Cuando la deuda por “cobros indebidos” del Ingreso Mínimo Vital impide a menores acceder a becas: “No es justo que mi hija pague por un error que no es suyo”

Cristina Martín jamás imaginó que cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) fuera a convertirse en una auténtica pesadilla que no solo está condicionando su vida, sino también la de su hija adolescente. Al cumplir los requisitos como madre de dos hijos, divorciada y sin empleo, recibió esta ayuda durante casi un año y medio, desde junio de 2020 hasta octubre de 2021, cuando la Seguridad Social le reclamó una deuda de 12.000 euros por supuestos “cobros indebidos”, pero que ella atribuye a un error de la Administración y que actualmente está pendiente de resolución en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Ahora, como la deuda permanece en los registros oficiales, su hija de 16 años “ha quedado excluida de forma automática” de unas becas que concede la Xunta para estudiar Bachillerato en el extranjero.

Antes de acceder al Ingreso Mínimo Vital, Cristina recibía una ayuda anual de 600 euros por sus dos hijos. En junio de 2020, la Seguridad Social le comunicó que pasaría a percibir el IMV, con un importe mensual de 740 euros, sin que ella hubiera solicitado el cambio. Después de estar 14 meses cobrando esta prestación impulsada por el Gobierno central para prevenir el riesgo de pobreza, recibió una notificación en la que se le reclamaba la devolución total de lo recibido, más de 12.700 euros, por lo que decidió reclamarlo ante los tribunales.

Mientras el caso no se resuelva en la Justicia, Cristina no puede obtener el certificado de estar al corriente de obligaciones, un requisito imprescindible para acceder a ayudas públicas, por lo que su hija no ha podido optar a esas becas. La Xunta justifica esta exclusión por la deuda pendiente de la madre, a pesar de que el Ministerio de Educación sí le ha concedido a la joven la beca máxima para cursar sus estudios.

“Mi hija de 16 años, que cumple todos los requisitos académicos y ya recibe la beca del ministerio, no puede optar a estas ayudas de la Xunta únicamente por esta situación que aún está en litigio. Es decir, se le está negando la igualdad de oportunidades a una menor por un problema administrativo que todavía no se ha resuelto”, dice indignada Cristina a Infobae. “No es justo que mi hija pague las consecuencias de un error que no es suyo y de un procedimiento que lleva años alargándose", añade la mujer, que considera que la Administración debería garantizar que, mientras un caso está pendiente de resolución judicial, “no se perjudique a terceros, y mucho menos cuando se trata de menores de edad”.

No se han adoptado medidas cautelares como en otros casos

Cristina, que continúa desempleada, lamenta que en su caso no se hayan adoptado medidas cautelares que impidan que la deuda aparezca en los registros oficiales, a diferencia de otras personas en situación similar a quienes la Seguridad Social también reclama estos supuestos cobros indebidos. También destaca que el colapso en los tribunales impide que estos procedimientos avancen con mayor rapidez.

“Yo no tengo la culpa de que los juzgados estén desbordados y haya un retraso enorme, incluso de años, para emitir una sentencia, y al final quien paga todo esto es mi hija”, critica. “Ella estudia, se esfuerza, pero le están cerrando puertas, porque la oportunidad que pierde este año no la va a recuperar. Solo pido que no se castigue a una menor por un problema que está sin resolver, no le corresponde cargar con esto”, concluye.

La situación de Cristina refleja la experiencia de otras muchas familias que han recibido el Ingreso Mínimo Vital y ahora enfrentan reclamaciones de la Seguridad Social por supuestos cobros indebidos. Desde la plataforma de afectados por el IMV han denunciado reiteradamente resoluciones que consideran injustas, así como la falta de coordinación entre administraciones, errores en el cálculo de los ingresos y la demora en los procedimientos, agravada por el silencio administrativo.

En junio de 2024, numerosos afectados, con el apoyo de la ONG Movimiento Internacional ATD-Cuarto Mundo, presentaron una denuncia contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Alegaron que la Ley del Ingreso Mínimo Vital no se ajusta a la Carta Social Europea, el principal marco de protección de los derechos sociales en los países del Consejo de Europa.

El Gobierno puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital en junio de 2020 como respuesta social a la pandemia, con el objetivo de prevenir la pobreza y la exclusión social, y desde entonces -hasta marzo de 2026- ha llegado a un total de 829.399 hogares en los que viven algo más de 2,5 millones de personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). De ese total, más de un millón son niños, niñas y adolescentes.

La cuantía media de la prestación es de 543 euros al mes por hogar y la media de edad de los beneficiarios se sitúa en los 28,5 años. Sin embargo, los requerimientos para devolver esta prestación han agudizado los problemas que ya venían arrastrando muchas personas en situación de vulnerabilidad.