La ley de lobbies que Zapatero, Aznar y Felipe González pueden esquivar: estas son las lagunas que hacen que siga bloqueada en el Congreso

La investigación al expresidente José Luis Zapatero por su presunta gestión en el rescate de Plus Ultra ha vuelto a poner el foco en el negocio de los grupos de presión. Y sobre todo, en la línea que separa su actividad de la corrupción y el tráfico de influencias. Los lobbies son organizaciones que se dedican de forma profesional a influir en la Administración Pública en representación de los intereses sectoriales. Generalmente, se les asocia con el mundo empresarial y las grandes corporaciones. Pero también se les vincula con las puertas giratorias, como se conocen los traspasos entre el sector público y privado.

En España hay una larga lista de altos cargos políticos que han acabado en cargos de grandes corporaciones, como el exministro de Defensa Pedro Morenés (actual presidente del Grupo Amper) o el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos (director general del Banco de Pagos Internacionales).

En el historial figuran incluso dos presidentes del Gobierno: Felipe González, que tuvo un puesto de consejero en Endesa; y José María Aznar, asesor externo de esta misma eléctrica. La legislación española prohíbe a los altos cargos de la Administración desempeñar cualquier otra actividad con otra remuneración hasta los dos años posteriores al cese de su cargo.

Lagunas legales y falta de control que eviten el “pelotazo”

El problema de la legislación española radica en las lagunas en su regulación, la falta de transparencia y la falta de control. Una realidad que ya ha denunciado en varias ocasiones la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Esto dificulta que se eviten los clásicos pelotazos, esto es, intentos de influir en decisiones de los políticos mediante sobornos.

Se han sucedido varios intentos para regularlo. El último de ellos fue el anteproyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés, aprobado en el Consejo de Ministros el pasado 2021.

La norma concretó por primera vez qué se entendía como “grupo de interés”, refiriéndose a cualquier persona física, jurídica o agrupación —incluidas plataformas, foros y redes— que, sin importar su forma o estatuto jurídico, realice actividades de influencia sobre el personal público, ya sea en nombre propio o de terceros.

Como novedad, también incorporaba la creación de un registro obligatorio de inscripción para estos “lobistas” sujeto a un código de conducta, muy similar al que disponen las instituciones de la UE. Las personas físicas deberán especificar si han trabajado antes para la Administración o el sector público, de forma que no podrán realizar esta labor profesional en ninguna de las materias sobre las que prestaron servicios en los dos años posteriores a su cese en el cargo. Lo importante de la norma es que también tiene en cuenta la trazabilidad de las reuniones entre empresarios, altos cargos y diputados, debiéndose dejar constancia de quién se reúne con quién, las aportaciones formuladas y el propósito de cada contacto.

En el cajón del Congreso por las críticas de los socios y la oposición

Sin embargo, la norma encalló por el adelanto electoral en 2023, quedando en el cajón de la Mesa del Congreso, donde acaban paralizadas muchas iniciativas a la espera de su votación final. Hubo que esperar hasta 2025, dos años después, para que el PSOE rescatase la propuesta.

Los grupos políticos avalaron su tramitación en el Congreso, pero la gran mayoría de ellos no han ocultado las discrepancias con una norma que consideran “poco ambiciosa”. Primero, por el rango de cobertura, ya que no incluye, por ejemplo, a los partidos políticos o a los sindicatos.

Segundo, las reservas sobre el organismo encargado de fiscalizar a estos grupos. En este sentido, Sumar, Bildu, el PP y Vox enmendaron la ley en 2025 para que sea un organismo independiente y no la Oficina de Conflictos de Interés, adscrita al Gobierno.

El estallido del caso Zapatero ha llevado al socio minoritario a reclamar otras lagunas que habrían pasado desapercibidas en el texto, como es la figura del expresidente del Gobierno y el resto de altos cargos, figuras a las que no se les aplica ninguna regulación especial. El ala socialista, ocupada por intentar sofocar el incendio del caso Plus Ultra, no se ha mostrado dispuesta a resucitar este debate.