El aislamiento complica la regularización de jornaleros y empleadas internas: “Hay mujeres que solo tienen libres tres horas cada 15 días”

Reunir los documentos necesarios para acceder al proceso de regularización extraordinaria, como es el caso del certificado de vulnerabilidad para quienes no pueden demostrar vínculo familiar ni contrato de trabajo, supone un desafío mayor para las empleadas de hogar internas y para las personas jornaleras que trabajan en el campo. Las jornadas interminables, el escaso descanso y unos salarios que no alcanzan el mínimo interprofesional las mantienen en una vulnerabilidad constante y el hecho de que apenas puedan salir del lugar donde viven y trabajan lo vuelve todo más difícil aún. La situación se agrava para quienes viven en zonas rurales alejadas de embajadas y consulados, donde se tramitan los informes de antecedentes penales, requisito imprescindible.

“Hay personas que trabajan de lunes a sábado, e incluso hay internas que solo pueden salir tres horas cada 15 días. Si además esa trabajadora está enferma o no llegan los hijos de la persona que está cuidando, no puede salir de la casa, con lo cual no puede tramitar la documentación necesaria”, explica a Infobae Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya en Valencia e integrante de la Unidad Móvil Migrante para la DANA.

El aislamiento de las empleadas internas también supone un problema a la hora de demostrar que llegaron a España antes del 31 de diciembre de 2025 y acreditar los cinco meses de residencia que exige el proceso. “No pueden obtener esas pruebas porque están encerradas en una casa. Nos ha llegado el caso de una mujer que solamente necesita una prueba de residencia de un mes, pero no puede aportarla porque durante ese mes no pudo salir de la casa donde trabaja. Por situaciones como esta decimos que el trabajo de interna es la esclavitud moderna”, añade la activista.

Brecha idiomática

La barrera del idioma representa un obstáculo adicional para muchas personas migrantes que quieren acogerse a la regularización, sobre todo para quienes proceden de países como India, Nepal o Pakistán. La gestión de trámites en embajadas y consulados y la comprensión de la documentación oficial se complica para quienes no dominan el español, lo que limita el acceso de estas personas a servicios y respuestas a sus dudas, según denuncia Regularización Ya. “Conseguir información clara o resolver gestiones administrativas resulta mucho más difícil cuando no hay recursos disponibles en su idioma”, señala Cabrera.

En embajadas y consulados se tramita el certificado de antecedentes penales, un requisito fundamental para todos aquellos migrantes que quieran regularizar su situación, y el documento debe ser emitido por las autoridades del país de origen. Sin embargo, las demoras en la gestión de este certificado están dificultando que los solicitantes puedan cumplir con el plazo establecido, que vence el 30 de junio.

Los mayores problemas con la obtención de citas se concentran en las embajadas y consulados de países africanos como Gambia, Guinea Conakry, Senegal o Argelia. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil, prolonga los tiempos de espera. En los países que no tienen la apostilla de La Haya, mecanismo que permite validar documentos de forma ágil, los tiempos de espera se prolongan, porque los trámites deben hacerse por la vía diplomática. Por todo ello, desde Regularización Ya reclaman una extensión del plazo para poder presentar las solicitudes.

También hay casos de ambulatorios, añade la activista, que se están negando a facilitar documentación médica a los migrantes en situación irregular “cuando tienen obligación de entregársela”.

Hasta la semana pasada, el Gobierno había recibido 549.596 solicitudes para la regularización, de las cuales 91.505 fueron admitidas a trámite, según informó el abogado del Estado, en representación del Ejecutivo, ante el Tribunal Supremo.