La Audiencia Nacional amplía seis meses más la investigación del presunto fraude por hidrocarburos que afecta a Aldama

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz que instruye la causa por un presunto fraude en el sector de los hidrocarburos en la que está imputado el empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del 'caso Koldo', ha acordado extender el plazo de la investigación judicial seis meses más, hasta diciembre de 2026.

Así consta en un auto de este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el titular de la Plaza 5 del Tribunal Central de Instancia ha ampliado el plazo a petición de la Fiscalía con el fin de cumplimentar "varias diligencias de investigación" cuyo avance determinará otras "e, incluso, nuevas imputaciones" en el 'caso hidrocarburos', que gira en torno a Villafuel, la empresa propiedad de Claudio Rivas.

Pedraz señala que "dada la naturaleza de los hechos y delitos investigados, se han practicado numerosas diligencias", entre las que destaca los registros en numerosos domicilios y sedes sociales en octubre y diciembre de 2024, tras las cuales el magistrado ordenó el ingreso en prisión provisional de Aldama, que un mes después quedó en libertad al ofrecer colaboración en el 'caso Koldo'.

El juez asevera que en ellos fue "intervenida numerosa documentación" que está "pendiente su examen e informe por parte de la unidad policial encargada de las investigaciones".

Asimismo, Pedraz reitera que se han librado órdenes europeas de investigación a Portugal y la documentación intervenida también están pendiente de análisis.

Cabe recordar que el juez de la AN ya acordó el pasado diciembre prorrogar la investigación hasta junio de este año, al estar pendiente del análisis de "numerosa" documentación sobre un supuesto fraude que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuantifica en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024.

EL FRAUDE DE LOS HIDROCARBUROS

En uno de los atestados de la causa, la UCO explicó que el esquema básico de este tipo de fraude, detallando que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales --donde se almacena el producto-- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido. Sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del presunto fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es "perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal" y "salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones", dado que obtener ese título de operador es complicado, indicaba.