La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

El juicio a la familia Pujol ha quedado este jueves visto para sentencia después de seis meses de sesiones en la Audiencia Nacional sin que haya despejado la incógnita que acompaña al caso desde hace más de una década: el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante años. Tras 38 jornadas de vista oral, acusaciones y defensas mantienen posiciones irreconciliables y será ahora el tribunal quien determine si los indicios acumulados durante la instrucción y el juicio bastan para sostener la tesis de la corrupción política o si, por el contrario, debe prevalecer la presunción de inocencia.

La última sesión se ha celebrado en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, con la presencia de los siete hijos de Jordi Pujol, todos ellos acusados en la causa. El expresidente de la Generalitat, de 95 años, quedó apartado del procedimiento por razones de salud, al considerar el tribunal que no podía afrontar un proceso penal con garantías.

Ninguno de los acusados ha querido ejercer el derecho a la última palabra. Tampoco los empresarios procesados junto a la familia. El cierre del juicio ha transcurrido en un tono más distendido que el de otras jornadas, con intervenciones centradas en los informes finales de las defensas y en críticas a la construcción de la causa por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El origen del dinero, sin respuesta definitiva

El núcleo del procedimiento sigue siendo el mismo que estalló públicamente en el verano de 2014, cuando Jordi Pujol reconoció que su familia había mantenido durante décadas fondos sin regularizar en Andorra. Desde entonces, la investigación ha tratado de esclarecer si ese patrimonio procedía de una herencia familiar opaca o si tenía su origen en comisiones ilegales derivadas de adjudicaciones públicas y otras operaciones vinculadas al poder político ejercido por el pujolismo durante años en Cataluña.

La Fiscalía sostiene que la fortuna familiar se alimentó de actividades corruptas y sitúa en el centro de esa operativa a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente, para quien solicita 29 años de prisión. Según el Ministerio Público, los pagos millonarios que recibió de distintas empresas encubrían comisiones relacionadas con contratos públicos adjudicados por administraciones controladas por Convergència.

Durante el juicio, sin embargo, la acusación no ha presentado una prueba definitiva que permita acreditar de forma concluyente el delito antecedente necesario para sustentar el blanqueo de capitales. La Fiscalía ha ido planteando distintas hipótesis sobre el origen de los fondos: desde posibles irregularidades vinculadas a Banca Catalana hasta operaciones relacionadas con Grand Tibidabo o negocios ligados a la Barcelona preolímpica. Ninguna de esas vías ha quedado plenamente acreditada durante la vista oral.

Las defensas han insistido precisamente en esa ausencia de pruebas directas. Los abogados de la familia han defendido que el dinero procedía de un legado de Florenci Pujol, padre del expresidente, aunque tampoco han podido aportar documentación que certifique la existencia de esa herencia.

Según la versión sostenida por los Pujol, Florenci Pujol decidió mantener parte de su patrimonio fuera de España por temor a la inestabilidad política y para proteger a su familia. Ese dinero habría sido depositado en Andorra y gestionado posteriormente por Marta Ferrusola y sus hijos. La familia sostiene además que el patrimonio creció gracias a inversiones financieras y niega cualquier relación entre esos fondos y las actividades empresariales de Jordi Pujol Ferrusola.

Las defensas cargan contra la instrucción

La figura del primogénito del expresidente ha concentrado buena parte de la atención durante el juicio. Jordi Pujol Ferrusola ha defendido la legalidad de sus actividades de asesoría e intermediación empresarial y ha rechazado que actuara como intermediario para el cobro de comisiones ilegales.

En la última sesión, varios abogados cuestionaron con dureza, aunque en términos moderados, la estrategia de la Fiscalía Anticorrupción y la larga instrucción de la causa. Carles Monguilod, defensor de uno de los empresarios acusados, sostuvo que el escrito de acusación se construyó de forma excesivamente amplia y sin concreción suficiente.

“En vez de ir con bisturí, se ha ido con la contundencia de un hachazo”, afirmó el letrado, que también defendió que obtener grandes beneficios económicos no constituye en sí mismo una actividad delictiva. Monguilod hizo además referencia a las actuaciones de miembros de la denominada policía patriótica y criticó lo que considera una investigación guiada desde el principio por una presunción de culpabilidad hacia la familia Pujol.

En términos similares se expresó el abogado José María Fuster-Fabra, representante de otro de los empresarios procesados, quien denunció la duración de las pesquisas judiciales y las dificultades para reconstruir operaciones de hace más de dos décadas. “Estamos preguntando en 2026 por facturas del año 2000”, señaló durante su intervención.

Las defensas sostienen que la causa se construyó “al revés”, partiendo de la idea previa de que Jordi Pujol Ferrusola actuaba como eje de una trama corrupta y tratando posteriormente de encajar las pruebas en esa hipótesis. A su juicio, el juicio oral no ha permitido acreditar ni la existencia de mordidas ni la relación directa entre los pagos investigados y adjudicaciones públicas concretas.

Cristóbal Martell, abogado de la familia Pujol, reconoció la dificultad de demostrar documentalmente una herencia mantenida oculta durante décadas, pero pidió al tribunal que valore la versión de la familia como una explicación “razonable” y compatible con la falta de pruebas concluyentes sobre la tesis de la corrupción.

La decisión final quedará ahora en manos de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Tras la renuncia de los acusados a intervenir por última vez, el presidente del tribunal, Ricardo de Prada, dio por terminada la vista oral.