Un año después de la prohibición de Orbán por “proteger a los niños”, el gobierno húngaro permitirá la celebración del Orgullo LGBT

En 2025, el gobierno de Víktor Orbán promovió una ley que prohibió la celebración de la marcha del Orgullo en Budapest, así como cualquier evento público que considerase contrario a la protección de menores.

La normativa, impulsada por el partido Fidesz y aprobada en el Parlamento el 18 de marzo, introdujo restricciones inéditas en la Unión Europea que motivaron el bloqueo de fondos comunitarios europeos destinados a Hungría por considerar que estas medidas, entre otras, vulneraban el Estado de derecho.

El Gobierno de Orbán aprobó varias leyes para censurar la visibilidad LGBT

Entre sus disposiciones, la ley autorizaba - y autoriza todavía, ya que sigue en vigor - a la policía a utilizar sistemas de reconocimiento facial para identificar a participantes en actos considerados ilegales y establecía sanciones administrativas cuyo importe, tramitado como deuda tributaria, se destinaba a programas de “protección infantil”. El texto también reducía el plazo para resolver las solicitudes de reuniones públicas, suprimía la obligación de detallar aspectos organizativos como el recorrido o la duración de las manifestaciones, y eliminaba la posibilidad de sustituir las multas por trabajo comunitario o prisión.

A pesar de la prohibición, miles de personas participaron en la marcha del Orgullo de 2025, según sus organizadores. El alcalde de la ciudad, Gergely Karácsony, asumió la coorganización y transformó el evento en una cita cultural municipal, lo que permitió sortear temporalmente la restricción. No obstante, la fiscalía abrió diligencias contra él y otros organizadores. En la ciudad de Pécs, el activista Géza Buzás-Hábel también recibió una multa por organizar la marcha local.

La ley aprobada en 2025 de forma acelerada no fue la primera instancia en que Orbán impulsó mecanismos legales restrictivos contra las personas LGBT: en 2021, el Parlamento húngaro ya aprobado una ley que prohibía que cualquier referencia a la homosexualidad o al cambio de género apareciera en materiales educativos o programas de televisión dirigidos a menores de 18 años. La normativa vetó la difusión de información sobre diversidad sexual a menores, restringió la educación sexual a entidades inscritas en un registro oficial y prohibió anuncios con contenido LGBT orientados a menores. Estas medidas también permitieron sancionar a quienes organizasen o participasen en actividades consideradas contrarias a lo que el gobierno de Orbán consideraba “protección de la infancia”.

El Orgullo de Budapest recibe luz verde, aunque las leyes que lo prohíben siguen vigentes

La llegada de Péter Magyar a la jefatura del gobierno ha dado paso a una nueva etapa política en Hungría. El nuevo primer ministro ha mostrado una postura más favorable a la igualdad y la libertad de reunión, aunque la legislación restrictiva permanece en vigor y por el momento no se han anunciado reformas para derogarla. Sin embargo, la policía húngara ha confirmado que la marcha del Orgullo de Budapest podrá celebrarse el próximo mes.

Los organizadores han notificado la intención de celebrar la 31ª edición de la marcha el 27 de junio y han expresado confianza en el desarrollo normal del evento, sobre todo tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró “discriminatoria, estigmatizante y contraria a las normas del bloque” la ley anti-LGBTQ+ de 2021.

El escenario político ha coincidido con el desbloqueo de más de 16.000 millones de euros en fondos europeos para Hungría, que llevaban congelados desde el mandato de Orbán, precisamente por las vulneraciones del Estado de derecho de su gobierno entre las que figura esta legislación anti-LGBT.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, celebraba esta semana la llegada de “vientos de cambio” al país, detallando que los fondos europeos se destinarán a vivienda, transporte, energía, pymes y políticas sociales. Parte de la ayuda está condicionada a restaurar la libertad académica en las universidades y a cumplir las sentencias comunitarias en materia de derechos LGTBQ. Otros 500 millones de euros siguen retenidos hasta que se apliquen plenamente todas las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE.

El futuro de la legislación sobre reuniones y derechos civiles en Hungría sigue siendo incierto. Desde Bruselas, Péter Magyar ha asegurado que su gobierno cumplirá con las reformas que exige la Comisión Europea para la liberación de los fondos y que aplicará las decisiones necesarias, si bien no se ha referido directamente a nada relativo al Orgullo ni las personas LGBT. Por el momento, sin embargo, está confirmado: este año la marcha se celebrará legalmente en Budapest.