Qué cambia con el pacto migratorio que endurece el control fronterizo en la Unión Europea y que entra en vigor este viernes

Este viernes 12 de junio entra en vigor el Pacto de la Unión Europea sobre Migración y Asilo, aprobado hace dos años. La nueva normativa exige a los 27 Estados miembros reforzar los controles fronterizos, acelerar los procedimientos y aplicar un sistema de solidaridad obligatorio, lo que confirma un endurecimiento de la política migratoria en el bloque.

La Comisión Europea ha destacado en un comunicado que el objetivo principal de este nuevo marco normativo es “superar el sistema fragmentado que existía hasta ahora”, ya que el pacto establece un modelo común que busca homogeneizar la respuesta europea ante los flujos migratorios. Sin embargo, la implementación ya muestra dificultades: el objetivo de reubicar a 21.000 personas en 2026 se enfrenta a la realidad de que los Estados miembros solo se han comprometido a acoger menos de la mitad de esa cifra, mientras que Hungría y Eslovaquia no han ofrecido ninguna plaza para reubicación.

Uno de los pilares del pacto es la aplicación de procedimientos más estrictos para las llegadas irregulares, entre los que se encuentran la identificación en un máximo de 7 días de cualquier persona que cruce irregularmente una frontera comunitaria.

También se reforma el sistema Eurodac, la base de datos de huellas dactilares europea, que se convertirá en una plataforma integral de gestión migratoria donde también se registrarán imágenes faciales, con una controvertida reducción de la edad mínima para registros biométricos, que pasará de los 14 a los 6 años.

El pacto introduce un procedimiento acelerado de 12 semanas para quienes llegan de forma irregular, periodo en el que se examina su solicitud y, en caso de denegación, se resuelve su retorno. Durante ese tiempo, la persona no será considerada jurídicamente dentro del territorio europeo. Esta vía rápida se aplicará obligatoriamente a solicitantes que representen un riesgo para la seguridad o provengan de países con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20 % en la Unión Europea.

El acuerdo establece, además, un sistema de solidaridad obligatorio para los Estados miembros que soportan mayor presión migratoria, como es el caso de España, Italia, Grecia y Chipre. Todos los países de la UE deberán participar mediante reubicaciones, asistencia operativa o aportaciones económicas de 20.000 euros por cada persona que les correspondería acoger.

Críticas de las organizaciones humanitarias

El nuevo pacto ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones humanitarias. En España, asociaciones como Amnistía Internacional, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Médicos del Mundo, Oxfam o Cáritas han reclamado que se aplique “de la forma más garantista posible conforme a los derechos humanos y en pleno cumplimiento con los derechos establecidos en el marco jurídico español y los compromisos internacionales”. La entidad advierte sobre el riesgo de que el nuevo sistema restrinja derechos y profundice situaciones de vulnerabilidad para quienes buscan protección internacional.

Estas organizaciones han expresado su preocupación por el refuerzo de los controles en frontera que introduce el nuevo sistema de triaje del pacto y señalan que estos controles incluyen el uso intensivo de datos biométricos y la externalización del control migratorio hacia países terceros, “muchos de los cuales no ofrecen garantías plenas en materia de derechos humanos”.

“Los Estados miembros deben garantizar personal debidamente capacitado, incluyendo personal sanitario cualificado y personal especializado en controles de vulnerabilidad. Esto es especialmente importante para personas en situación de vulnerabilidad que no soliciten protección internacional. En estos casos, el artículo 18 del Reglamento de triaje, permite la entrada por motivos humanitarios”, explican las organizaciones.

Asimismo, reclaman la derivación automática al procedimiento adecuado desde un enfoque basado en derechos humanos e interseccional, asistencia letrada gratuita y especializada durante todo el procedimiento, interpretación de calidad desde el registro de solicitud y limitación de la toma de datos biométricos de menores de 14 años “a supuestos absolutamente necesarios y sin coerción”.

(Con información de la agencia EFE)