El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha propuesto juzgar al empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, propietario de Villafuel y socio de Víctor de Aldama, al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes y a otras 14 personas por un presunto fraude de 148 millones de euros en el IVA de los hidrocarburos cometido entre 2018 y 2021 en el denominado ‘caso Gaslow’.
En un auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a los investigados por delitos contra la Hacienda Pública, organización criminal, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales. En el caso del mando de la Guardia Civil, además, aprecia presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y revelación de secretos. La resolución plantea igualmente que 82 personas jurídicas sean declaradas responsables civiles por su presunta participación en la operativa investigada.
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La decisión judicial pone fin a una de las principales fases de una investigación que ha analizado durante años el funcionamiento de una compleja estructura empresarial dedicada, presuntamente, a aprovechar el régimen fiscal de los hidrocarburos para evitar el pago del IVA y utilizar ese ahorro fiscal como ventaja comercial en el mercado.
Según el auto, la organización llegó a defraudar cerca de 148 millones de euros entre 2018 y 2020 a través de una red de operadores, suministradoras y comercializadoras de combustible que actuaban de forma coordinada.
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Una estructura articulada alrededor de Gaslow y Nascor
La investigación sitúa en el centro de la operativa a las mercantiles Gaslow Abastecimientos y Nascor Energías, dos operadores al por mayor de productos petrolíferos que, según el juez, desempeñaban un papel esencial dentro del entramado.
La tesis de la Audiencia Nacional es que ambas compañías utilizaban sociedades interpuestas para trasladar artificialmente la obligación de ingresar el IVA a empresas instrumentales que posteriormente no cumplían con esa obligación tributaria.
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El esquema, según describe el magistrado, consistía en realizar operaciones declaradas como exentas de IVA dentro de depósitos fiscales. Posteriormente, el combustible era vendido fuera de esos depósitos a través de una cadena de sociedades que debían repercutir y recaudar el impuesto. Sin embargo, la investigación sostiene que esas empresas cobraban el IVA a sus clientes sin llegar a ingresarlo en la Hacienda Pública.
Ese margen fiscal permitía ofrecer precios más bajos que los del resto de operadores del sector, incrementando las ventas y los beneficios de las empresas implicadas.
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La resolución describe una organización dividida en varios grupos que actuaban de forma coordinada y que estaban dirigidos por distintos responsables. Entre los principales investigados figuran Antonio Rodríguez Estepa, Juan Simón Martínez, Javier García Pérez y Claudio Rivas Ruiz-Capillas.
Pedraz sostiene que, aunque existían diferentes niveles de responsabilidad, todos los grupos formaban parte de una estructura común destinada a aprovechar el impago del IVA como herramienta de negocio.
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El papel atribuido a Claudio Rivas
La investigación sitúa a Claudio Rivas al frente de uno de los grupos que operaban dentro de la organización. Según el auto, el empresario lideraba un entramado integrado por Jesús de Gregorio Llopis, Emilio Carrillo González y Manuel Salles Carceller. Este grupo habría asumido el control de Gaslow durante la última etapa investigada, a partir de mediados de 2020, además de dominar sociedades como Keep It Save y Bludger Combustibles.
La resolución sostiene que estas compañías desempeñaban un papel relevante dentro de la cadena de comercialización diseñada para alargar artificialmente las operaciones y dificultar la trazabilidad fiscal del combustible.
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Para el juez, Rivas habría participado en la dirección de la estructura y en la utilización de varias sociedades que permitieron desarrollar el fraude investigado. Por ello le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, además de organización criminal, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales.
El auto también destaca la supuesta participación del capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, para quien el magistrado aprecia indicios de integración en organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.
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Un fraude que fue creciendo año tras año
Las cifras recogidas en la resolución reflejan la evolución de la presunta operativa. En 2018, la cuota defraudada habría alcanzado los 6,24 millones de euros. Según el juez, Gaslow habría reducido artificialmente el IVA a ingresar mediante operaciones declaradas incorrectamente como exentas y a través de deducciones que no se correspondían con cuotas efectivamente soportadas.
La cantidad aumentó de forma notable en 2019. Ese año, la investigación cifra el fraude en 30,09 millones de euros. La operativa, según el auto, ya incluía un mayor número de sociedades instrumentales y una estructura más sofisticada destinada a ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones.
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El salto definitivo llegó en 2020. De acuerdo con los cálculos de la Audiencia Nacional, Gaslow y Nascor canalizaron buena parte de sus ventas a través de sociedades como Anevoc Carburantes, Keep It Save, Ecotar Power y Serrezoil. Tras analizar la actividad de estas compañías y descontar determinadas cantidades ingresadas, la cuota presuntamente defraudada ascendió a 111,8 millones de euros. La suma de los tres ejercicios eleva el perjuicio económico atribuido a la trama hasta cerca de 148 millones de euros.
El presunto blanqueo de los beneficios
La investigación no se limita al fraude tributario. El juez sostiene que, una vez obtenidos los beneficios derivados del impago del IVA, parte del dinero fue sometido a distintas operaciones destinadas a dificultar su rastreo y alejarlo de su origen.
El auto cifra en casi 60 millones de euros las cantidades que habrían sido movidas mediante transferencias a entramados societarios, operaciones internacionales, compras de inmuebles, adquisición de vehículos de alta gama, retiradas de efectivo e inversiones en criptomonedas.
Entre las prácticas analizadas aparecen transferencias al extranjero, movimientos entre sociedades vinculadas a los investigados y la utilización de empresas que presuntamente emitían facturas por servicios inexistentes para justificar la salida de fondos.
La resolución describe además cómo distintos grupos de la organización habrían utilizado sociedades propias para facturar a las empresas que generaban el fraude, creando así una apariencia de actividad económica legítima mientras se redistribuían los beneficios obtenidos.
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