Denuncian un aumento de controles raciales y detenciones en pleno proceso de regularización: “La Policía está a la caza de migrantes”

Desde que hace un mes y medio se puso en marcha la regularización extraordinaria de migrantes, el proceso no solo ha estado marcado por las trabas burocráticas que los solicitantes deben sortear para lograr el certificado de vulnerabilidad en los servicios sociales de muchos ayuntamientos o conseguir los antecedentes penales en algunas embajadas y consulados. Las entidades colaboradoras, que han asumido buena parte del peso de la regularización facilitando los trámites a los solicitantes, denuncian que en estas últimas semanas no han dejado de aumentar las detenciones policiales y los controles por motivos raciales.

“Lo que realmente pedimos es que la policía deje de estar a la caza de las personas migrantes. Están a la caza de la gente marroquí, argelina, de las personas negras y es dolorosísimo. Es terrible cómo han aumentado las detenciones. Ejemplo de ello es que el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia está lleno”, dice a Infobae la activista Silvana Cabrera, una de las portavoces del movimiento Regularización Ya e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA. “Nos da hasta miedo que la gente que viene a las organizaciones sociales con su documentación con la intención de poder acceder a la regularización pueda ser detenida”.

Cabrera relata que, hace unos días, la policía interceptó a dos jóvenes colombianos en situación irregular que se dirigían a trabajar como jornaleros en el campo tras realizar gestiones para regularizar su situación con ayuda de esta organización, y uno de ellos fue detenido y trasladado al CIE de Valencia. También menciona el caso de un joven marroquí detenido en la calle cuando iba a entregar documentación a su abogado, quien igualmente fue ingresado en el CIE.

“¿Tenemos que decir a la gente que se encierre en su casa hasta que consigan regularizarse?“, se pregunta indignada, sobre todo porque muchas de las personas sin papeles ”viven al día”. “Estamos en pleno proceso de regularización extraordinaria y la gente migrante tiene que poder caminar tranquila con su documentación. Damos por hecho que el Gobierno no va a ampliar el plazo para presentar las solicitudes más allá del 30 de junio fijado, pero pedimos que las instituciones colaboren y que la policía deje de tomarse venganza contra la comunidad migrante”, añade la activista.

La Policía, por su parte, ha señalado a Infobae que no dispone del número de detenciones que se han llevado a cabo en estas últimas seis semanas desde que comenzó la regularización, mientras que el Ministerio del Interior se ha limitado a señalar que “no se ha producido ningún cambio” en este periodo.

Deportaciones exprés

Además de las detenciones, a lo largo de estas semanas también se han producido numerosas deportaciones exprés, según denuncian las organizaciones sociales, como la de Abdou Ngom, un joven senegalés sin papeles que llevaba residiendo tres años en España y que iba a acogerse a la regularización. La policía, que retenía su pasaporte por contar con una orden de expulsión en firme, lo detuvo el pasado 18 de mayo, cuando el hombre acudió a una comisaría para firmar unos documentos. Tan solo unas horas después y sin posibilidad de contactar con su abogada, estaba subido a un avión con rumbo a Dakar, la capital de Senegal. Aterrizó sin dinero y a 400 kilómetros de su pueblo natal.

Su abogada, Marta Llonch, explicó a este periódico que Abdou fue víctima de una “cita trampa”, una práctica denunciada por colectivos antirracistas en la que las autoridades utilizan estas comparecencias obligatorias para ejecutar deportaciones exprés, dentro del plazo legal que permite la detención sin autorización judicial si existe una orden de expulsión firme.

Desde Regularización Ya expresan su inquietud por la continuidad de los vuelos de deportación durante el proceso de regularización, señalando que representan “un negocio millonario para las aerolíneas implicadas —Air Nostrum, Air Europa y Plus Ultra—, compañías que, además, fueron rescatadas por el Gobierno en la pandemia".

Tras recibir varias quejas, también el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidió este lunes a la Policía que no expulse a migrantes que estén tramitando su permiso de residencia y trabajo en España a través de la regularización y solicitó que, durante el periodo del proceso -desde el pasado 16 de abril hasta el 30 de junio- no se emitan órdenes de expulsión de ciudadanos que carezcan de antecedentes penales en base a su situación irregular.

También recomienda que, si una persona demuestra que ha pedido la residencia por arraigo extraordinario y presenta el justificante, la Policía revise esa documentación antes de iniciar cualquier trámite de expulsión. Y en caso de que ya haya una orden de expulsión, la ejecución debe aplazarse hasta que se resuelva la solicitud de regularización.