la gestión migratoria española y ha cuestionado que España acepte y regularice a personas que llegan irregularmente mientras Marruecos trata de impedir su salida del país. “Esta es la situación actual: nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación”, ha lamentado.
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El ministro sostiene que esta aparente contradicción genera dificultades para las autoridades marroquíes, especialmente porque algunos migrantes interceptados por Marruecos cuestionan los controles al considerar que España terminará aceptándolos. “¿Por qué nos paráis si España nos acepta?”, ha asegurado que le preguntan algunos de los inmigrantes subsaharianos detenidos por las autoridades marroquíes.
Ouahbi ha insistido en que Marruecos y España no están en contra de la inmigración, sino que deben establecer unas reglas comunes para gestionarla. “Lo único que queremos es organizarla y establecer procedimientos concretos y claramente definidos”, ha señalado.
A su juicio, los dos países no pueden mantener políticas migratorias contradictorias mientras comparten frontera. “No puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras”, ha defendido. El ministro ha planteado incluso que ambos países deberían decidir conjuntamente si quieren aceptar los flujos migratorios o rechazarlos. “Este asunto debe resolverse desde la raíz”, ha afirmado.
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“Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?”, ha planteado.
Ouahbi ha relacionado estas discrepancias con los intentos de entrada irregular en España y ha cuestionado la necesidad de que los migrantes recurran a vías peligrosas si finalmente pueden ser admitidos en territorio español. “Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar?”, ha preguntado.
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Estas declaraciones se producen después de la avalancha migratoria registrada en Ceuta, cuyo punto álgido se situó el pasado 30 de julio, cuando entraron en España decenas de miles de personas. Marruecos ya había atribuido entonces parte de esa presión migratoria al denominado efecto llamada que, según su versión, habría provocado la sentencia del Tribunal Supremo español publicada el 8 de julio sobre las devoluciones en caliente de personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a territorio español.
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