La tensión entre los mutualistas y el Gobierno vuelve a crecer. Asociaciones que representan a mutualistas han cargado duramente contra la propuesta de ley que permitirá trasladar sus aportaciones al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA) de la Seguridad Social denuncian que contiene “errores graves y exclusiones injustificadas”
La reforma será debatida y votada el próximo 20 de mayo en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, pero antes de esa fecha los colectivos afectados ya han elevado el tono de sus críticas.
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En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Mutualistas Arquitectos (ANMARQ), la Asociación Nacional de Afectados por Mutualidad de la Abogacía (ANAMA) y la Asociación Riojana de Mutualistas Sustitutivos (AMCO) denuncian que la medida deja fuera a quienes más necesitan protección.
Entre las principales quejas figura la exclusión total de los mutualistas ya jubilados, muchos de los cuales sobreviven con prestaciones muy inferiores a las pensiones mínimas del sistema público.
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Pensiones de 300 euros y sin revalorización
“Muchos perciben entre 300 y 400 euros mensuales de pensión, sin revalorización, sin pagas extra y sin posibilidad de complementos a mínimos”, señalan las asociaciones en el comunicado remitido a Efe.
Los colectivos consideran especialmente grave que la propuesta no contemple soluciones para quienes han pasado décadas cotizando en mutualidades obligatorias que, según denuncian, no han garantizado unas prestaciones dignas al llegar la jubilación.
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La polémica gira en torno a la llamada “pasarela” al RETA, un mecanismo diseñado para permitir que los mutualistas puedan trasladar parte de sus aportaciones al sistema público de Seguridad Social. Sin embargo, los afectados sostienen que el texto actual establece limitaciones que dejarán fuera a miles de profesionales.
También cuestionan que no puedan acogerse quienes hayan cotizado al menos 15 años en el RETA o en el régimen general de la Seguridad Social. A su juicio, esa exclusión genera una “desigualdad objetiva” respecto al resto de trabajadores.
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“No pedimos privilegios”
Las asociaciones rechazan además las críticas sobre el coeficiente corrector incluido en la propuesta legislativa. “No es un privilegio, sino una corrección técnica”, defienden.
Según explican, los mutualistas estuvieron obligados durante años a permanecer en sistemas alternativos para poder ejercer profesiones como la arquitectura o la abogacía, lo que les impidió completar carreras de cotización en el sistema público.
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“Un sistema justo debe reconocer el tiempo trabajado, las prestaciones y derechos disfrutados de forma efectiva, y es un hecho que los mutualistas han permanecido en un sistema fallido”, subrayan.
Los colectivos recuerdan que durante décadas la mutualidad era prácticamente la única vía posible para ejercer determinadas profesiones colegiadas. Muchos profesionales no pudieron incorporarse al RETA hasta años después, cuando ya habían acumulado largos periodos de cotización en mutualidades privadas con menores coberturas sociales.
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Esa situación, sostienen, ha provocado que miles de personas lleguen ahora a la jubilación con pensiones muy bajas y sin acceso a complementos públicos.
Presión al Congreso antes de la votación
Ante este escenario, ANMARQ, ANAMA y AMCO han trasladado una propuesta alternativa tanto a la Seguridad Social como a los grupos políticos que forman parte de la Comisión del Congreso que debatirá la reforma.
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Las asociaciones reclaman que la futura ley tenga un carácter “completo y universal” y que no excluya ni a jubilados ni a quienes compatibilizaron cotizaciones entre mutualidades y el RETA.
“Los mutualistas no solicitan ventajas ni tratos de favor”, insisten los colectivos, que reclaman una solución que corrija las desigualdades generadas durante décadas.
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La votación del próximo 20 de mayo se presenta así como un momento clave para miles de profesionales afectados. Mientras el Gobierno defiende la creación de la pasarela como un avance histórico, los mutualistas advierten de que la reforma puede quedarse corta y dejar fuera a buena parte de quienes llevan años reclamando una integración justa en el sistema público.
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