Bruselas exige a España repartir mejor el gasto social: más dinero y pisos para jóvenes y menos desequilibrios generacionales

La Comisión Europea ha reclamado a España que reoriente su gasto social para priorizar a la infancia y la juventud, en respuesta al avance de la pobreza infantil y las dificultades de acceso a la educación, la vivienda y el empleo entre los jóvenes.

Según el paquete de primavera del Semestre Europeo difundido por Bruselas, más de uno de cada cuatro menores en España se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, situando a España entre los peores resultados del bloque comunitario.

De acuerdo con la Comisión, esta situación refleja debilidades estructurales en el sistema de protección social español, especialmente en la distribución del gasto entre generaciones y en la limitada capacidad de las transferencias sociales para reducir la pobreza infantil.

Los datos publicados por Bruselas subrayan la necesidad de una respuesta urgente. La Comisión identifica a los menores de familias monoparentales, numerosas, de origen migrante y a la población gitana como los colectivos más vulnerables.

Desigualdad territorial

El informe de la Comisión Europea destaca que persisten notables diferencias regionales en las tasas de pobreza y en el impacto de las transferencias sociales. Esta brecha territorial evidencia que el acceso a ayudas y servicios varía de manera considerable entre comunidades autónomas y zonas rurales, donde la cobertura es más limitada.

Bruselas apunta también a la fragmentación administrativa como un obstáculo para la eficacia de las políticas sociales. El documento incide en que la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y de empleo, tanto estatales como autonómicos, sigue limitada por la disparidad de criterios de acceso y la existencia de instrumentos que se solapan. Esta situación reduce la efectividad de los programas públicos y dificulta que las prestaciones lleguen a quienes más lo necesitan.

El Ejecutivo comunitario subraya que, aunque el Ingreso Mínimo Vital y el complemento de ayuda a la infancia han ampliado su alcance, todavía no llegan a todos los hogares potencialmente beneficiarios. Entre las causas, Bruselas menciona la carga administrativa, los procedimientos complejos y el desconocimiento de estas ayudas.

En este escenario, aumentar la cobertura y la adecuación de las prestaciones sociales, mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar los mecanismos de inclusión social son algunas de las recomendaciones prioritarias recogidas en el informe de la Comisión Europea.

Vivienda, punto crítico: más oferta y cambios regulatorios

El análisis de Bruselas advierte además de que el mercado de la vivienda en España sigue sometido a una fuerte presión, especialmente en grandes áreas urbanas y zonas costeras con alta demanda turística. La escasez de oferta y el incremento de los precios dificultan el acceso de los jóvenes a una vivienda digna y agravan las desigualdades sociales.

En sus recomendaciones, la Comisión Europea urge al Gobierno a ampliar el parque residencial mediante una revisión del marco regulatorio, la agilización de los trámites administrativos y una mayor disponibilidad de suelo. Además, pide la reutilización de inmuebles infrautilizados y un impulso decidido a la vivienda asequible y social, en especial en régimen de alquiler.

El documento insta a adaptar la oferta de vivienda a las necesidades específicas de cada territorio y región, y a avanzar hacia sistemas de financiación más sostenibles y menos dependientes de los recursos públicos. Es fundamental favorecer opciones de alquiler y ajustar la oferta a los perfiles demográficos más afectados, recoge el documento.

La CE estima que la presión sobre el mercado residencial repercute directamente en las condiciones de vida de los jóvenes y las familias en riesgo de exclusión, y advierte de que la falta de acceso a una vivienda adecuada perpetúa las situaciones de pobreza y dificulta la movilidad social.

Urgencia en la redistribución del gasto

El paquete de recomendaciones publicado por la Comisión Europea solicita a España reequilibrar el gasto social entre generaciones. Según los datos aportados, la redistribución actual favorece a colectivos de mayor edad, mientras que los recursos destinados a la infancia y la juventud resultan insuficientes para revertir las tasas de pobreza y exclusión.

Bruselas insiste en la necesidad de incrementar la inversión en políticas activas de empleo, educación e integración social, así como en reforzar los servicios públicos para garantizar igualdad de oportunidades. Además, advierte que, sin un cambio de tendencia, el país seguirá figurando entre los más rezagados de la Unión Europea en indicadores de bienestar infantil y juvenil.

La Comisión Europea concluye que la mejora de la situación social de niños y jóvenes en España pasa por una acción coordinada y sostenida, que combine la ampliación de las prestaciones, la reforma del marco regulatorio de vivienda y un esfuerzo de todas las administraciones para facilitar el acceso a los derechos básicos.