
La Audiencia Nacional ha ordenado a cinco entidades bancarias que entreguen toda la información financiera de las cuentas vinculadas a Santos Cerdán y a varios miembros de su entorno familiar con el objetivo de profundizar en el análisis patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE y esclarecer el origen y destino de los fondos presuntamente relacionados con Servinabar.
La resolución firmada este martes por el magistrado Ismael Moreno, a la que ha tenido acceso Infobae, atiende la petición formulada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y respaldada por la Fiscalía, dentro de la investigación sobre el supuesto amaño de contratos de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.
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La documentación solicitada incluye los datos de apertura de las cuentas, la identificación de titulares y personas autorizadas, otros productos financieros asociados, cajas de seguridad, tarjetas bancarias, movimientos completos desde el 1 de enero de 2014, ingresos y pagos, transferencias nacionales e internacionales, operaciones de cambio de divisas, ingresos y retiradas de efectivo superiores a 300 euros, así como las comunicaciones por posibles operaciones sospechosas de blanqueo de capitales remitidas al Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y los informes internos que las sustenten.
La investigación se extiende al entorno familiar
La decisión del juez parte del informe económico-patrimonial elaborado por la UCO el pasado 14 de julio. Según recoge el auto, ese análisis se había realizado únicamente sobre los productos financieros en los que Santos Cerdán figura o ha figurado como titular o autorizado. Sin embargo, la Guardia Civil considera necesario ampliar el estudio al comprobar la estrecha relación patrimonial con varios miembros de su familia que, según sostiene, también se habrían beneficiado de fondos procedentes de Servinabar.
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En concreto, la resolución cita expresamente a su mujer, Francisca Muñoz Cano; su hija, Alba Cerdán Muñoz; su hermana, María Belén Cerdán León, y su cuñado, Antonio Muñoz Cano. Tanto la Fiscalía como el magistrado consideran procedente acceder a la información financiera de estas personas para completar el estudio económico de Santos Cerdán y de su entorno familiar.
El juez sostiene que las diligencias resultan proporcionadas y necesarias para determinar con la mayor precisión posible la situación económico-patrimonial del investigado, tanto respecto de su patrimonio formal como del que pudiera serle atribuible de hecho, así como para analizar el origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.
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Los indicios recogidos por la UCO
El auto resume parte de las conclusiones alcanzadas por la UCO en su informe patrimonial. Entre los indicios que, según los investigadores, apuntan a la existencia de una posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán figuran ingresos en efectivo realizados por Koldo García y Patricia Uriz para pagar las cuotas del renting de un vehículo, ingresos en metálico de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por un importe de 18.261,56 euros y una reducción del gasto con tarjetas y de las disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la denominada “etapa ministerial” de José Luis Ábalos y con la adjudicación de contratos investigados a Acciona Construcción.
Asimismo, el informe aprecia diferencias entre las liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados y los movimientos detectados en las cuentas bancarias bajo conceptos susceptibles de ser reembolsados.
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La resolución también recoge las conclusiones del análisis efectuado sobre Servinabar. Según la UCO, el 87,04% de los ingresos de esta mercantil procederían de Acciona o de proyectos vinculados a la constructora. Otro 2,48% tendría origen en empresas investigadas en otro procedimiento que instruye la Audiencia Nacional y un 0,66% correspondería a personas físicas o jurídicas relacionadas con Antxón Alonso.
El juez reproduce igualmente las conclusiones de los investigadores acerca de los beneficios que, presuntamente, habrían disfrutado Santos Cerdán y miembros de su entorno entre los años 2015 y 2024. Según el informe, esos beneficios alcanzarían al menos los 323.178,41 euros y se habrían materializado en distintos bienes y servicios sufragados, directa o indirectamente, por Servinabar. Entre ellos figuran el pago del primer periodo del renting de un vehículo Kia Sportage y diversas nóminas vinculadas a empresas relacionadas con Antxón Alonso.
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La Guardia Civil también sostiene que, entre finales de 2021 y comienzos de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid por un importe cercano al millón de euros destinado a Santos Cerdán, una operación que finalmente no llegó a completarse tras retirarse la parte vendedora. Para los investigadores, ese episodio evidenciaría la disponibilidad que, presuntamente, tenía el dirigente socialista sobre los fondos de la empresa.
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