
El vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, ha asegurado este miércoles que el uso "temporal" de liquidez procedente del fondo europeo de recuperación para cubrir gastos como las pensiones "no tiene impacto" sobre el funcionamiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), aunque Bruselas sigue revisando el informe del Tribunal de Cuentas español sobre el uso de estos fondos en España.
"Aunque el pago de pensiones y otras formas de gasto corriente no es elegible para fondos del MRR, podría ser posible que los Estados miembro utilicen temporalmente parte de la liquidez procedente de los desembolsos del MRR para cubrir otros gastos presupuestarios", ha señalado el comisario italiano durante una rueda de prensa en Bruselas.
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Fitto respondía así al ser preguntado sobre las acusaciones surgidas en los últimos días tras el informe del organismo fiscalizador español que cuestiona el uso de 2.389 millones de euros de créditos sobrantes del fondo europeo de recuperación para financiar pensiones en España, una cuestión que Bruselas ya confirmó la semana pasada que estaba examinando y sobre la que asegura estar manteniendo contactos con las autoridades españolas.
"Estamos revisando actualmente la información y estamos en contacto con las autoridades españolas", señaló entonces un portavoz comunitario, que indicó además que este tipo de operaciones por parte de los Estados miembro no tiene, "en principio, impacto sobre los intereses financieros de la Unión ni consecuencias para la aplicación del fondo europeo de recuperación".
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Algo que ha confirmado también el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, al subrayar que estos mecanismos de liquidez utilizados por los países del bloque tienen carácter temporal y no ponen en riesgo los recursos financieros de la Unión. "Este tipo de operaciones de reasignación o gestión de tesorería por parte de los Estados miembro son temporales y no tienen impacto sobre la protección de los fondos de la UE", ha añadido.
Con todo, la Comisión ha insistido en que lleva a cabo controles sobre los sistemas nacionales de supervisión y que puede intervenir en casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses si el Estado miembro no corrige la situación.
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