PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

El Partido Popular y Vox han cerrado un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón como presidente de la comunidad autónoma, poniendo fin a más de dos meses de bloqueo institucional tras las elecciones anticipadas del pasado 8 de febrero. El pacto, que será presentado formalmente esta tarde, llega en la víspera del Día de Aragón y sigue la estela del acuerdo sellado entre ambas formaciones en Extremadura.

Azcón comparecerá ante los medios a las 17:30 horas para detallar el contenido del acuerdo, que se ha cerrado tras intensificar los contactos en los últimos días y una vez consumada la investidura de María Guardiola en Extremadura. El líder del PP aragonés había expresado su intención de alcanzar un entendimiento antes de la festividad de San Jorge, una fecha simbólica que la comunidad no había vivido hasta ahora sin un Gobierno plenamente constituido.

El entendimiento entre ambas formaciones se produce después de una negociación prolongada y deliberadamente discreta, en la que han participado tanto las direcciones autonómicas como representantes de las cúpulas nacionales. La culminación del acuerdo en Aragón ha estado condicionada, además, por el desarrollo de las conversaciones paralelas en otras comunidades, especialmente en Extremadura, cuyo pacto ha servido de referencia programática y política.

Un acuerdo en la estela de Extremadura

El texto pactado en Aragón sigue de cerca la arquitectura del acuerdo alcanzado entre PP y Vox en Extremadura, tanto en su planteamiento general como en algunos de sus elementos más significativos. Entre ellos destaca la incorporación del concepto de “prioridad nacional”, una formulación impulsada por Vox que ha adquirido centralidad en la negociación y que ha generado debate en el seno del propio Partido Popular.

Este principio, cuya concreción práctica no ha sido detallada, se presenta como un criterio orientador en el acceso a determinados recursos públicos. Mientras Vox defiende una interpretación explícita de “los españoles primero”, en palabras de sus dirigentes, el PP ha tratado de acotar su alcance, subrayando que en ningún caso implicará vulnerar la legalidad vigente ni introducir discriminaciones.

La asunción de este término por parte de los populares ha suscitado incomodidad en algunos sectores del partido, que cuestionan tanto su encaje político como su traslación al ámbito estatal, donde ya ha sido incorporado en iniciativas parlamentarias. Desde la dirección, sin embargo, se defiende como parte de una estrategia orientada a garantizar la gobernabilidad en los territorios donde la suma con Vox resulta imprescindible.

Equilibrio de fuerzas tras las urnas

El resultado electoral ha sido determinante en la configuración del acuerdo. El Partido Popular obtuvo 26 escaños —dos menos que en la anterior legislatura—, mientras Vox experimentó un notable crecimiento hasta alcanzar los 14 diputados, siete más que en 2023. Este reparto ha reforzado la posición negociadora de la formación liderada por Santiago Abascal, que ha aspirado desde el inicio a una presencia proporcional en el futuro Ejecutivo.

El líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, ya había anticipado en los últimos días que su partido acudiría a la negociación con una posición de fuerza superior a la de otros territorios, en referencia a su mayor porcentaje de voto respecto a Extremadura. En ese contexto, Vox confía en haber obtenido concesiones adicionales en el reparto de responsabilidades gubernamentales.

Aunque los detalles sobre la estructura del Ejecutivo no han sido aún desvelados, distintas fuentes apuntan a que la formación podría asumir un número relevante de consejerías. Desde el Partido Popular, no obstante, se ha insistido en que la negociación se ha centrado prioritariamente en el contenido programático y no en la distribución de cargos.

Durante las últimas jornadas, los equipos negociadores han intensificado los contactos para cerrar los últimos aspectos del acuerdo. La vicepresidenta en funciones y portavoz del PP en las conversaciones, Mar Vaquero, ya había avanzado que las negociaciones se encontraban en una fase muy avanzada, subrayando el progreso realizado en cada uno de los puntos del documento.

En paralelo a la negociación política, el Gobierno aragonés en funciones ha mantenido una posición crítica respecto a la política migratoria del Ejecutivo central, especialmente en relación con la regularización extraordinaria de inmigrantes. Vaquero anunció la interposición de un recurso ante el Tribunal Supremo y advirtió del impacto que, a su juicio, estas medidas pueden tener sobre los servicios públicos, si bien reiteró el compromiso de cumplir la legalidad estatal.