Las dificultades en ayuntamientos y consulados marcan el primer mes de la regularización de migrantes: “Se han tomado el real decreto como un menú a la carta”

Este 20 de mayo se cumple un mes desde que comenzó el plazo para solicitar de forma presencial la regularización extraordinaria de migrantes, un proceso marcado por los obstáculos administrativos en todo el país y en el que las entidades sociales “están asumiendo el peso principal”. Las dificultades para obtener el certificado de vulnerabilidad en los ayuntamientos y el de antecedentes penales en embajadas y consulados complican el acceso al trámite, según denuncia la plataforma Regularización Ya.

“Las administraciones han tomado el real decreto para la regularización de personas migrantes como un menú a la carta, donde han convertido el padrón municipal en un elemento determinante para acreditar la vulnerabilidad. Sin este documento, no pueden acceder a derechos básicos como la salud, el empleo formal o la vivienda”, explica a Infobae la activista Victoria Columba, portavoz de Regularización Ya. Ante la falta de respuestas de las administraciones, añade, son las entidades sociales acreditadas como colaboradoras de Extranjería las que “han asumido el peso del proceso”, ofreciendo asesoramiento gratuito, gestionando solicitudes y emitiendo certificados de vulnerabilidad.

Además de estas trabas y, ante la falta de alternativas, muchas personas migrantes han recurrido a servicios legales cuyos honorarios “superan sus posibilidades económicas”, una situación que, según advierten desde Regularización Ya, “refuerza la vulnerabilidad de este colectivo y alimenta el discurso antiinmigración en un contexto de ambigüedad institucional”.

El movimiento se muestra especialmente preocupado por la situación en consulados de países como Cuba, Argelia, Nigeria, Mali o Guinea Conakry, donde la obtención de los certificados de antecedentes penales registra retrasos significativos. Advierten que estos obstáculos pueden dejar fuera del proceso a solicitantes que dependen de la gestión de la Embajada de España en esos países, por lo que reclaman la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores para agilizar los trámites y evitar exclusiones.

La plataforma también denuncia que mientras se desarrolla el proceso de regularización, las expulsiones de migrantes no se han detenido. “La maquinaria racista de las deportaciones continúa su gran negocio de expulsar personas que podrían acceder a la regularización”, señala Columba, que denuncia situaciones como la de Mounir M., un joven marroquí que fue detenido por la Policía cuando iba al Ayuntamiento de Valencia a presentar la solicitud de regularización y acabó internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Al no tener permiso de residencia o trabajo y, pese a contar con el padrón, tarjeta sanitaria y número de la seguridad social, los agentes le detuvieron.

Ante la saturación de las administraciones y las dificultades para conseguir citas previas y certificados, Regularización Ya solicitará una ampliación del plazo para presentar solicitudes. El proceso concluye el 30 de junio, una fecha que consideran insuficiente dadas las demoras acumuladas.

Pese a los problemas, la organización define esta regularización —la séptima que se lleva a cabo en España desde 1986— como un “hito histórico” y afirma que las entidades sociales mantendrán su esfuerzo para que el proceso llegue al mayor número de personas. Se estima que esta nueva regularización permitirá a medio millón de personas obtener permiso de residencia y trabajo.