
Un total de 117,8 millones de personas se vieron obligadas en 2025 a huir de sus hogares a consecuencia de los conflictos, persecuciones u otros actos violentos, lo que supone un 4% menos respecto a 2024, el primer descenso registrado en la última década, según ha señalado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su reciente informe anual. Ese descenso, sin embargo, no responde a que se haya producido una mejora en sus condiciones de vida, sino al “incremento de las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos” a nivel global, tal y como ha denunciado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que este lunes ha presentado su propio balance de 2025.
De acuerdo al informe de CEAR, en España se presentaron 144.396 solicitudes de protección internacional a lo largo del año pasado, un 13,7% menos respecto a 2024, por lo que por primera vez se interrumpe la tendencia al alza. No obstante, España es el tercer país europeo que más solicitudes recibió, solo por detrás de Alemania y Francia.
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Ese descenso de peticiones responde, por un lado, “al impacto del Reglamento de Extranjería (RELOEX)”, que entró en vigor en mayo de 2025 y no permite computar el tiempo de espera durante la resolución de asilo para los distintos tipos de arraigo, y, por otro, “al progresivo endurecimiento de las políticas migratorias, en particular los acuerdos de control y externalización de fronteras con terceros países como Marruecos, Mauritania y Senegal”, explica la organización.
América Latina y África son las principales regiones de las que proceden 9 de las 10 nacionalidades con mayor número de solicitudes, con Somalia y Guinea como principales novedades, a las que se suma Palestina. Venezuela, no obstante, es el país que acumula más peticiones de asilo, con un total de 85.413, seguido de Mali, con 16.004, y de Colombia, que suma 14.524.
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Los datos también muestran cómo el nivel de protección ofrecido por España sigue descendiendo drásticamente y es de los más bajos de la Unión Europea, ya que en 2025 se situó en un 11,2%, lo que representa un descenso del 7,3% respecto a 2024, una cifra muy por debajo de la media europea, que supera el 35%.

Pacto migratorio europeo
Entre las políticas hostiles de externalización de fronteras y de retornos forzosos que han influido en el descenso de las personas desplazadas a nivel global, CEAR destaca el Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entró en vigor este 12 de junio, y que supone un endurecimiento de la política migratoria en el bloque, ya que implica un mayor control fronterizo, la aceleración de los procedimientos y la aplicación de un sistema de solidaridad obligatorio.
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La organización llama la atención especialmente sobre la lista común de países considerados seguros, ya que entre ellos “se incluyen algunos con graves déficits en materia de derechos humanos como Turquía, Colombia, Egipto o Túnez”. Además, alerta sobre el futuro Reglamento de Retorno que supone graves riesgos para los derechos humanos al prever la detención prolongada o expulsiones a centros de deportación de terceros países, sin que sea necesario vínculo previo entre la persona y el país.
“España tiene aún margen de maniobra para que la implementación del Pacto garantice derechos. Para ello, debemos reclamar al Gobierno que se comprometa a respetar el principio de no devolución, el acceso a la asistencia jurídica, el derecho a la información y a la interpretación de calidad”, señala Mónica López, directora de CEAR, que también reclama atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, “entre las que se encuentran muchas niñas, niños y adolescentes”.
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Llegan menos migrantes a Canarias
Según CEAR, las políticas de externalización de fronteras también han provocado un descenso en las llegadas de personas migrantes a las costas españolas. De acuerdo a los datos del Ministerio del Interior, entre enero y mayo de 2026 arribaron un total de 10.224 extranjeros por vía marítima y terrestre, lo que supone un 35% menos que los 15.769 que llegaron en el mismo periodo de 2025. También ha habido una reducción considerable de las llegadas a costas canarias: 3.184 migrantes, un 71% menos que el año pasado, aunque los que arribaron a Baleares por vía marítima han aumentado un 13%, consolidándose la nueva ruta que parte desde Somalia.
Por ello, CEAR insiste en la necesidad de que España “habilite vías legales y seguras para garantizar el acceso a la protección internacional y evitar más pérdidas de vidas en las rutas migratorias”.
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Cabe recordar que, según el último informe de Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década, el número de personas que han fallecido tratando de llegar al país entre enero y mayo de este año es de 1.317, de las que 142 eran mujeres y 129 menores de edad.
CEAR también denuncia en su informe anual que las vulneraciones de derechos no solo se producen en las fronteras, países de tránsito u origen, sino que “también persisten obstáculos en el acceso a derechos básicos en España, lo que dificulta los procesos de inclusión y multiplica las situaciones de vulnerabilidad de las personas migrantes y refugiadas”. Esos obstáculos incluyen el reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital, el acceso a una vivienda digna y al empadronamiento, además de “la escalada del racismo y la xenofobia”. De hecho, concluyen, los delitos e incidentes de odio contra la población migrante aumentaron un 23,6% en 2025, la mayor cifra desde que hay registros del Ministerio de Interior.
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