
Alemania afronta el mayor programa de rearme desde la reunificación al tiempo que su economía crece al ritmo más lento de las últimas décadas y su Estado del bienestar acumula tensiones que el gasto en defensa no puede resolver. Así lo plantea Funcas en un informe reciente que sitúa el verdadero dilema fiscal alemán no en los tanques o los aviones de combate, sino en las pensiones, la sanidad y una población que envejece a ritmo acelerado.
El punto de partida es una ruptura sin precedentes con el modelo presupuestario que Alemania mantuvo durante décadas. El país combinaba un gasto militar contenido, una disciplina fiscal estricta y un Estado del bienestar generoso, con la seguridad colectiva delegada en la OTAN y el crecimiento apoyado en las exportaciones. La invasión de Ucrania, la fragmentación geopolítica y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea quebraron ese equilibrio. Berlín respondió con una reforma constitucional que modificó el llamado “freno de la deuda” —el límite de endeudamiento que había definido la política fiscal alemana durante generaciones—, excluyendo del cómputo el gasto en defensa que supere el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y creando un fondo extraordinario de 500.000 millones de euros destinado a infraestructuras.
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El impacto en el presupuesto de defensa ha sido inmediato. El gasto militar alemán creció un 24% hasta los 100.900 millones de euros, lo que convirtió a Alemania en el país europeo con mayor presupuesto militar, superando el 2% del PIB por primera vez desde la reunificación, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) recogidos por Funcas. El presupuesto de Defensa previsto para 2027 asciende a 133.300 millones de euros, y se espera que alcance los 153.900 millones en 2028, según el borrador presupuestario del gobierno recogido por el medio especializado German Policy.
Recortes en el Estado del Bienestar de 38.300 millones
Esa escalada tiene un precio que va más allá de la deuda. Para financiar el rearme sin disparar el déficit más allá de lo asumible, el gobierno del canciller Friedrich Merz ha emprendido recortes en el Estado del bienestar que suman 38.300 millones de euros hasta 2030. La reforma del sistema sanitario público prevé un ahorro de 19.300 millones de euros en 2027, con reducciones en el gasto de clínicas, médicos de cabecera y costes farmacéuticos. Las prestaciones por desempleo de larga duración también se recortan. Merz declaró que la pensión pública ya no será suficiente para mantener el nivel de vida, según recogió Brussels Signal, en lo que supone un giro en la concepción del sistema de protección social alemán.
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El contexto económico en el que se produce este ajuste agrava la ecuación. Tras dos años de contracción y estancamiento, la economía alemana se recupera con lentitud. La Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB del 0,6% en 2026, mientras que el propio gobierno alemán y el Consejo Alemán de Expertos Económicos sitúan el avance en torno al 0,5%, según recoge Funcas. Deutsche Bank coincide con esa estimación para 2026 y eleva la previsión al 1,3% para 2027. S&P Global Ratings, algo más optimista, proyecta un 0,8% para 2026 y un 1,4% para 2027-2028, impulsado por el estímulo fiscal del rearme y la inversión en infraestructuras, aunque advierte de que el impacto a largo plazo sobre el crecimiento potencial es incierto.
La presión sobre las cuentas públicas se acumula en el horizonte. La Comisión Europea estima que el déficit público alemán podría alcanzar el 4,1% del PIB en 2027. S&P prevé déficits superiores al 4% durante el período 2027-2029 y un aumento de la deuda pública neta hasta el 67% del PIB en 2029, según datos recogidos por Funcas. El endeudamiento neto previsto en el presupuesto de 2027 asciende a 118.700 millones de euros, y sumando los fondos especiales para las Fuerzas Armadas, las infraestructuras y la neutralidad climática, la nueva deuda total se acercaría a los 200.000 millones de euros, de acuerdo con German Policy.
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La población alemana envejece
A ese cuadro fiscal se añade la presión demográfica que Funcas identifica como el reto de fondo. Alemania cuenta con una de las poblaciones más envejecidas de Europa, y la jubilación masiva de la generación del baby boom se acelerará durante la próxima década. La reforma de las pensiones acordada por la coalición supone un avance estructural, pero sus efectos económicos solo se materializarán de forma gradual, mientras que su impacto inmediato será un aumento de las cotizaciones sociales, según el análisis de Funcas.

La debilidad industrial añade otra capa de incertidumbre. El modelo exportador alemán acumula presiones por la competencia china y la escasa inversión de los últimos años. Volkswagen estudia la supresión de hasta 100.000 empleos y el cierre de varias plantas en Alemania dentro de un proceso de reestructuración motivado por la competencia china, la debilidad de la demanda europea y los costes de la transición al vehículo eléctrico, según recoge Funcas. El sector industrial en su conjunto sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.
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La ejecución del propio rearme presenta también dificultades. La Bundeswehr —las Fuerzas Armadas alemanas— arrastra años de retrasos en la contratación pública, fragmentación de responsabilidades y burocracia. Berlín canceló el programa de fragatas F126, valorado en 15.000 millones de euros, por sobrecostes y retrasos acumulados, lo que ilustra cómo las disfunciones en la adquisición de material pueden comprometer la planificación industrial y generar inseguridad entre los inversores, según advierte Funcas. En el plano europeo, Alemania también se retiró del programa de avión de combate del futuro Future Combat Air System (FCAS), lo que pone de manifiesto que las prioridades nacionales pueden dificultar el rearme coordinado a escala continental.
Si el aumento del gasto en defensa se traduce principalmente en importaciones o en una baja ejecución por los lentos procesos de contratación pública, el impacto en el crecimiento alemán será limitado, advierte Funcas. El presupuesto de 2027 incluye además una brecha de financiación superior a los 100.000 millones de euros que el gobierno prevé cubrir con reservas, recortes en el bienestar y nuevos impuestos, entre ellos tasas sobre el alcohol, el tabaco y los plásticos.
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