El Gobierno facilita la vía para corregir a influencers y agitadores a partir de 100.000 seguidores: “Los profesionales del bulo estarán afectados”

El derecho de rectificación en los medios de comunicación permite a cualquier persona o entidad solicitar la corrección de una información inexacta, parcial o falsa difundida sobre ella, a fin de salvaguardar la veracidad o el honor. El medio que ha difundido esa información inexacta, parcial o falsa debe dedicar a esa corrección el mismo espacio y énfasis que a la primera versión, a fin de tratar de subsanar el daño. Esta legislación rige desde 1984. Ahora, el Gobierno la amplía.

El Consejo de Ministros aprobó este martes el Proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Rectificación, adaptándolo “a las nuevas realidades de los medios de comunicación y a las vías por las que los ciudadanos acceden a la información”, expone el Ejecutivo. Este derecho, subraya, “contribuye a favorecer la calidad del debate público, afectado por la proliferación de las fake news”. Combatirlas era uno de los objetivos del Plan de Acción por la Democracia.

Plan de Acción por la Democracia

Este plan, presentado en Moncloa en septiembre de 2024, llegó solo cinco meses después del periodo de reflexión en el que Pedro Sánchez valoró su dimisión como presidente del Gobierno. Decidió continuar, pero dispuesto a enfrentar a quienes a su juicio estaban amenazando la democracia y la convivencia, entre otras herramientas, con bulos y campañas de desinformación para derribar su proyecto, a su persona y a su entorno más próximo.

El Gobierno fundamentó esta iniciativa en las recomendaciones en esta materia adoptadas por la Comisión Europea, proponiendo reformas al poder legislativo “para reforzar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz”. Entre las medidas, que la ciudadanía conozca “las fuentes de financiación de los medios, la identidad de sus accionistas, la publicidad institucional que reciben y sus cifras de audiencia de forma honesta”.

‘Usuarios de especial relevancia’

Félix Bolaños fue el encargado de exponer este martes la reforma de la rectificación. Quien explicó que, además de los medios tanto tradicionales como digitales, también se podrá solicitar una corrección en redes sociales. La ley establecerá una nueva figura, la de los ‘usuarios de especial relevancia’, también conocidos como influencers -sea cual sea su ámbito-, que pasarán a ser aquellos con 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 entre varias de ellas.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes concreto que para ello, los medios digitales y las plataformas deberán establecer un mecanismo “accesible y visible” que permita enviar fácilmente la solicitud de rectificación. Asimismo, para las informaciones publicadas en redes sociales, el Gobierno incorpora la obligación de reflejar en la información original un aviso aclaratorio de que ha sido rectificada.

Los menores podrán ejercer el derecho

Así, será más fácil tanto que las falsedades no queden sin respuesta como que esos creadores de contenido se lo piensen ya dos veces antes de lanzar nuevas. En caso de no rectificar, y como ya ocurre con los medios, la persona o entidad que haya visto lesionados sus derechos puede acudir a los tribunales. De ser así, la ley también simplifica el procedimiento judicial “para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales”.

Los menores de edad también podrán ejercer este derecho por sí mismas, algo que hasta ahora no era posible, “si sus condiciones de madurez lo permiten” y en cualquier caso si ya han cumplido los 16 años. Además, se amplía el número de personas que podrán solicitar la rectificación de informaciones que afecten a un fallecido, “permitiendo que lo hagan ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge o pareja, o quienes hayan sido designados expresamente”.

“Desinformadores habituales”

Bolaños centró su comparecencia no tanto en quienes puedan cometer errores o faltas puntuales sino en quienes, considera, lo hacen de forma sistemática y consciente. “Desinformadores habituales, personas dedicadas al bulo de manera diaria, estarán afectadas por esta ley, y los ciudadanos que vean un bulo difundido por ellas, profesionales del bulo, también podrán ejercerlo aunque no se trate de un medio sino de alguien que se dedica a las redes sociales”.

Según establece la referencia del Consejo de Ministros, el plazo para ejercitar el derecho de rectificación será de 10 días naturales si la información ha sido publicada en medios de comunicación tradicionales y de 20 días para los medios digitales o perfiles en plataformas digitales.