El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

El Partido Popular ha decidido convertir la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado y el uso de fondos europeos por parte del Gobierno en uno de los grandes frentes políticos de este tramo de legislatura. Con mayoría en la Mesa de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, los populares forzarán el próximo 21 de mayo un debate parlamentario sobre la ejecución presupuestaria de 2024 y sobre las modificaciones de crédito aprobadas por el Ejecutivo al amparo de las cuentas prorrogadas de 2023.

La ofensiva llega después de que el Tribunal de Cuentas advirtiera en su informe sobre la Cuenta General del Estado de 2024 de que el Gobierno autorizó modificaciones presupuestarias por valor de 2.389,4 millones de euros financiadas con créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, vinculado a los fondos europeos Next Generation. Ese dinero sirvió para cubrir gastos ligados a las pensiones de clases pasivas y a complementos mínimos.

El PP sostiene que el Ejecutivo ha utilizado la prórroga presupuestaria para gobernar sin someterse al control ordinario de las Cortes y ha elevado el tono contra una práctica que considera una anomalía política y parlamentaria. Sin embargo, la Comisión Europea ha salido en defensa del Gobierno y ha avalado que los Estados miembros puedan emplear temporalmente liquidez procedente de fondos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias, siempre que el destino final de esos recursos comunitarios no se altere.

Pese a ello, los populares mantienen su ofensiva y tratan ahora de trasladar el debate técnico y contable al terreno político.

El informe del Tribunal de Cuentas abre un nuevo choque

La iniciativa del PP fue presentada este jueves por la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, y por el vicesecretario de Economía, Alberto Nadal. Ambos comparecieron para anunciar la petición formal de modificación del orden del día de la Comisión Mixta con el objetivo de debatir la Cuenta General del Estado y llamar a comparecer a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Los populares consideran que el informe del órgano fiscalizador ofrece la primera oportunidad real para que el Parlamento pueda pronunciarse sobre la política presupuestaria del Gobierno en toda la legislatura. La razón es sencilla: el Ejecutivo no ha aprobado nuevos Presupuestos Generales del Estado y continúa funcionando con las cuentas prorrogadas de 2023.

“Estamos en el tercer año de legislatura sin que se haya presentado un presupuesto”, denunció Gamarra, que calificó la situación de “anomalía democrática”. A su juicio, el Gobierno ha impedido que las Cortes ejerzan una de sus funciones esenciales, que es debatir y aprobar las cuentas públicas.

La dirigente popular sostuvo además que el Ejecutivo está recurriendo a “ingeniería contable” para sostener su política de gasto y acusó al Gobierno de utilizar mecanismos extraordinarios para modificar partidas sin necesidad de someterlas al Congreso.

La estrategia del PP pasa ahora por aprovechar su mayoría en la Comisión Mixta para elevar políticamente el dictamen sobre la Cuenta General del Estado. El informe deberá pasar posteriormente por el Congreso y por el Senado, donde podría producirse una situación inédita: que una de las cámaras rechace el dictamen sobre la ejecución presupuestaria del Gobierno.

En el PP admiten abiertamente que el movimiento tiene una elevada carga política. También persigue obligar a los socios parlamentarios del Ejecutivo, especialmente a Junts, a retratarse sobre la gestión presupuestaria del Gobierno y sobre el uso de modificaciones de crédito durante la prórroga de las cuentas.

La clave está en la flexibilidad presupuestaria

El núcleo de la discusión se encuentra en la flexibilidad presupuestaria aprobada tras la pandemia y todavía vigente en las cuentas prorrogadas de 2023. Ese mecanismo permite al Gobierno redistribuir determinadas partidas mediante acuerdos del Consejo de Ministros sin necesidad de tramitar unos nuevos presupuestos en el Parlamento.

Para el Ejecutivo, se trata de una herramienta legal y ordinaria dentro de la gestión presupuestaria. Para el PP, en cambio, se ha convertido en una fórmula para gobernar al margen del control parlamentario.

Alberto Nadal endureció especialmente el discurso y llegó a hablar de “dictadura presupuestaria”. Según explicó, el Gobierno está utilizando una flexibilidad concebida para circunstancias excepcionales derivadas de la pandemia como un mecanismo permanente para modificar gasto público sin pasar por las Cortes. “El Gobierno está aprovechando esa flexibilidad para gestionar un presupuesto que en realidad no existe”, afirmó.

El dirigente popular insistió además en que el problema no es únicamente político, sino también contable y jurídico. A su juicio, el Tribunal de Cuentas ha puesto en cuestión la utilización de créditos sobrantes vinculados al Plan de Recuperación para financiar gasto en pensiones. Sin embargo, esa interpretación no coincide con la mantenida por Bruselas.

Bruselas respalda al Gobierno y rebaja la polémica

La Comisión Europea ha dado por válida la explicación ofrecida por el Ejecutivo español sobre el uso temporal de liquidez vinculada a fondos europeos. El vicepresidente de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, aclaró esta semana que los Estados miembros sí pueden utilizar temporalmente recursos procedentes de desembolsos europeos para cubrir otras necesidades presupuestarias.

Fitto precisó que las pensiones y otros gastos corrientes no son financiables directamente con fondos europeos, pero distinguió entre el destino final de los recursos y operaciones temporales de tesorería realizadas por los Estados. “Este tipo de operaciones de gestión de tesorería son temporales y no tienen impacto en la protección de los fondos de la UE”, señaló el vicepresidente comunitario.

La Comisión Europea subrayó además que mantiene intactos los mecanismos de control sobre el destino final de los fondos Next Generation y que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses.

El Gobierno español se ha apoyado en esa interpretación para negar cualquier irregularidad. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, rechazó en el Senado haber utilizado fondos europeos para pagar pensiones y defendió que las modificaciones presupuestarias son un instrumento “ordinario” y plenamente legal.

También el Ministerio de Hacienda sostuvo que las modificaciones realizadas cuentan con “respaldo legal claro” y defendió que los fondos europeos se han destinado exclusivamente a las inversiones comprometidas con Bruselas.

Pese al aval comunitario, el PP mantiene intacta su crítica. Los populares insisten en que la Comisión Europea analiza únicamente si España cumple los hitos asociados al Plan de Recuperación, pero no entra a valorar la legalidad interna de la gestión presupuestaria. Nadal sostuvo este jueves que el Tribunal de Cuentas sí ha expresado dudas sobre la forma en que se realizaron esas modificaciones y defendió que el problema de fondo sigue siendo que partidas concebidas para unas políticas concretas terminaron utilizándose para cubrir gasto en pensiones.

La polémica ha terminado además por trasladarse a las instituciones europeas. El eurodiputado alemán Andreas Schwab, presidente de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo y miembro del PPE, ha solicitado la comparecencia de representantes de los tribunales de cuentas español y europeo para analizar el caso.