
La trama de corrupción del caso Koldo empezó en el Ministerio de Transportes. Con Ábalos como su principal representante, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama habrían utilizado sus influencias para conseguir una serie de beneficios fuera de la legalidad. Sin embargo, una de las dudas que todavía quedan por disipar es si este presunto caso alcanzó a otros ministerios de ese momento.
La primera sesión de esta tercera semana del juicio se ha centrado en gran medida en esta idea, con dos testigos que han negado cualquier tipo de intervención en estos supuestos. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha podido escuchar cómo Interior “cumplió la legalidad” en la compra de mascarillas o que Industria no intervino en entregar la licencia de hidrocarburos a la empresa Villafuel.
Por parte de Interior, se ha sentado en la silla de los testigos el que entre 2020 y 2025 fue secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz. Las sospechas que pesan sobre este Ministerio son que, igual que Transportes, compraron lotes de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión y Ayuda a las Empresas, S.L., la presunta intermediaria con la que los imputados consiguieron las ‘mordidas’.
No hubo ningún problema de legalidad
“Se contrató con Soluciones de Gestión y con otras empresas”, ha relatado Pérez, a lo que ha añadido que se encontraban en “un marco en el que teníamos funcionarios, policías y guardias civiles, que no se podían quedar en casa, por lo que todo el personal del Ministerio nos movilizamos para ponernos en contacto con otras instituciones”.
“Fueron momentos totalmente angustiosos. Estamos hablando de que cuando se declaró la pandemia eran 15 días y los policías no se podían quedar en casa, por lo que era comprar millones” de estos productos. De esta manera, tuvieron “conocimiento de que Transportes tenía una línea”, por lo que decidieron contactar con ellos para poder seguirla.
En este punto sí ha especificado que hubo contactos con Koldo, al ser el asesor de Ábalos, pero solo “para saber si podíamos hacer uso de esa línea”. En estas comunicaciones ha explicado que “no se indicó ningún precio ni hubo ninguna indicación concreta” por parte del acusado.
Sobre esas primeras compras ha sido tajante al declarar que sabe que “se llevaron a cabo con legalidad” y que dichos contratos fueron fiscalizados, “porque lo son todos”, y “no dieron ningún problema, no hubo ningún problema de legalidad”.
La reunión por la licencia de hidrocarburos de Villafuel

La implicación por parte del Ministerio de Industria habría sido con la presunta entrega de favores a Ábalos para que influyera en que la empresa Villafuel, vinculada a Claudio Rivas, consiguiera una licencia de hidrocarburos fuera de los cauces legales. Para ello, Koldo García, “con el conocimiento y la aprobación” de Ábalos, según describe el auto de apertura de juicio oral, habría intervenido para que “se concertara una entrevista entre don Claudio Rivas y doña María del Carmen Pano Sánchez, interesados en obtener una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, con don Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, que era entonces doña María Reyes Maroto Illera”.
La empresaria Carmen Pano ya declaró que esta reunión se había llevado a cabo y que Claudio Rivas salió de ella “muy contento”, pensando que ya habrían conseguido esa licencia. El empresario, al parecer, empezó a fardar de este logro, que finalmente nunca llegó.
Sin embargo, el que fue jefe de gabinete de Reyes Maroto ha quitado hierro al asunto, al declarar que fue una reunión totalmente normal y que no llevó a más. En ese momento ya sabía que Koldo era el asesor del ministro y un día le llamó para hablarle de “una empresa de hidrocarburos”. “El mismo día de la reunión recibí un mensaje en el que venían las personas que iban a asistir”, ha relatado.
En la reunión estuvieron Koldo, Hidalgo y Pano y, por parte del ministerio, él mismo y dos funcionarios de carrera que le acompañaban. Ha asegurado que no recuerda del todo lo ocurrido, pero viendo su documentación, ha podido defender que hicieron “la presentación de la empresa, una serie de comentarios y remitieron una solicitud de una licencia”.

“Les dijimos que no éramos competentes y les remitimos a la Secretaría de Estado de Energía”, ha indicado. Tampoco ha recordado si informó de esta reunión a la ministra: “Como director de gabinete hacemos cribado y ese día había cuatro temas importantes, por lo que no sé si se lo comenté”.
Un nuevo dato que sí ha aportado sobre Aldama es que sí existió una reunión, años antes, en la que él y otros empresarios querían solicitar una subvención del ministerio para un promotor musical. La reunión fue cerrada por la propia ministra, pero no ha especificado si ambos llegaron a hablar entre ellos.
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