El Congreso de los Diputados ha acordado este jueves tramitar la reforma legal para acortar los plazos judiciales en los recursos contra los procesos de eutanasia. La iniciativa, impulsada por el Parlamento catalán, busca evitar grandes demoras que prolonguen el sufrimiento de los pacientes.
La Cámara Baja ha tomado en consideración la proposición de ley con 178 votos a favor y 169 en contra. El texto, que todavía necesita el sí definitivo de las Cortes, fija como referencia un plazo de 25 días para obtener respuesta judicial. Este límite evitaría demoras excesivas como en el caso de Noelia Castillo, que esperó cerca de dos años para conseguir la eutanasia, o el de Francesc Augé, que aún espera la resolución final de su caso. El objetivo es que el proceso “sea lo más breve posible y no se dilate mas allá de lo estrictamente imprescindible”.
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La reforma ha sido defendida este jueves en el Congreso por Sara Jaurrieta, Jordi Fàbrega y Juli Fernández, diputados de PSC, Junts y ERC. “La eutanasia es uno de los procesos más garantistas; no es una decisión precipitada ni frívola, sino un procedimiento muy riguroso", ha asegurado Fàbrega. Así, el objetivo de esta iniciativa legislativa no es “instaurar un nuevo derecho, sino perfeccionarlo en un momento muy complejo de la vida de la gente; aspira a dar certidumbre", ha agregado Fernández.
PP y Vox rechazan acelerar los recursos contra la eutanasia
La iniciativa ha salido adelante con la oposición de PP, Vox y UPN. Desde el Partido Popular, se han mostrado en contra “de acelerar procedimientos judiciales. ”Ante una decisión irreversible, las garantías nunca sobran cuando está en juego la vida humana", ha defendido el diputado Antonio Román. En respuesta, la diputada socialista Carmen Andrés ha dicho que “el derecho a la eutanasia es incuestionable y se trata de mejorar las leyes para que un interés legítimo no agrave más el sufrimiento”.
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Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, comparte su historia y su firme decisión de recibir la eutanasia. A pocos días de su muerte programada, explica las razones detrás de su elección para dejar de sufrir.
Andrés ha añadido que “nadie puede imponer el sufrimiento a otro” y ha reprochado al PP que invoque los cuidados paliativos cuando en Madrid, según ha afirmado, “se dejó morir” a las personas mayores con covid. Desde Vox, María de la Cabeza Ruiz ha definido la eutanasia como “el peor de los fracasos” y ha defendido el derecho de un familiar a recurrir esa decisión.
Júlia Boada, de Sumar, ha recordado que el debate abierto ahora no es sobre la existencia de la eutanasia, sino sobre la obligación de la democracia de garantizar derechos individuales. Pilar Vallugera, de ERC, ha defendido la urgencia de corregir retrasos injustificables que afectan a un derecho que ha definido como “un derecho de vida y no de muerte”.
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Las esperas de Noelia y Augé
La reforma tomada en consideración por el Congreso de los Diputados espera poder evitar demoras excesivas en los casos en los que un familiar ponga en duda el proceso de eutanasia de un solicitante. El pasado 19 de mayo, el Tribunal Supremo reconoció la legitimidad de personas con “vinculación particularmente estrecha” a los pacientes para recurrir ante la justicia su proceso de muerte asistida.
Así lo hizo el padre de Noelia Castillo, la joven catalana que solicitó la eutanasia tras quedar parapléjica en 2022. Noelia falleció el 26 de marzo de 2026 a sus 25 años, casi dos años después de que las autoridades le concedieran su derecho a la muerte digna, debido a la lentitud de los procesos judiciales.
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El mismo camino sigue ahora Francesc Augé, hombre de 56 años a quien la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña concedió la eutanasia en 2024. Su padre, de 90 años, ha llevado su caso a la justicia alegando que Augé sufre problemas mentales.
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